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El delegado de Gobierno avisa a Vox, que gestionará la política de menores migrantes en Extremadura: “Se cumplirá la ley”

José Luis Quintana ha visitado la sede de la Fundación Ruy López, en Almendralejo

elDiarioex

30 de abril de 2026 14:31 h

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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido su “preocupación” e “intranquilidad” por que Vox gestione los asuntos sociales y, en concreto, de los menores migrantes no acompañados en la comunidad, y ha advertido de que el Gobierno central “va a estar muy atento” para que se cumplan todas las leyes.

En una visita este jueves a la Fundación Ruy López de Almendralejo (Badajoz), que trabaja con migrantes en el proceso de regularización extraordinaria y ha sufrido dos ataques racistas en la última semana, Quintana ha denunciado los discursos “insolidarios” que promueven “grupos radicales” como Vox. “Son humanos igual que nosotros”, ha aseverado refiriéndose a las personas migrantes, al tiempo que defiende que Extremadura es una región “solidaria” frente a estas posturas.

Sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, ha señalado que es una “forma humana de reconocer” la situación de personas que ya residen en España sin regularizar.

Además, ha condenado los “discursos racistas y xenófobos”, que vincula con los ataques sufridos por la Fundación Ruy López en los últimos días. Esta entidad ya ha tramitado más de 200 expedientes en la comarca de Tierra de Barros, pero este miércoles tuvo que paralizar su actividad durante horas tras un segundo ataque que provocó la inutilización de la cerradura mediante silicona, a lo que se suma las pintadas de la frase ‘Stop invasión’.

Sobre estos hechos, el delegado ha indicado que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación, aunque ha reconocido la dificultad para identificar a los autores en casos como las pintadas. No obstante, ha asegurado que se ha solicitado un refuerzo de la vigilancia para tratar de detectar a los responsables de estos actos.

En Extremadura, entre 3.000 y 4.000 personas podrían acogerse al proceso de regularización antes del plazo límite del 28 de junio. 

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