Contra el racismo no valen más 'peros'

Hace seis meses se creó por primera vez en el Govern de la Generalitat de Catalunya el Departamento de Igualdad y Feminismos con el objetivo de transformar el país desde el feminismo, con un enfoque interseccional y de derechos humanos. Su existencia pone a la sociedad catalana frente a un espejo: se ha creado porque todavía son múltiples las desigualdades, las discriminaciones y las violencias cotidianas machistas, LGBTIfóbicas o racistas. No son hechos puntuales ni aislados, sino que parten de sistemas de opresión estructurales que generan una dominación arbitraria a las personas por el mero hecho de ser quienes son.

Mientras que las políticas públicas de igualdad de género y contra las violencias machistas o las políticas de derechos de las personas LGBTI cuentan con leyes integrales, el antirracismo ha sido hasta la fecha el gran ausente de las intervenciones públicas. En la legislatura pasada Catalunya dio un paso importante con la aprobación de una ley pionera a nivel estatal y europeo, la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación, que el Departamento de Igualdad y Feminismos está desplegando. Sin embargo, para erradicar el racismo en todas sus formas y expresiones –incluyendo el antigitanismo, la xenofobia, la islamofobia y cualquier otro tipo de discriminación étnico-racial– necesitamos una ley específica.

El colonialismo, el tráfico de esclavos o la expulsión de judíos, gitanos y musulmanes de la península pueden parecernos hechos históricos muy alejados del presente, pero han dejado un profundo poso de racismo estructural e institucional en nuestras sociedades. Cuesta admitirlo porque todavía cuesta reconocerlo, como sucede también con el machismo o la LGBTIfobia. ¿Cuántas veces hemos escuchado –o incluso afirmado– “yo no soy racista, pero...”? Evitar llevar a tus hijas a colegios con un alto porcentaje de alumnado de origen inmigrante, no querer alquilar tu piso a quien tiene apellidos extranjeros, impedir la entrada en un local de ocio a una persona por su color de piel u hostigarla en una tienda por considerarla sospechosa, así como reproducir estereotipos y prejuicios sobre la forma de ser de colectivos enteros son algunas de las manifestaciones cotidianas más extendidas de racismo social.

Combatir el racismo imperante pasa por el reconocimiento y representación de la diversidad en todos los ámbitos. Se han dado pasos muy importantes, como es el hecho que por primera vez una mujer racializada de origen migrante lidere la Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo, o que una persona gitana sea la responsable de desplegar el organismo para la igualdad de trato y la no discriminación previsto en la Ley 19/2020. No obstante, los avances son escasos y lentos. Los informes periódicos del colectivo #OnSónLesDones contabilizan una presencia de personas racializadas inferior al 1% en los espacios de opinión de los medios de comunicación catalanes. Tampoco los libros de texto escolares, el mundo de la cultura, la dirección de las empresas o las instituciones políticas reflejan la diversidad étnico-racial existente en la sociedad. Por ejemplo, en la legislatura actual del Parlament de Catalunya las personas racializadas ocupan alrededor del 5% de los escaños, y este es el récord histórico de la cámara.

Asimismo, combatir el racismo requiere, de manera fundamental, abordar las condiciones materiales de aquellas personas que por su color de piel, fenotipo, origen o religión padecen unas tasas de pobreza y de exclusión social más elevadas, una mayor precariedad laboral y peores salarios o más riesgo de sufrir ataques contra la integridad física. También hay que identificar y corregir aquellas prácticas racistas que son responsabilidad directa de las administraciones públicas, como las menores oportunidades educativas provocadas por la segregación escolar, los estereotipos y sesgos en la atención proporcionada por los servicios sociales o de salud, o el perfilamiento racial de los cuerpos de seguridad.

Con la aprobación esta semana por acuerdo de gobierno de la memoria preliminar, iniciamos el período de consulta pública abierto a toda la ciudadanía del anteproyecto de ley catalana contra el racismo en todas sus formas y expresiones, a la que seguirá un proceso participativo con organizaciones sociales y personas expertas para la identificación exhaustiva de la problemática, las estrategias de abordaje y las medidas concretas de actuación integral. Asimismo, la redacción del anteproyecto se sincronizará con los trabajos de la Comisión de Estudio del Racismo Institucional y Estructural creada en el Parlament de Catalunya el pasado mes de noviembre, fruto del compromiso de aquellos partidos políticos comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

La perspectiva antirracista en las políticas públicas es imprescindible e inaplazable para garantizar una distribución justa y equitativa de los derechos, las obligaciones, las oportunidades y los recursos al conjunto de la ciudadanía sobre la base del reconocimiento y el respeto a la diferencia. Especialmente ante el auge tanto a nivel europeo como global de los discursos y delitos de odio con motivación étnico-racial, la transformación feminista debe ser antirracista, y la ley catalana contra el racismo constituirá un paso muy importante en esta dirección. No valen más 'peros'.