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Miguel Gómez

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El exedil de Urbanismo de Granada niega confabulación con los promotores del 'Palacio de Hielo'

El juicio del 'caso Palacio de Hielo que se celebra desde este miércoles en Granada decidirá si el Ayuntamiento de la ciudad se apropió a sabiendas de terrenos que pertenecían al Estado en el convenio para la construcción dicho 'palacio' además de un centro comercial y viviendas. La denuncia la puso, precisamente, uno de los promotores sentados en el banquillo, que comparte con altos cargos de Urbanismo y el ex concejal del ramo, Luis García Royo (PP).En la primera sesión han declarado el propio García Royo, que ejerció entre 2003 y 2007, durante el primer mandato de José Torres Hurtado; el ex gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, y otro funcionario. Los tres han negado la presunta confabulación en la que habrían participado con los promotores, y en concreto los dos últimos que los metros pertenecientes a Fomento se incluyesen a sabiendas de que no era legal atribuírselos al Ayuntamiento.Lorente, de hecho, insistió en que los fallos en la extensión de las parcelas se deben a que había un fallo en la ficha pero que en los documentos del Plan Parcial estaban bien. Añadió que el Ministerio de Fomento no había registrado sus fincas en el Registro de la Propiedad y que fue finalmente el que las incluyó en este posteriormente a nombre del Estado.

En cuanto a García Royo, el edil insistió en que sus conocimientos de Urbanismo "no le permitían descender al nivel" de controlar los detalles de todos lo que se hacía alrededor del convenio. Ha recordado que si se aumentaron los aprovechamientos a nombre del Ayuntamiento en la reparcelación de la zona fue a partir de 2007, cuando él ya no era concejal, y ha negado que se sentase en ningún momento a negociar con los promotores más que en una ocasión, en la que se buscaron inversores para el futuro centro comercial y en la que también estuvo el alcalde.

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VOX presenta un programa de las europeas pensando en las generales de 2015

VOX, el partido surgido a la derecha del PP y que ha recogido a figuras como José María Ortega Lara, ha presentado este fin de semana en Granada su programa para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Con las generales de 2015 como horizonte. El partido, con un ecléctico programa que lo mismo defiende la unión bancaria que ataca el aborto, anuncia que su objetivo último es tener grupo parlamentario "de derechas y liberal sin complejos" en el Congreso de los Diputados para proponer la eliminación de las autonomías y la retirada de la financiación pública a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

El acto lo protagonizaron el presidente y el vicepresidente de VOX, Alejo Vidal-Quadras e Ignacio Camuñas. Este último, ministro de la UCD con el fallecido Adolfo Suárez, anunció que "VOX no es una operación coyuntural". Y "cualquier que fuere el resultado" de estas europeas seguirán e irán a las municipales, "hasta llegar a las generales y poder situar un grupo parlamentario a través del cual la voz de VOX se pueda oír".

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El ‘barrio ignorado’ de Granada lleva a Endesa a los tribunales por los continuos apagones

Los vecinos de la Zona Norte de Granada, el 'barrio olvidado' de la ciudad –en realidad en un solo distrito que rondan los 40.000 habitantes–, están hartos de apagones. Tanto que han llevado a Endesa ante los tribunales tras un invierno en el que los colegios y guarderías amanecían sin calefacción y donde algunas zonas de los barrios de Cartuja o La Paz llegaron a estar hasta 16 horas sin luz en días de diciembre y enero.Una concentración frente a la sede de los juzgados de Caleta, en el centro de Granada capital, ha acompañado a la presentación formal de la demanda ante el juzgado de guardia, para solicitar que se depuren responsabilidades por los continuos apagones que sufre el barrio y que, como han recordado en la manifestación y en los escritos remitidos a la empresa y todas las administraciones implicadas "no vienen de ahora, sino de hace muchos años".Los vecinos no aceptan la respuesta oficial de Endesa, que afirma que los problemas se solventaron el pasado mes de noviembre, ni la oficiosa, esto es, que la culpa la tienen los numerosos enganches ilegales a la luz del barrio, que sobrecargan la capacidad del sistema, consumiéndose más del triple de la capacidad contratada. Por otra parte, la empresa no ha querido responder a la prensa a este respecto.Han recurrido a todas las instituciones a su alcance, esto es, Ayuntamiento y Junta. De momento, sólo les han respondido el Defensor del Ciudadano de  Granada, Manuel Martín, que ha propuesto una reunión entre todos los implicados para buscar soluciones, y el grupo municipal de IU, que ha asumido sus peticiones.La denuncia va dirigida a Endesa, incluye responsabilidades patrimoniales por los daños en algunos de los negocios de la calle Julio Moreno Dávila y pide investigar posible responsabilidad subsidiaria de las administraciones implicadas, por no inspeccionar el servicio.Pero, antes que una denuncia, la Plataforma, que forma parte de la Asociación de Barrios Ignorados de Andalucía, lo considera un toque de atención. En el barrio más afectado por el paro de la ciudad, con menos instalaciones municipales o de cualquier administración, apenas sin sucursales bancarias, en el que hasta hace poco no entraban las empresas de mensajería, piden “no ser ignorados”.En el caso de las guarderías y colegios, denuncian también la precariedad de las instalaciones eléctricas y que los apagones hayan llegado en la peor época. Algunos vecinos apuntan a los enganches que sirven para "invernaderos y plantaciones de interior".

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El TSJA sentencia al Ayuntamiento de Granada a retirar el monolito a Primo de Rivera

El monolito a Primo de Rivera de la Plaza de Bibataubín de Granada tenía los días contados desde que se comenzó a redactar la Ley de Memoria Democrática de la Junta. Pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) parece que ha adelantado las fechas. Una sentencia da la razón al Abogado del Estado y condena al Ayuntamiento de Granada a retirar la escultura por considerar que no existen “razones artísticas” para mantenerla y, por tanto, se salta la Ley de Memoria Histórica.

La sentencia la adelantan este martes los diarios Granada Hoy y Granadaimedia, y recoge hasta cuatro informes encargados por la Abogacía del Estado en los que se desmiente la pretensión del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada de que la estatua debía estar protegida por criterios artísticos y patrimoniales, una salida que permitía la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Zapatero pero que elimina la futura Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

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Cuatro de los seis ediles del PP en Atarfe abandonan el partido tras ser expedientados

El PP de Granada escenifica su ruptura en otro municipio más del área metropolitana. Cuatro de los seis concejales de la formación en el pleno de Atarfe abandonarán el partido pero conservarán sus actas tras ser expedientados por la dirección provincial por “falta de lealtad”. Los populares ‘granadinos’ eligen así bando en la guerra de su grupo municipal, en este caso, el de una de las ediles que permanecerán en el partido y es la esposa de Gonzalo Aivar, el empresario imputado por facturas falsas en el ‘caso Mercamed’ y que acusó al PP de financiar ilegalmente actos de campaña de 2011 en los que participó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La decisión de los cuatro ediles llega tras conocerse que el pasado jueves 27 de marzo la dirección provincial decidió abrirles expediente por “saltarse las órdenes del partido” al remitir una carta al nuevo presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el que pedían la expulsión de las otras dos concejales. En concreto, aludían a la relación con Aivar y al apoyo que estás dos ediles dan con sus votos al actual gobierno municipal, coalición de PSOE e IU. El actual alcalde de Atarfe, el socialista Tomás Ruiz, está imputado por varias causas urbanísticas, al igual que su antecesor, el polémico Víctor Sánchez.

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San Miguel: reaolojo y resistencia en las cuevas del Sacromonte

El jueves 20 de marzo a las seis de la mañana 50 agentes antidisturbios de la Policía Local de Granada tomaron por sorpresa el cerro de San Miguel para desalojar y clausurar seis cuevas en las que vivían familias alegando peligro de ruina. Doce horas después, los vecinos de todo el cerro se unían para empezar a desenterrarlas. La noche del viernes al sábado, mientras una pareja ya dormía de regreso en su vivienda, otros se apostaban con tiendas de campaña en la cercana ermita de San Miguel, en cuya explanada aparecieron los agentes dos días antes. Al final de esta semana, todas las cuevas desalojadas estaban habitadas de nuevo y el barrio se organizaba para resistir.

Junto a la cueva de Boris, el vecino más veterano en ser desalojado, 10 años de permanencia en el cerro, se ha formado un campamento que cubre el área de trabajo con una gran lona azul y bajo la que se refugian lo mismo desalojados que voluntarios y activistas que trabajan en la restauración. En el caso de Boris, guía al interior de su cueva a cualquiera que lo pida y le muestra la bóveda y su resistencia al paso de las retroexcavadoras sobre la estructura. Luego señala el árbol que ciega la chimenea: "No hay aquí más ruina que la que han traído ellos".

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El PP dinamita sus mayorías en el ‘cinturón rojo’ de Granada

En mayo de 2011, el Partido Popular consiguió unos resultados inéditos en el hasta entonces llamado 'cinturón rojo' de Granada, el área metropolitana con más de 30 municipios que rodean la capital de la provincia, que suma alrededor de 250.000 habitantes y había sido tradicionalmente un feudo de PSOE e IU. De hecho, los resultados fueron tan buenos que influyeron decisivamente en la mayoría absoluta popular en la Diputación Provincial, que gobierna desde entonces por primera en su historia.Sin embargo, menos de tres años después, el PP parece empeñado en desmantelar el crecimiento de las últimas municipales a base de dispararse en el pie con una serie de luchas intestinas que pueden costarle tanto las alcaldías que afianzase entonces por primera vez como la Diputación provincial que se ha convertido en la base de su poder en la provincia, mucho más que la capital dónde ya obtenía mayorías desde 2003.El último episodio se ha vivido recientemente en Alfacar, municipio de apenas 5.500 habitantes, a pocos minutos de la capital, donde el PP obtuvo mayoría por primera vez en 2011, seis concejales sobre un total de 13 que gobernaban con apoyo de un independiente. Sin embargo, los populares han acabado teniendo que agotar su lista hasta los últimos puestos por la cascada de dimisiones provocada por una guerra interna entre la alcaldesa, María José Pino, la última en caer, y la concejal de cultura y su sucesora, Inmaculada López.En 2012 ya dimitieron dos de los seis concejales en llegar al poder apenas un años antes. Este 6 de marzo de 2014 se formalizaba la renuncia de la hasta entonces alcaldesa y la primera teniente de alcalde, Pilar Puente. Ya había que remitirse en ese momento al noveno de la lista. Pero es que al menos tres de los candidatos que quedaban decidían renunciar, obligando a recurrir hasta a la número 13 para completar concejales. Así, el enfrentamiento entre los partidarios de Pino y los de López, 7 contra 6 de la candidatura de 2013, se acabó haciendo más evidente.López ha sido una elección de la dirección provincial del PP, que encabeza el presidente Sebastián Pérez, también máximo mandatario de la Diputación provincial. Elección suya fue también el ya ex alcalde de Otura, Pedro Cabanillas, protagonista de una de las disputas más rocambolescas desde las municipales de 2011.

En dicho municipio de 6.000 habitantes, ciudad dormitorio de Granada capital, el PP obtuvo una mayoría absoluta de ocho concejales que él mismo ha volado con las salidas del gobierno y el partido, pero no la entrega de sus actas, del ex alcalde entre 2007 y 2012, Ignacio Fernández, y su sucesor Cabanillas, que dimitió este 2014. Ambos condenados en los tribunales y con denuncias cruzadas entre sí, su enfrentamiento fue mucho más público que el de Alfacar, donde las rivales políticas no han llegado a hacer declaraciones una contra otra.Más soterrada es la disputa en Atarfe, donde gobierna el PSOE con apoyo de dos concejales de IU pero el PP triplicó su representación, de dos a seis ediles, en 2011, creciendo sobre todo a raíz de los numerosos escándalos urbanísticos que salpican al actual alcalde, Tomás Ruiz, y su antecesor, Víctor Sánchez. Allí, el presidente local, José Manuel Aranda, fue acusado de financiación ilegal de la campaña de las municipales por el marido de una de las concejales de su grupo político, María Contreras.Aunque dicha demanda fue archivada, hizo evidente el enfrentamiento entre los partidarios de Aranda y Contreras y otra edil del grupo municipal. Los primeros habían pedido a la dirección provincial que las cesase por saltarse la disciplina de voto y apoyar al gobierno PSOE-IU, investigado por corrupción. Sin embargo, la respuesta del PP de Granada fue poner al grupo local bajo administración de una gestora. No está claro cuál será el resultado.En 2011, el PP labró su mayoría en la Diputación gracias a escándalos como el 'caso Nevada', en Armilla, donde obtuvo la alcaldía pese a perder las elecciones gracias al apoyo de UPyD y los independientes y la perdió en una moción de censura cuando uno de estos cedió su voto a PSOE e IU.Sin embargo, ahora son las peleas intestinas las que pueden lastrar unos resultados que le hagan volver a doblegarse ante una coalición de izquierdas en la institución provincial incluso si gana de nuevo en la capital. Irónicamente, la polémica alrededor del liderazgo de Sebastián Pérez, y por la que intenta asegurar direcciones afines en los municipios, se basa en sí da por perdida la Diputación y pretende ser el sucesor de José Torres Hurtado como alcalde de Granada.

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Desalojo exprés de seis cuevas del Sacromonte de Granada

Seis cuevas del Sacromonte de Granada, en el cerro de San Miguel, han sido desalojadas la mañana de este jueves por la Policía Local en una operación que ha tomado por sorpresa a sus moradores y que ha desplegado a más de 50 agentes antidisturbios por los alrededores para impedir los accesos. Durante el desalojo se ha producido una detención, y la operación ha finalizado con una carga policial junto a la ermita de San Miguel Alto, donde los agentes, cuando ya se retiraban ellos y los técnicos, se han abierto paso a través de una manifestación en apoyo de los vecinos.

Los intentos de desalojo de las cuevas ilegales del cerro de San Miguel se remontan a más de 10 años, pero tuvieron su último episodio el pasado diciembre, cuando una concentración de Stop Desahucios evitó el cierre de ocho que el Ayuntamiento de Granada consideraba a punto de derrumbe por ruina. De hecho, en estos tres meses dos de dichas cuevas, ya abandonadas, han acabado cayéndose por sí solas. Sin embargo, las otras seis estaban pendientes de resolución judicial contra los recursos presentados por los vecinos, a través del grupo Abogados en Red y la letrada Marisa Dávila.

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El TSJA condena al Ayuntamiento de Granada por tener demasiados cargos ‘a dedo’

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Granada por tener demasiados altos cargos nombrados 'a dedo'. El Alto Tribunal andaluz dictó sentencia el pasado enero confirmando la condena de los tribunales de lo contencioso en primera instancia por considerar que el Consistorio granadino había "abusado" de la fórmula de la comisión de servicios para ocupar jefaturas de área y que había nombrado "demasiados" cargos de libre designación. El sindicato CGT, que ha hecho pública la sentencia, recuerda que en el momento que se denunció el caso, cuya primera sentencia es de 2008, los cargos de libre designación en el Consistorio eran 105, pero la actualidad llegan hasta 137. Aunque aclaran que si se ha producido una reducción en las comisiones de servicios, que han pasado 165 a alrededor de 60, lo que deja los cargos 'a dedo' en algo menos de 200. La comisión de servicios es una fórmula legal que permite que un funcionario con plaza en una administración pase a ocupar un puesto en otra diferente si esta última lo solicita específicamente. En el Ayuntamiento de Granada es especialmente polémica en tanto sindicatos como CGT o UGT lo han denunciado como un método del equipo de gobierno del PP para "enchufar a amigos, familiares y afiliados". Dos ejemplos cuyos nombramientos están pendientes de resolución judicial son el de Rebeca Gómez, dirigente del PP de Almería y ex diputada provincial y ex concejal de la capital almeriense, y el de M.C.M., esposa de José Manuel Aranda, presidente del PP de Atarfe, y funcionaria en el municipio de Maracena, donde gobierna el PSOE, pero que en 2010 fue reclamada en comisión de servicios por el Ayuntamiento de Granada, a pesar de haber suspendido una oposición en 2009 y de no conseguir la permuta de su plaza por las mismas fechas.La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA recoge que el nombramiento "abusivo" de jefaturas de área a través de la fórmula de la comisión de servicios se estaría saltando los principios de mérito y capacidad, que, aclara, no deben regir sólo para el acceso a las plazas de funcionario, también para la promoción de los mismos dentro de las administraciones. La comisión de servicios debe servir como mecanismo "temporal", y no para ocupar los puestos directivos de las diferentes áreas municipales de forma permanente.En cuanto al otro punto polémico, los cargos de libre designación, que no tienen por qué ser funcionario, CGT censura que no sólo no se hayan reducido los 105 que había cuando se denunció –en 2005, ya con José Torres Hurtado como alcalde–, sino que ahora se han aumentado hasta 137 asesores o 'cargos de confianza'.El sindicato exige al Ayuntamiento que ahora convoque oposiciones para proveer todas las plazas que quedarán libres una vez se aplique la sentencia, ya que el TSJA sólo obliga a que se reduzca el número de cargos 'a dedo', pero no indica que deban reponerse las plazas. De hecho, aunque en el caso de la libre designación si puede que conlleve una reducción, dado que las comisiones de servicio ya son alrededor de 100 menos que en el momento de la denuncia, la sentencia podría no tener consecuencias sobre ellas.

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El Ayuntamiento de Granada responde a la oposición con Bob Esponja

Bob Esponja es la respuesta oficial del Ayuntamiento de Granada a las sugerencias de la oposición a los presupuestos 2014. No es una broma ni un chascarrillo. Es una nota de prensa oficial del Consistorio, escrita de cero, que no recoge unas declaraciones en mitad de un pasillo de un concejal al que, dicho en román paladino, "se le calentase la boca".

El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma (PP), emitió un comunicado de prensa, enviado por el gabinete de comunicación del Ayuntamiento, en el que explicaba que el gobierno municipal rechazaba todas las sugerencias al presupuesto 2014 realizadas por los grupos de la oposición: PSOE, IU y UPyD. Hasta ahí, todo normal, con los populares imponiendo su amplia mayoría, 16 ediles por 8 socialistas, 2 de IU y uno de UPyD.

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