900 euros al mes por un piso pequeño en Catarroja: ni la mortífera dana ha frenado los precios en Valencia

La abogada Mónica Fernández agradece todos los días estar viva. Es una sobreviviente de la dana que en octubre de 2024 causó 234 muertes en Valencia. Todavía no sabe cómo se ha recuperado tras “perderlo absolutamente todo”. Su casa. Su coche. Su trabajo. Sus pertenencias. Sus recuerdos. La riada destruyó su bajo ubicado en Catarroja, uno de los municipios más afectados por la inundación. Se refugió junto a su hija de 11 años en la casa de sus padres. Al advertir que la reconstrucción de su piso iba a durar más de un año, se propuso alquilar un piso para recuperar “cierta normalidad”. Fue imposible. Se encontró con precios muy abultados, mucho más altos de lo que esperaba. “Más de 900 euros por un piso pequeño, una barbaridad”, recuerda. Mónica estuvo año y medio con sus padres. Ha vuelto a su casa hace cinco meses. “¿Cómo han hecho las víctimas que no han tenido un techo donde guarecerse? ¿Qué locura es esta de precios inasumibles tras una tragedia?”, se pregunta.

El caso de esta abogada no es aislado. El drama de la vivienda, de alcance nacional, que ha desencadenado un adelanto electoral, está magnificado en las localidades de Valencia más afectadas por las trombas de agua, lodo y sedimentos. La situación no deja de ser paradójica. Por lo general, las geografías más expuestas al clima extremo, con fenómenos destructivos recurrentes, suelen sufrir una bajada en los precios de las viviendas al perder atractivo de compra.

Tras los devastadores incendios forestales que en 2025 arrasaron zonas residenciales de los suburbios de Los Ángeles —Palisades y Eaton, por ejemplo—, el precio medio de venta de las viviendas pasó de unos 3,6 millones de dólares a 2,4 millones de dólares, según datos de la Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles. El fuego supuso un desplome fulminante del 33% en el valor de las propiedades en cuestión de meses. En Cabo Coral, ciudad ubicada al suroeste de Florida, epicentro de huracanes e inundaciones, los datos del mercado inmobiliario reflejan que entre 2022 y 2025 el precio medio de la vivienda cayó un 13%.

En Reino Unido, el impacto de las tormentas recurrentes y las crecidas de los ríos también está provocando la devaluación de las viviendas. Un estudio de la Universidad de Loughborough revela que las propiedades identificadas dentro de mapas con riesgo alto de inundación se venden con un descuento medio del 8,1% en comparación con propiedades idénticas en zonas secas. En los códigos postales clasificados con “riesgo muy alto o extremo”, los precios sufren un desplome de hasta el 32%.

En Valencia, el periodo de retorno oficial de un episodio de más de 700 milímetros en 24 horas —la cantidad de precipitación que cayó aquel fatídico 29 de octubre de 2024— se estimaba en unos 150 años. La realidad climática reciente ha roto por completo estas estadísticas al registrarse dos episodios de este tipo en un intervalo de solo dos años, tras el violento temporal de este octubre.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o Inglaterra, los precios de las viviendas no dejan de subir. Según las estadísticas de Idealista, el principal portal inmobiliario en España, la vivienda en Valencia continúa siendo más cara que en el conjunto de España. La subida anual de la provincia supera en 3,3 puntos porcentuales la registrada en el conjunto de España.

En Alfafar, otro epicentro de la tragedia, en septiembre de 2024, antes de la inundación, se pagaba 1.325 euros el metro cuadrado. En septiembre, un comprador tenía que desembolsar 1.999 euros por la misma parcela, un incremento de 47,86 % en dos años. Misma situación en Torrent, municipio vecino. De 1.345 euros el metro cuadrado a 2.005 euros en un periodo de 24 meses (un incremento del 49%). El encarecimiento también afecta al alquiler. En Catarroja, antes de la Dana, la renta de un piso tenía un coste de 8,9 euros el metro cuadrado. Ahora la cifra ha trepado a 11,0 euros (ha subido el 23%). En Paiporta, un panorama similar: 9,6 a 12,7 euros el metro cuadrado, un 32% de incremento.

La explicación: la robustez del sistema de seguro, lluvia de inversiones y libre mercado

A diferencia de Estados Unidos, Inglaterra y otros muchos países, donde los seguros de las viviendas están sujetos a las reglas de la oferta y la demanda, España cuenta con una entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa como respaldo del sector asegurador privado en situaciones de gran impacto y catástrofes.

Este consorcio está “atajando” el aluvión de daños económicos provocados por el cambio climático y sus eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos, según explica Francisco Espejo Gil, su subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales. La empresa pública asume los perjuicios ocasionados por fenómenos que la legislación española considera “extraordinarios”, como inundaciones y tempestades con vientos superiores a 120 km/h, además de otros acontecimientos que no tienen relación con la crisis climática, terremotos y erupciones volcánicas, por ejemplo.

Los 20 millones de hogares que cuentan con seguro privado en España —el 80% de todo el parque inmobiliario— engordan la “hucha” del Consorcio. Un 0,07 por mil del capital asegurado de todas las pólizas se destina a las arcas de este organismo. “La filosofía del sistema es mutualizar el riesgo, repartirlo entre toda la masa asegurada. Esto permite mantener primas mucho más bajas y garantizar la asegurabilidad”, añade Espejo Gil. Al no producirse ninguna “falla de mercado”, ni registrarse “zonas de exclusión” —territorios que las aseguradoras dejan de cubrir—, cómo está ocurriendo en Estados Unidos, “las viviendas no pierden valor”.

Pero hay más factores, aclara Javier Burón, director gerente de la empresa pública Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.) y autor del libro El problema de la vivienda. Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, publicado por la Editorial Arpa en 2025. Explica que hay “varias presiones” que aumentan la demanda de alojamiento: el turismo (viviendas destinadas al alquiler vacacional), las segundas residencias (inmuebles comprados para pasar temporadas) o vacaciones, los extranjeros que se instalan durante periodos prolongados y los nómadas digitales, profesionales que trabajan a distancia y buscan alquileres temporales. “Yo no veo a la inversión inmobiliaria retrayéndose, ni en las costas, ni en las ciudades más turísticas, ni en las ciudades con más impactos climáticos. Seguramente el clima extremo acabará teniendo un impacto en los precios, pero aún no hay señales”, describe.

Vicente Diez Crespo, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, suma otro elemento, “la pérdida de oferta” por las viviendas afectadas que salieron de mercado. La riada dañó más de 11.000 viviendas, de las que 363 han sido demolidas, y miles han estado meses clausuradas, como la de Fernández. “Al final lo que hemos detectado es que la gente necesita vivir, necesita alquilar, necesita comprar. Y en un escenario como el que tenemos, de baja oferta generalizada, en los municipios afectados ha sido aún peor. Residentes y turistas carecen de excesivo inconveniente en comprar o alquilar en la zona afectada. No ha habido un efecto rechazo”, analiza.

Burón no desconoce la “destrucción de oferta”, pero aclara que las administraciones públicas tienen herramientas a su disposición para paliar este efecto de mercado. Enumera la declaración de zonas tensionadas, una ordenación del territorio y una normativa urbanística que procese los riesgos climáticos, construcción de vivienda pública y movilización de vivienda privada que sea asequible. En su opinión, “hay un catálogo de herramientas muy diverso, pero claramente los gobiernos conservadores en Valencia no tienen ni el más mínimo interés en aplicarlo”.

Tiene que quedar claro, agrega, que las subidas de precios tras una catástrofe como la de Valencia “no son inevitables”. La declaración de mercado tensionado hubiese evitado, por ejemplo, los incrementos en los alquileres, ante la obligación de respetar los precios de los últimos contratos. “Los matices son importantes, pero el tema de fondo sigue siendo el mismo. La administración valenciana piensa que la vivienda es un tema de mercado, solo de mercado. Yo pienso que el mercado debe jugar muchos papeles. Tampoco pienso que todo tenga que ser público. Pero defiendo que las administraciones tienen que disciplinar el comportamiento del mercado cuando este no actúa adecuadamente”, remata.

La fuerza del arraigo

El agente inmobiliario de Valencia, que reside en Catarroja, cree que los municipios afectados van a tener que “aprender a convivir con los fenómenos meteorológicos”, porque la gran mayoría quiere seguir viviendo en una zona “que sigue siendo muy atractiva pese al riesgo climático”. ¿Un escenario de éxodo por inundaciones recurrentes? Lo ve probable en el largo plazo para los residentes que no tienen arraigo, pero difícilmente para quienes “tienen toda una vida montada” en esos territorios.

La abogada Fernández no piensa, por ahora, en esa posibilidad, aunque reconoce que se le paraliza el corazón cada vez que hay una alerta roja por tormentas. En Valencia tiene su casa —ya remodelada—, su oficina, sus padres y la escolaridad de su hijo. No obstante, sigue pensando que “todo ha sido muy cruel”. “No nos avisaron, nos inundamos, mucha gente murió, lo perdimos todos y ni siquiera puedes asomar la cabeza con alquileres accesibles y no prohibitivos”, se queja.

El acceso a la vivienda en la zona es “tan prohibitivo” que, por primera vez en 20 años de profesión, esta abogada está viendo casos de parejas con buenos salarios que no se divorcian por la imposibilidad de comprar o alquilar. “Parejas separadas, algunas con relaciones muy tensas, que no tienen más remedio que compartir una casa. Esto antes no pasaba. ¿Pero qué locura es esta?”, protesta.

Burón insiste: hay muchas políticas públicas para evitar los efectos más perversos y crueles de un proceso especulativo como el que sigue asfixiando a los vecinos de los municipios afectados por la Dana. “El problema es que no quieren. Piensan que estas políticas interfieren con un mercado que es sagrado. Pues que cada palo aguante su vela, la rabia ya está en las calles”.