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Renovables para pagar la vivienda pública y pensiones: la propuesta para crear un fondo soberano “a la noruega”

Archivo - Recurrent Energy pone en operación comercial la planta solar fotovoltaica de Villameca de 200 MW en Castilla y León

Marta Montojo

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La bombilla se le encendió tras leer una noticia: el fondo soberano noruego —el mayor del mundo— acababa de comprar casi la mitad de una planta renovable operada por Iberdrola. No era la primera operación de este tipo. El fondo noruego tiene el 49% de siete plantas fotovoltaicas y de una eólica operadas por la energética española.

Este instrumento, gracias al cual Noruega costea un cuarto de su gasto público, se beneficia de lo que producen los parques renovables del país. “El sol español está pagando las pensiones de los noruegos. ¿Por qué no puede pagar las de los españoles?”

Ese fue el razonamiento del divulgador ambiental Javier Peña, detrás del canal Hope!, seguido en redes por cientos de miles de personas, y creador de la serie homónima de RTVE. La fundación acaba de lanzar una propuesta para crear en España un fondo generacional “a la noruega”: aprovechar colectivamente el recurso energético nacional—en el país escandinavo, el petróleo; en España, el sol y el viento— para pagar la vivienda pública y las pensiones.

La idea, incluida en la campaña ‘España puede ser la hostia’ —que coordina Hope!, pero en la que confluyen decenas de entidades, y presentada a los partidos políticos ante la convocatoria electoral del 29N—, es que el nuevo mecanismo se inspire en el fondo que Noruega creó en la década de 1990 para no gastar los beneficios de su petróleo. Después de encontrar oro negro en el Mar del Norte, en 1969, Noruega apostó por activar un fondo soberano como forma de colectivizar la riqueza, extenderla a lo largo de generaciones y financiar con ella generosos servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones.

“El fondo da seguridad a todos los que vivimos en Noruega de que tendremos pensiones y podremos mantener el Estado de bienestar”, explica Stig Schjølset, director de la ONG noruega Zero Emission Resource Organisation (ZERO). Sin embargo, también se muestra crítico con las inversiones del fondo en empresas petroleras como Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies o Repsol.

Hoy, el fondo noruego paga cerca de un 27% del gasto público del país, y cubre el déficit presupuestario, que asciende al 13% de su PIB. Es un escudo financiero ante crisis globales —los noruegos salieron mejor parados de la recesión económica del 2008 que sus vecinos nórdicos— y contribuye a enfrentar un problema creciente: el envejecimiento de la población. Los beneficios del petróleo van a parar a este fondo, que invierte en empresas extranjeras únicamente (para no sobrecalentar la economía local) y posee de media un 1,5% de las empresas cotizadas del mundo.

Javier Peña y su equipo llevan medio año trabajando junto a otros especialistas en economía y energía y colaborando con entidades como Ecooo, Fundación Renovables o Greenpeace, entre otras, para pensar cómo podría ser un fondo español capaz de recoger la riqueza del sol y del viento y usarla para aliviar problemas comunes, como la vivienda o las pensiones.

“El espíritu de la propuesta es acelerar la conquista de la soberanía energética nacional”, señala el divulgador. Se trata, dice, de una transición que redunda en el interés del país: “para blindarnos de los shocks de inflación que provoca el petróleo y el gas y lograr la soberanía energética, bajar el coste de la factura energética y atraer industria, porque vamos a tener la energía más competitiva de toda la Unión Europea”.

España depende en un 68,4% de los recursos energéticos que importa: principalmente, combustibles fósiles, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La meta que plantea esta campaña para 2040, y que se conseguiría en parte gracias a este fondo, es que esa dependencia se reduzca a menos del 20%. La fórmula: electrificar a la vez hogares, industria y transporte con renovables, almacenamiento y redes “al ritmo de esa nueva demanda y con lo público como catalizador”. Y zanjan los coordinadores: “Alemania acaba de fijar 2045 para abandonar los combustibles fósiles. España, con mucho más sol, puede llegar antes”.

Por otro lado, el fondo ayudaría a recaudar dinero para las pensiones. Los expertos que han participado en la campaña —entre ellos, el economista Rafael Pinilla o los especialistas en energía Cote Romero y Manel Rivero— han desarrollado un modelo con datos y supuestos que se pueden consultar en su página web a través de un simulador. Según sus cálculos, con un impulso fuerte al fondo, la rentabilidad de las inversiones podrían llegar a cubrir el 4,7% del gasto anual en pensiones en 2050 (teniendo en cuenta los cambios demográficos proyectados). “Esto no significaría comprometer las pensiones, sino incorporar un mecanismo nuevo para blindarlas y mejorarlas”, precisa Peña.

Como, a diferencia de Noruega —donde el Estado tiene un 67% de la petrolera Equinor—, en España el recurso energético no es público, para el fondo español habría que añadir un paso previo. ¿De dónde saldría el dinero para invertir en renovables? Por un lado, de los Presupuestos Generales del Estado. El coste estimado para el Estado sería de unos 2.300 millones de euros anuales hasta 2040, dinero que compraría activos (no se gastaría). El resto lo aportaría la hucha de pensiones, que por ley puede invertir en títulos públicos, y la deuda verde; una libreta generacional que copiaría el modelo francés Livret A —un mecanismo de ahorro garantizado por el que las familias pueden invertir con una rentabilidad asegurada— que permitiría a la ciudadanía contribuir al fondo y beneficiarse de manera más directa; y las hidroeléctricas cuya concesión caduque próximamente. La campaña sugiere que estas plantas no vuelvan a licitarse y que el retorno de los embalses aporte también a la inversión en renovables. “Si ya está amortizada la planta y prácticamente solamente va a generar beneficios, no entiendo muy bien por qué no la podríamos utilizar para esto”, argumenta Peña.

Con ese dinero, el Estado se podría convertir en accionista de nuevos proyectos de energía fotovoltaica, eólica y de almacenamiento. La idea es que adquiera el 30% de cada nueva planta, a precio de coste.

Los beneficios que den las renovables se repartirían así: la mitad iría a una cartera de inversión diversificada, mientras que la otra mitad serviría para construir un parque público de vivienda en alquiler —el Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit habitacional acumulado en este país— y para rehabilitar edificios sin derrama. “Un piso de 75 metros cuadrados se paga con un alquiler de unos 470-510 euros al mes”, argumenta el plan, cuya presentación coincide con el llamado a las urnas en España, un adelanto electoral motivado por la crisis de la vivienda, con algunas plazas y calles españolas ocupadas por centenares de miles de manifestantes. 

Y la rentabilidad del fondo, imitando el modelo noruego, iría a pagar las pensiones: a partir de 2040, cada año se destinaría a este fin un 3,5 % del valor de la cartera (en Noruega la regla fiscal limita el dinero que el Estado puede retirar del fondo al 3%, que es la rentabilidad anual estimada a largo plazo). 

La campaña aspira a que los partidos políticos se apropien de la idea y la formulen de acuerdo a las consideraciones de cada uno. “Más que definir una receta muy concreta, lo que proponemos son distintos mecanismos que podrían hacer que esto funcione”, afirma Peña.

En Noruega, el fondo soberano cuenta con un consenso amplio entre la sociedad: el debate en torno a su existencia se centra en cuánto dinero retirar, o en qué empresas se debería o no invertir  —y para ello cuenta con un consejo de ética que marca líneas rojas—, pero ningún partido, ni siquiera los más extremistas, ha amenazado nunca con extinguir este instrumento. 

Además de la educación, la sanidad o las pensiones, en el caso de Noruega el dinero del fondo del petróleo, paradójicamente, ha servido para acelerar la transición ecológica. Por ejemplo, incentivando movilidad eléctrica con ayudas y exenciones de impuestos en la compra de vehículos eléctricos que han colocado al país escandinavo en la cabeza de esta transformación del parque móvil.

“Tenemos el ejemplo de Reino Unido y de Noruega con un mismo recurso: el petróleo del Mar del Norte. Noruega creó este mecanismo de riqueza generacional. Reino Unido, no. Reino Unido ahora no tiene nada, solo las tasas que se pagasen en su momento, y Noruega tiene el pilar de uno de los mejores Estados de bienestar del mundo, generando riqueza para las generaciones”, resume Peña. “Creo que es simplemente una opción más inteligente como país”.

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