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Manuel Alcaraz

Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.

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Dudas y datos: hacia una cultura de la integridad

Diríase que los datos son la banda musical, quizá también la ideológica, de nuestro tiempo. Datos como lema, como espíritu que sopla sobre la montaña, como promesa. Sinónimo de conocimiento. Y como todo conocimiento adquiere un carácter brifonte, fáustico: prevención y solución de males y difusa amenaza para algunos de los principios de la cultura occidental. Conocimiento, en todo caso, ubicado en una esquina del legado de la Ilustración: no incorpora, por ahora, sentido, aunque es un metadispositivo que va más allá de regulaciones episódicas y que, se supone, comienza a ordenar comportamientos complejos, a erigir la línea sobre la que se estructuran conjuntos globales de pensamiento. No seguiré aquí la senda de la jeremiada, de la alerta excesivamente temprana sobre la novedad: harto estoy de una izquierda que sólo defiende recuerdos, que convierte en nostalgia utopías que casi nunca llegaron a realizarse. Lo que me interesa destacar es que ni puede ser oro todo lo que reluce ni los grandes datos, más o menos abiertos, tendrán una relación cómoda, rectilínea y mágica con fenómenos como la transparencia o la corrupción, porque éstas dependen de factores difícilmente cuantificables. Con independencia de valiosas experiencias de aplicación de la tecnología de datos a la prevención de malas prácticas o a favorecer una participación ciudadana desempolvada y fortalecida. Confieso que muchas de estas consideraciones están fuertemente condicionadas por mi experiencia de más de tres años de Conseller de Transparencia.

Comenzaré con dos afirmaciones que nos acercan a este nuevo universo:

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Sobre la propuesta de reforma constitucional del Gobierno valenciano

El mayor desastre político de la España contemporánea es que ninguna de sus Constituciones fue reformada. Cada ciclo constitucional se cerró con pronunciamientos, golpes de Estado o guerras civiles. El momento virtuoso que se abrió en 1978 merece su culminación con una reforma en profundidad -las reformas de los artículos 13 y 135 fueron puntuales, no afectan a la arquitectura básica de la Carta Magna y en ambos casos vino impuesta desde la UE-. En los 40 años de vigencia constitucional los cambios en normas similares de nuestro entorno han sido muchos y notables sin que, en ningún caso, se vivieran como rupturas dramáticas. La razonabilidad de la reforma viene dada por imperativos técnico-jurídicos: baste recordar lo que supuso la entrada en la UE y los posteriores cambios en su dinámica de producción normativa, la jurisprudencia europea o, en fin, la consolidación de un Estado autonómico en la forma a la que luego me referiré.

Pero, sobre todo, la reforma es inaplazable por cambios en la misma realidad. De nuevo hay que insistir en el impacto europeo, en los cambios geoestratégicos y su percepción -viraje de la centralidad a Asia, migraciones, fin de la bipolaridad- y en la importancia creciente -como reto democrático- de nuevas tecnologías, del funcionamiento social en red o del valor autónomo del conocimiento y el influjo de todo ello en el mundo del trabajo, en el ejercicio de libertades o en la concepción de la riqueza o de la educación. El cambio climático generar escenarios de largo alcance que también deben tener su reflejo en la norma básica, pues la lucha contra el mismo requiere de una totalidad y complejidad de esfuerzos a los que vendría bien contar con una referencia global. La coexistencia entre la conquista de derechos por las mujeres y, a la vez, el terrorismo machista incesante y los persistentes techos de cristal, es otra vertiente de la existencia que reclama una reflexión sobre los valores constitucionales y un reconocimiento que consolide los avances en la Constitución. En el plano político estricto hemos asistido en los últimos años a una crisis generalizada de la confianza en las instituciones, que ha incidido en el fin del modelo bipartidista y en la exigencia de buscar medios que refuercen la integridad de la vida pública e impidan que la corrupción sea un fenómeno constante en algunos ámbitos. Muchas instituciones acusan una obsolescencia en su diseño principal o, al menos, aconsejan algunas modificaciones.

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Sobre la manifestación de la financiación

La manifestación sobre financiación fue, sencillamente, masiva, con decenas de miles de personas –tantas, que no cupieron en los informativos de TVE-. Con independencia del número de asistentes, es difícilmente comparable con ninguna otra en muchos años, sobre todo si recordamos que a la convocatoria de la sociedad civil se sumaron los partidos políticos –menos el PP-, pero nadie podrá decir que hubo trampa ni apoyo espurio del Consell.

Y, sin embargo, lo que la hace importante no es esa impresionante participación, sino algunas circunstancias especiales. Ante todo porque el sentimiento de necesidad, el atrevimiento de alzar la voz no se ha producido en un “momento de vacío”. A nadie se le escapa que la crisis catalana planea sobre la situación. Y también aislados, pero ruidosos, episodios de intentos fascistas de apropiación del espacio público. Sobre la manifestación de Valencia planeaba el temor a la tensión. No hubo lugar: la reivindicación de la financiación fue también la reivindicación de un pueblo valenciano maduro, pacífico, que rechaza la crispación, que no es satélite de otras situaciones. Estas decenas de miles de personas no permanecen cautivas de luchas muy antiguas: puede haber una identidad compartida sin necesidad de rasgar la convivencia peleando por símbolos, elevando a categorías sacras los signos particulares. Esta fue una manifestación con banderas -las justas, y sobre todo institucionales-, pero no fue una manifestación de banderas.

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El valor del autogobierno del pueblo valenciano

Los días 8, 9 y 10 de noviembre la Conselleria que dirijo, junto con la Cátedra de Dret Foral de la Universitat de València, organizamos un Congreso sobre el autogobierno del pueblo valenciano. Más de 40 ponentes participan en conferencias y mesas redondas para reflexionar sobre los orígenes de la autonomía valenciana y su evolución así como el futuro del sistema autonómico. Para todo ello se ha buscado el pluralismo y primado la experiencia y prestigio de los participantes. Por supuesto no están todos los que fueron ni los que son, pero, para paliar los huecos que el programa, inevitablemente, tiene, está previsto proseguir con actividades monográficas en los meses siguientes en diversos lugares de la geografía valenciana para abordar cuestiones que estos días no han cabido.

Y es que ahora hemos conmemorado los 40 años de la manifestación de 1977 que puso en la calle la reivindicación de la autonomía, dicha con tantas voces como acentos diversos, pero convertidos -permítaseme recaer en el tópico-, en un clamor unitario que hizo que la idea de autogobierno, aquí, como en otros sitios, quedara indeleblemente cosida a la reivindicación radical de democracia que alboreaba en aquellos días de dubitativo postfranquismo. Y es que la vertebración del Estado en unidades con amplias dosis de autogobierno no fue un añadido a la idea democrática, sino una de sus formas peculiares, quizá la más notable. Que ello fuera vivido con distintos niveles de urgencia e intensidad no es sino la mejor muestra de que esa misma diversidad es la que hacía -y hace- imprescindible la pluralidad organizativa del Estado.

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