Datos y exigencias que desmontan la 'prioridad nacional' y cuestionan los “privilegios” del pacto andaluz de PP y Vox

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.