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Pedro Jordano

Profesor de Investigación (CSIC) en la Estación Biológica de Doñana, profesor honorario de la Univ. Sevilla, y director del máster universitario "Biodiversidad y Biología de la Conservación" (UPO-CSIC). Su producción científica incluye más de 160 trabajos. Premio Rey Jaime I de Conservación del Medio Ambiente, 2014. Ha dirigido el panel del Plan Nacional de Investigación para el área de Biodiversidad, Ecología y Cambio Global y preside el panel de esta área temática en el programa IDEAS del European Research Council. Investiga sobre la biodiversidad desde perspectivas ecológicas y evolutivas, centrado en cómo las interacciones ecológicas, por ejemplo mutualismos, conforman los ecosistemas y constituyen el armazón de la biodiversidad.

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¿Son suficientes las reformas de la gestión de la ciencia recién aprobadas por el Gobierno?

Hace un par de meses describíamos en esta sección algunos indicios de cambio en la ciencia española, centrándolos en el caso del CSIC, una de sus instituciones de referencia. Hacíamos el análisis como resultado de una iniciativa de colaboración entre científicos, políticos y gestores que comenzó hace ya más de cinco años, destinada a implementar las reformas que necesita la gestión de la ciencia española (y de la que hemos dado cumplida cuenta en este foro; 1, 2, 3, 4). En paralelo se han desarrollado nuevas iniciativas por parte de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs), varias Fundaciones, la COSCE, la CRUE y la SOMMa, entre otros, que llegan a conclusiones similares y que se pueden resumir en un decálogo. Este decálogo representa el conjunto de normas y consejos básicos necesarios para el desarrollo de la I+D pública española.

La necesidad de implementar todos los puntos de este decálogo no implica necesariamente que haya que aplicarlos todos a la vez. Hay procedimientos y prácticas organizativas, generalmente relacionadas con la interpretación de las normas, que deben cambiarse con urgencia para evitar el colapso del sistema. Un ejemplo claro es la intervención previa de las inversiones y gastos en los OPIs, que retrasa y dificulta la gestión eficaz de los recursos económicos en el entorno competitivo y cambiante de la actividad científica, lo que acaba asfixiándola. Algunas soluciones en este sentido se incluyen en el Real Decreto Ley 3/2019 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La aprobación de este Real Decreto Ley (RD-L) representa, sin embargo, una oportunidad perdida para modificar otras Leyes (por ejemplo la de subvenciones, la de Régimen Jurídico del Sector Público o la general presupuestaria), cuya aplicación severa es lo que realmente asfixia el sistema español de I+D. El contexto político actual no favorece, desde luego, el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos, consensos amplios y compromisos a largo plazo. De hecho, un aspecto clave que no se ha abordado en este RD-L son las dificultades de funcionamiento y de autonomía presupuestaria de Agencia Estatal de Investigación (AEI) encargada de la financiación competitiva de la actividad científica. Esta Agencia, que debería contar con una estructura de gestión independiente, tiene problemas para asegurar una agenda de convocatorias de proyectos y personal que sea estable y predecible para los grupos de investigación. Planificar la investigación a medio plazo en estas condiciones es como avanzar por un videojuego de puentes movedizos, que pueden desaparecer cuando más se les necesita: ¡Game over!

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Replanteando el modelo de publicación y de acceso a la información científica

La publicación de trabajos científicos está dominada por un reducido grupo de empresas editoriales que operan con márgenes de beneficio desorbitados de hasta el 40% [1]. A pesar del presupuesto limitado con el que cuenta el sistema científico español desde hace años, el conjunto de universidades y organismos públicos de investigación de nuestro país mantiene ungasto ingente (decenas de millones de euros anuales) para poder acceder a las bases de datos y publicaciones editadas por las grandes editoriales. Por ejemplo, la suscripción a la base de datos Scopus (propiedad de Elsevier) nos cuesta más de 2 millones de euros al año [2], y la suscripción a Web of Science (propiedad de Clarivate) se estima que cuesta más de 3 millones de euros al año. A pesar de que a menudo se vende el acceso a estas bases de datos como indispensables para los científicos, actualmente existen alternativas gratuitas viables y con prestaciones similares [3,4] (e.g. Google Scholar, MS Academic, Dimensions, 1findr, ...). 

Los costes de suscripción para poder acceder al contenido de revistas científicas son aún más impactantes [5] y con constantes subidas de precios anuales. Por ejemplo, se estima que España paga unos 25 millones de euros anuales [6] sólo para poder leer los contenidos publicados en Elsevier. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, esa cantidad es equiparable [7] a lo que se invierte anualmente en todo el programa postdoctoral Juan de la Cierva. El beneficio económico de estas grandes editoriales contrasta con el hecho de que la inmensa mayoría de editores, autores y revisores realizan su trabajo de asesoramiento y revisión de manera gratuita. Un primer paso imprescindible es conocer el gasto real de forma fiable exigiendo más transparencia sobre los costes de las licencias tanto de bases de datos como de revistas. 

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¿Cuánta es la Biodiversidad?

Una de los de los grandes retos que mantiene la ecología como ciencia es conocer las reglas que regulan las diferencias de abundancia de las especies. ¿Por qué hay especies (de plantas, de animales) que son muy comunes y otras, en cambio, son rarísimas? ¿Qué factores determinan la riqueza y abundancia de especies en la Tierra?

La biodiversidad en el Planeta no ha hecho sino crecer durante los últimos 3.500 millones de años, pero con un ritmo pautado por cinco grandes eventos de extinción en masa. Por ello, ha desaparecido casi un 95% de las especies que en algún momento han poblado la Tierra. Una extinción en masa tiene tres características: afecta a una considerable proporción (al menos 75%) de la biota terrestre o marina en un periodo dado; ese periodo es breve (desde una perspectiva “geológica” del tiempo); y la extinción acontece sobre una extensión geográfica amplia.

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