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Lydia Vicente Márquez

Directora Ejecutiva de Rights International Spain. Es Abogada y consultora internacional de derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones internacionales como parte de misiones internacionales en Kosovo y Timor-Leste, en temas de reforma y fortalecimiento del sector justicia, monitoreo de sistemas y análisis legal, derecho internacional, incluido derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, y derechos humanos. Ha trabajado también en ONGs internacionales de derechos humanos y en organizaciones de base en Bolivia, Kenya, Brasil, India así como en Oriente Medio y Norte de África.

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El anteproyecto de la ley del aborto frente a los estándares europeos

Las legislaciones restrictivas en materia de aborto no garantizan ni un menor número de abortos y, a la vez, restringen en exceso los derechos de las mujeres, como ha afirmado el Comité de asuntos sociales, salud y familia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Tanto es así que 4 de las sentencias más relevantes que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) en relación con el aborto han sido, precisamente, contra los dos Estados que actualmente cuentan con las legislaciones más restrictivas en esta materia: Irlanda y Polonia. A sus legislaciones es hacia donde tiende el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Por ello, lo que hasta ahora ha dicho el TEDH es de absoluta relevancia ya que es el estándar europeo respecto del que debe responder el Estado español.  

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#SinJusticia: devaluando el Estado de derecho

Los dos primeros años de esta legislatura se han caracterizado por una actividad legislativa frenética, con importantes consecuencias para los derechos y las libertades civiles, así como para las garantías de los ciudadanos ante la justicia. Es importante que todos entendamos que las reformas emprendidas por el Gobierno no pueden verse como acciones aisladas, sino que están íntimamente vinculadas y tienen un mismo objetivo: debilitar el Estado de Derecho. El estado de Derecho se asienta sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, el respeto, la promoción y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por otro, un Poder Judicial fuerte e independiente, que proteja esos derechos. Las reformas del Gobierno afectan por igual a ambos pilares.

Quizás sea más ilustrativo si seguimos la cronología completa de estas reformas. Desde principios de 2012, el Ministro de Justicia venía anunciando una reforma del Código Penal. El Anteproyecto de Ley se aprobó en octubre de 2012. En otoño de ese mismo año se debatía en el Congreso la Ley de Tasas Judiciales que finalmente entró en vigor en diciembre. Ese mismo mes se publicó en el B.O.E la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que acababa con los puestos de aproximadamente 1.200 jueces sustitutos. En enero de 2013 conocíamos el borrador del nuevo código penal procesal y, en noviembre de 2013, se aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En febrero de 2014 llegó al Congreso el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la par que, en apenas dos meses, se aprobaba la reforma de la justicia universal en marzo. La última en llegar en esta carrera legislativa ha sido una nueva reforma integral de la LOPJ en abril de 2014.

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Derechos Humanos y el proyecto de Ley de Seguridad Privada

En junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario. Una de las perspectivas desde la que debe estudiarse este proyecto legislativo es su compatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, compatibilidad que exige nuestra propia Constitución, y que es el objeto de este artículo. Pues bien, desde dicha perspectiva internacional deben concurrir dos aspectos fundamentales en las normas que regulan las actividades de empresas seguridad privada para ser consideradas compatibles con los estándares internacionales en la materia: el respeto por los derechos humanos y la supervisión de las actividades de tales empresas por parte de un órgano independiente de rendición de cuentas.

Lo cierto es que la necesidad de regular y controlar las empresas de seguridad privada ha sido un tema central para la ONU en la última década. Como muestra, las palabras del presidente del Grupo de Trabajo, ante la Asamblea General, quien afirmaba en noviembre de 2013 que “Proporcionar seguridad es un derecho humano y una responsabilidad fundamental de los Estados”. También puso de relieve la insuficiencia de las normas nacionales para abordar los desafíos que suponen las empresas militares y de seguridad privadas debido, entre otros, a la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes así como de remedios efectivos para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Ello porque sin un control y una supervisión efectivos, las actividades de tales empresas pueden suponer un aumento de inseguridad y entrañar un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos, socavando gravemente el Estado de Derecho.

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Nueva reforma de la jurisdicción universal 'made in Spain'

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

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Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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La reforma del Código Penal: castigar sin reinsertar

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado el Proyecto de Ley del Código Penal como un texto avanzado, destacando su “flexibilidad”, así como que busca la reinserción como fin último.

En realidad se dice flexibilidad cuando debería decirse “ambigüedad”. Una de las medidas de seguridad que sufre un salto cualitativo trascendental es la 'libertad vigilada'. La definición de lo que es ha desaparecido en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Los términos de la medida en el proyecto de ley actual son incluso más vagos e indefinidos que en la actual regulación. En estos tres años de vigencia desde que fue introducida en la reforma de 2010, no nos consta ningún examen o dato que permita evaluar la incidencia que ha tenido, si ha sido eficaz y, en definitiva, que justifique la necesidad de la actual reforma. Sin embargo, se amplían de forma extraordinaria e indiscriminada los supuestos –incluidos aquellos de menor gravedad– a los que sería aplicable la libertad vigilada como medida de seguridad, solapándose –además– con otras penas y medidas.

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