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Tània Verge

Tània Verge es doctora en Ciencias Políticas. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona). Su investigación se centra en los partidos políticos y en la interacción entre género y política.

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No es política para mujeres

Ser mujer con niños pequeños o ser madre mientras se ocupa un cargo político desencadena inevitablemente un conflicto de rol. Como el tiempo es limitado para todos, en función de cómo se invierta te conviertes inexorablemente en mala madre o mala política. Lo podemos ver en el debate abierto a raíz del reciente parto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como también ha sucedido en los últimos años con los embarazos de la ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicándose a la política o en otras actividades, las mujeres tienen el derecho a decidir, no sólo cuando ser madres, sino como quieren vivir su maternidad. Pero estos no son los términos con que son juzgadas. Si Ada Colau acaba haciendo uso de las 16 semanas del permiso de maternidad a que tiene derecho por ley, será acusada de dejación de funciones. Si no se coge el permiso entero, se le reprochará que no representa al conjunto de mujeres, que no hace pedagogía con su ejemplo de la (mal llamada) conciliación familiar y laboral, que hace perder valor a los derechos existentes, o incluso que no practica en su vida privada el programa político que defiende. En resumen, "damned if you do, damned if you do not", la crítica está servida haga lo que haga.

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No és política per a dones

Ser dona amb criatures petites o ser mare mentre s’ocupa un càrrec polític desencadena inevitablement un conflicte de rol. Com que el temps és limitat per a tothom, en funció de com s’inverteixi s’esdevé inexorablement mala mare o mala política. Ho podem veure en el debat obert arran del recent part de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com també ha succeït en els darrers anys amb els embarassos de l’ex ministra de defensa, Carme Chacón, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Dedicant-se a la política o a altres activitats, les dones tenen el dret a decidir no només quan ser mares sinó com volen viure la seva maternitat. Però aquests no són els termes amb què són jutjades. Si Ada Colau acaba fent ús de les setze setmanes del permís de maternitat a què té dret per llei, serà acusada de deixament de funcions. Si no s’agafa el permís sencer, se li retraurà que no representa el conjunt de dones, que no fa pedagogia amb el seu exemple de la (mal anomenada) conciliació familiar i laboral, que fa perdre valor als drets existents, o fins i tot que no practica en la seva vida privada el programa polític que defensa. En resum, “damned if you do, damned if you don’t”, la crítica està servida faci el que faci.

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Referéndum, república y movimiento feminista

El debate territorial que ha ocupado de manera destacada la agenda política catalana de los últimos años ha sido en buena medida ciego al género, aunque presenta diferentes implicaciones para las mujeres y para la igualdad. Los partidos y las instituciones no han prestado atención a tales implicaciones y el movimiento feminista tampoco se ha movilizado suficientemente para incorporar la perspectiva de género en este debate público. Vaya por delante que, como el conjunto de la ciudadanía, las feministas y las asociaciones de mujeres somos diversas, no habiendo unanimidad sobre el alcance y la forma de hacer efectivo el derecho a decidir o a la autodeterminación ni tampoco sobre la preferencia por un determinado modelo territorial. Esto no quita que no tengamos que plantearnos las siguientes preguntas: ¿Dónde está el movimiento feminista en este debate? ¿Qué está en juego para las mujeres? 

El feminismo siempre ha planteado la necesidad de repensar la comunidad política y lograr la emancipación individual y colectiva. La comunidad política actual nos ha venido dada y un referéndum nos permitiría definirla, teniendo evidentemente la posibilidad de escoger el status quo o una nueva realidad política. Se trata simplemente de una práctica de libertad, al margen de la dirección del voto en un referéndum. En este sentido, hay que distinguir, siguiendo Hannah Arendt (Sobre la revolución, 1963), entre 'contrato social' y 'contrato mutuo'. El primero hace referencia al contrato que la sociedad suscribe con sus gobernantes mientras que el segundo se basa en la reciprocidad entre los individuos que se vinculan para formar una comunidad política.

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Referèndum, república i moviment feminista

El debat territorial que ha ocupat de manera destacada l’agenda política catalana dels darrers anys ha estat en bona mesura cec al gènere, tot i que presenta diferents implicacions per a les dones i per a la igualtat. Els partits i les institucions no han prestat atenció a tals implicacions i el moviment feminista tampoc s’ha mobilitzat suficientment per incorporar la perspectiva de gènere en aquest debat públic. Vagi dit per endavant que, com el conjunt de la ciutadania, les feministes i les associacions de dones som diverses, no havent-hi unanimitat sobre l’abast i la manera de fer efectiu el dret a decidir o a l’autodeterminació ni tampoc sobre la preferència per un determinat model territorial. Això no treu que no hàgim de plantejar-nos les següents preguntes: On és el moviment feminista en aquest debat? Què està en joc per a les dones?

El feminisme sempre ha plantejat la necessitat de repensar la comunitat política i assolir l’emancipació individual i col·lectiva. La comunitat política actual ens ha vingut donada i un referèndum ens permetria definir-la, tenint evidentment la possibilitat d’escollir l’statu quo o una nova realitat política. Es tracta simplement d’una pràctica de llibertat, al marge de la direcció del vot en un referèndum. En aquest sentit, cal distingir, seguint Hannah Arendt (Sobre la revolució, 1963), entre ‘contracte social’ i ‘contracte mutu’.

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La paridad como bien público

Desde mediados de los años 90, la paridad en los puestos de toma de decisión ha sido impulsada por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa recomendándose las cuotas de género como la medida de acción positiva más eficaz para superar la brecha de género. En la actualidad, ya son más de 100 los países donde se aplican las cuotas de género, ya sean de tipo constitucional o legislativo, o bien asumidas de manera voluntaria por los partidos políticos. España es uno de estos países. A las cuotas aplicadas desde mediados de los años 80 por los partidos de izquierda se sumó en 2007 una cuota legislativa que, según el “principio de composición equilibrada” contenido en la Ley de Igualdad[1], obliga a incluir en las listas electorales una presencia mínima del 40% y una presencia máxima del 60% para cualquiera de los dos sexos. ¿Qué balance puede hacerse de su efectividad?

Aunque la cuota se aplica a todas las convocatorias electorales, la paridad sólo ha sido alcanzada en la mayoría de parlamentos autonómicos (con la excepción de Aragón, Canarias, Navarra y la Rioja), con una media de diputadas del 43% tras las últimas elecciones. La única comunidad autónoma en la que las mujeres superan a los hombres es Castilla-León (66,7% de diputadas). En el nivel local, donde quedan exentos de aplicar la cuota los municipios con menos de 3.000 habitantes, se alcanzó en 2011 el 35% de concejalas. En el resto de instituciones (Congreso[2], Senado y delegación española al Parlamento Europeo) las mujeres obtuvieron el 36% de los escaños (datos relativos a la composición inmediata de las cámaras tras celebrarse las elecciones más recientes).

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