Perder la centralidad

 Llegó Feijóo a la arena nacional para ocupar la centralidad y, cuatro años después, ha asumido con absoluta naturalidad lo que en otros tiempos hubiera sido vergonzante para cualquiera que orbite la vida pública con un mínimo de responsabilidad. Así ha abrazado la “prioridad nacional”, ese eufemismo acuñado por su socio de la ultraderecha para definir lo que, en realidad, no es más que discriminación, racismo y xenofobia. Conste que no es el único marco que el PP ha asumido por su dependencia de Vox desde que los de Abascal aterrizaron en la arena nacional. Antes, fue el expolio fiscal, la violencia doméstica, la dictadura feminista, los postulados medioambientales e incluso la justificación o el silencio cómplice del acoso y la violencia que los agitadores de guardia ejercen contra periodistas y políticos del ámbito progresista.

La realidad nacional, que niega a los extranjeros que viven entre nosotros los derechos que todos tenemos, es una expresión tan diabólica que abochorna incluso a algunos barones del PP, que se preguntan estos días qué fue de aquel propósito de Feijóo en el arranque del curso político de hace dos años, para seducir a los votantes moderados que le faltaron en 2023 para llegar al Gobierno. Recuerdan varios interlocutores genovistas que su jefe de filas les animó en diferentes reuniones a arrebatar a Sánchez banderas tradicionalmente blandidas por la socialdemocracia como el derecho a la vivienda, la conciliación familiar, los servicios públicos, las políticas sociales o las dificultades de los jóvenes para independizarse y planificar un futuro. 

En octubre de 2023, por ejemplo, reunió en Génova a las consejeras de Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos del PP y se conjuró para llevar al centro de la agenda política los asuntos que afectan a la vida de la gente. Tres años después, el resultado es que el principal partido de la oposición, no ha tenido más estrategia que el ataque a Pedro Sánchez, un presidente al que llegó a considerar ilegítimo. Sin más proyecto ni alternativa que no fuera el no a todo, ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados de la Dana, las subvenciones al transporte público, la subida del SMI, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministro a los consumidores. 

Esta misma semana, ha vuelto a hacerlo contra el real decreto impulsado por el Gobierno que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. “Un naufragio más de nuestro eterno viaje al centro”, se lamenta un ex dirigente popular en alusión a la pregunta que solía hacerse Alfonso Guerra, con su habitual destreza para destruir al adversario con la palabra, sobre de dónde vendrían los del PP que llevan tantos años viajando al centro y no terminan de encontrarlo.

En realidad, conviene establecer una distinción entre lo que significa ganar el centro político y lo que es ganar la centralidad porque lo primero es una mera posición dentro del eje izquierda-derecha y lo segundo es algo que tiene más que ver con el discurso político y lo que es relevante llevar a la conversación pública. Perder la centralidad es perder la capacidad de influencia sobre de qué se habla y cómo se habla y es también perder el interés por lo que preocupa a la gente. Es ignorar por completo cuáles son las cuestiones públicas de urgencia.

La vivienda, sin duda, es una de ellas. Pero, a juzgar por sus intervenciones en el Congreso, a Feijóo no le inquieta lo más mínimo. Dato: entre diciembre de 2024 y abril de 2026, ni una sola de sus preguntas al presidente del Gobierno en las sesiones de control de los miércoles han tenido que ver con el asunto.

Aquí van algunos de sus desvelos semanales:

 -¿Cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente? (18/12/2024)

-¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España? (12/02/2025)

-¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles? (19/02/2025)

-¿Cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política? (26/02/2025)

-¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles? (19/03/2025)

-¿Ejerce usted todas las competencias que le corresponden según la Constitución? (26/03/2025)

-¿Cree que España merece la agonía de su desgobierno? (07/05/2025)

-¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles? (14/05/2025)

-¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran? (21/05/2025)

-¿Cree que España merece tener un Presidente del Gobierno como usted? (11/06/2025)

-¿Le queda algo de respeto por los españoles? (18/06/2025)

-¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás? (10/09/2025)

-¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno? ( 17/09/2025)

-¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente? (15/10/2025)

-¿Ha renunciado a gobernar? (22/10/2025).

-¿Va a decir la verdad? (29/10/2025)

-¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un Presidente del Gobierno de España? (11/02/2026)

-¿Quién sigue confiando en su Gobierno? (18/03/2026).

-¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles? (25/03/2026)

-¿Cree que el Gobierno hace que España funcione? (22/04/2026).

Derribar la prórroga de los alquileres, como recordó el ministro Pablo Bustinduy, deja “a la intemperie” y aumenta el hartazgo de una ciudadanía, incluida la que vota PP, que ve cómo la política se desentiende de sus problemas solo por cerrazón ideológica.

En realidad no es solo la vivienda. Al PP le interesan poco o nada las políticas sociales, ante las que en esta legislatura ha desarrollado un patrón permanente de desinterés o bloqueo, como demuestra que en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, la Comisión de Derechos Sociales sólo fuera convocada cinco veces, en todo 2025. Una parálisis que no es casual y que, para la senadora socialista y portavoz en dicha comisión, Marta Arocha, “coherente con su manera de entender las políticas sociales”.

En un artículo publicado recientemente, la parlamentaria del PSOE recuerda que, por ejemplo, en materia de dependencia, los datos son claros: con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado hasta los 3.800 millones. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes, “las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP”. Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. “No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas”. añade Arocha.

Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía porque, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.

Y todo responde a una concepción ideológica de menosprecio por lo público con la que más que seguir buscando el centro y la moderación que no termina de encontrar, Feijóo ha abandonado definitivamente la centralidad del debate público para llevar las obsesiones de su sincronizada mediática de guardia a la conversación diaria. Por ejemplo, ese déjà vu del traumático federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 relatado en su día en vivo y en directo por todos los medios de comunicación y que ahora se presenta, 10 años después, como la gran revelación de la historia del periodismo contemporáneo. 

Por si hicieran falta más ejemplos, desde que gobierna Sánchez hasta hoy, el PP de Feijóo ha votado en contra o se ha abstenido 36 veces ante asuntos de gran relevancia social que afectan a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, el decreto por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo; la prestación por desempleo para las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas relacionadas con el COVID-19; las medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables; las destinadas a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; el «mecanismo ibérico» que llevó a una importante reducción de los costes de la electricidad; las becas y ayudas al estudio; la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género; la transposición de la Directiva Europea sobre a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; la prórroga de bonificaciones en el IVA de los alimentos, la electricidad y el gas; la congelación de las cuotas de autónomos o las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

El menosprecio por las políticas sociales, las obsesiones de sus terminales mediáticas y su dependencia de Vox arrastran al partido a un camino sin retorno y muy alejado de un proyecto político ilusionante con el que conquistar siquiera a su propio electorado.