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Marta Higueras Garrobo

Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

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No recurrir la sentencia de Ana Botella: ¿Interés general o interés de partido?

El Alcalde de Madrid ha dicho que no va a "derrochar dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de justicia en la búsqueda de venganzas estériles". Anuncia así expresamente su intención de no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas que afecta a Ana Botella, a su equipo de gobierno y al consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de su mandato. La justicia no es venganza. Su afirmación no es más que el fiel reflejo del modo de entender la política que tienen el Alcalde Almeida y el Partido Popular, en las antípodas de quienes la entendemos al servicio de la ciudadanía y no de un partido político.

La Consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano, basándose entre otras pruebas en un informe público de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, declaró que la venta a un fondo buitre de más de mil ochocientas viviendas de la EMVS por debajo de su valor y sin la debida publicidad, acordada por el gobierno de Ana Botella, merecía un reproche contable. Dicha Consejera formalizó su abstención en ese procedimiento contable a causa de su pasada relación profesional conmigo y mi entonces condición de Presidenta de la EMVS, abstención rechazada por la propia Sala del Tribunal de Cuentas, que no consideró que debiera abstenerse por razón alguna.

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De la vergüenza de las cifras a la dignidad de las personas

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 68,5 millones de personas viven en situación de refugio. Han tenido que huir de sus casas, de su entorno familiar, laboral y/o educativo obligados por los conflictos violentos, por los desastres naturales que les dejan sin recursos para la supervivencia, incluso por la falta de derechos humanos en sus países.

Seguimos viviendo, en estos últimos años, una de las mayores crisis humanitarias de la historia. Las cifras de personas solicitantes de asilo son abrumadoras. A pesar de su paulatina reducción, por los acuerdos con Libia y Turquía fundamentalmente, en 2017 más de 700.000 personas llamaron a las puertas de la Unión Europea, de las cuales 31.120 presentaron su solicitud en España. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el 65% de esas solicitudes han sido rechazadas, y más de 20.000 personas han quedado sin más posibilidad que seguir un camino sin destino, sin recursos, contando sólo con su tesón y la fuerza que da no tener nada que perder.

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