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Armilla y Peligros se suman a los municipios contra las casas vacías

PAH insta a los ayuntamientos a recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos

Miguel Gómez

Dos municipios granadinos, Armilla y Peligros, se han unido a la lucha contra los desahucios a nivel local con sendas medidas aprobadas la última semana de enero: en el caso de Peligros, como un capítulo más que comenzó con la llegada a la alcaldía de IU tras las municipales de 2011 y la proclamación de la localidad como “pueblo libre de desahucios”.

Así, este municipio de algo más de 11.000 habitantes, aledaño a Granada capital, ha aprobado en su pleno de enero una moción que incluye multas para los bancos que mantengan viviendas vacías dentro de la localidad, votando un texto presentado por Stop Desahucios Granada y que tanto esta organización a nivel estatal como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) suscriben.

En cuanto a Armilla, ha puesto en marcha desde el pasado día 29 de enero un ‘Banco Solidario de Viviendas’, eso sí, de carácter voluntario y dirigido a propietarios particulares. Se invita a los vecinos con viviendas en propiedad que estén vacías a incluirlas en un registro en el que se pondrán a disposición de familias desahuciadas, las cuáles entrarían a habitarlas pagando un alquiler social.

40 municipios que ‘multan’ bancos

Peligros es ya uno más de los 40 municipios en toda España que han aprobado en pleno la moción promovida por Stop Desahucios y la PAH, y que incluye, entre otros compromisos de una batería de siete medidas, sancionar a los bancos que mantengan viviendas vacías dentro del término municipal. Además, se incluye el compromiso de ayudar a que las familias que no puedan permitírselo tengan acceso a los suministros básicos –luz, agua, gas– y de exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya una obligación similar en la en estos momentos suspendida Ley de Función Social de la Vivienda.

Ya en 2011, apenas recién elegido para gobernar en minoría con el apoyo de Alternativa Democrática de Peligros (ADP), el alcalde Roberto García presumía de que “desde lo municipal se puede hacer mucho” y ponía en marcha una serie de medidas de mediación con jueces y bancos –incluyendo poner los abogados del Ayuntamiento a disposición de los amenazados de desahucio–, la prohibición a la Policía Local de que participase en desalojos y la retirada de todas las cuentas del Ayuntamiento de entidades que desahuciasen, como la misma CajaGranada, hoy integrada en Banco MareNostrum.

Registro de propietarios ‘solidarios’

En cuanto a Armilla, la Concejalía de Educación, Vivienda, Comercio y Consumo creará un listado de viviendas vacías y disponibles para alquilar a un precio “solidario y carente de ánimo de lucro”. El Ayuntamiento ha invitado a los propietarios con inmuebles sin alquilar en el municipio a que se dirijan a ellos, siendo los técnicos quienes realizarán la intermediación entre “arrendatarios solidarios” y las familias o personas en caso de necesidad.

Aunque el objetivo es ayudar a quienes hayan sido desahuciados o estén en proceso de serlo, el Ayuntamiento también advierte que, si se viese la necesidad y fuese posible por el número de viviendas ofrecidas, se baraja que puedan acceder a ellas las personas o familias que acrediten situaciones de riesgo de exclusión, como paro de larga duración o mujeres víctimas de violencia de género. La labor municipal será, en último término, ayudar a que las partes pacten un alquiler “digno a un precio social y ético”.

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