Vivienda: derecho o negocio

Un bien de primera necesidad, además de un derecho cada día más difícil de conquistar para miles de españoles. Para quienes lo han olvidado o quienes solo invocan la norma suprema a conveniencia, recordemos que la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo. También dice que es a los poderes públicos a quienes corresponde promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación. Has leído bien: impedir la especulación. 

He aquí la cuestión: derecho o negocio; intervención o libre mercado. Cuando hablamos de una emergencia nacional y una crisis habitacional sin precedentes, que es ante lo que nos encontramos, la respuesta debería ser obvia: una decidida apuesta por lo público. Sin embargo, el debate está servido desde hace décadas y la confrontación vuelve a ser un hecho. Esta vez a cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España con una dotación de 7.000 millones -el triple que la anterior- y la airada respuesta que ha dado la derecha. 

La más sonora, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, para marcar la senda por la que debe transitar Feijóo. Lo que subyace de todo ello son dos modelos, dos formas de entender la economía y dos apuestas muy distintas sobre lo que se entiende por vocación de servicio público. La indómita baronesa se sitúa otra vez en la trinchera, pero esta vez ante un asunto que afecta de lleno a miles de madrileños que no pueden acceder al mercado de la vivienda en propiedad o en alquiler. Su no a todo lo que venga de Pedro Sánchez le ha llevado en las últimas 48 horas primero a rechazar los 1.100 millones de euros en fondos estatales para la construcción, rehabilitación y protección de casas en la Comunidad de Madrid y, después, a sostener que ya decidirá al respecto “cuando llegue el momento”. 

O le sobra dinero en las arcas regionales o le falta sensibilidad para con sus ciudadanos. Lo primero es dudoso porque por la mañana anuncia bajadas de impuestos; por la tarde, pide más financiación al Gobierno y por la noche, renuncia a una quita de la deuda de más de 6.000 millones de euros. Lo segundo es más probable teniendo en cuenta su disposición a ser tenedora consorte, ya que disfruta de una vivienda de lujo en Chamberí que compró su pareja supuestamente con el pelotazo de la venta de mascarillas en pandemia, además de un ático en la planta superior a la primera y ahora se encuentra en búsqueda activa para adquirir una tercera casa en propiedad en el mismo distrito, donde el metro cuadrado se vende al módico precio de 8.990 euros. 

La presidenta debe ser de las pocas madrileñas que no tiene obstáculo para adquirir no una casa , ni dos, sino tres. En el fondo lo que libra una vez más es una guerra sin cuartel contra lo público porque su apuesta siempre fue el libre mercado, la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Lo ha hecho con la sanidad, con las universidades, con la formación profesional y, ahora, con el acceso a la vivienda y las medidas para mejorar la regulación, frenar el auge de los precios y garantizar su función social.

El argumento con el que Ayuso anota un nuevo “no” a todo lo que llegue del Gobierno de España no es que la dotación le resulte insuficiente, que la burocracia pueda desesperar a los solicitantes o que los plazos sean dilatados. Nada de eso. Su reserva es que el plan estatal invade sus competencias. No es en absoluto cierto, pero lo que le inquieta es que el programa incorpora un cambio de paradigma en las políticas de vivienda y establece que ni un solo euro de financiación pública podrá destinarse a casas que en el futuro puedan acabar en el mercado libre. Más claro: la protección pública será a perpetuidad. Rechaza además que el plan establece un sistema de corresponsabilidad entre administraciones para que el 60% de la inversión sean aportaciones directas del Gobierno y el 40% restante corresponda a las Autonomías. Tampoco asume que una de las condiciones para recibir los fondos sea que las Comunidades compartan los datos de las fianzas para seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios. Y menos que se establezcan cláusulas antifraudes para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes para que no pase lo que en Alicante, donde las viviendas se las repartían políticos del PP, altos funcionarios y técnicos municipales. 

A la cabeza en descalificación de VPO

La Comunidad de Madrid lidera en España la descalificación de vivienda protegida. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 84,14 % de las viviendas impulsadas por el gobierno de Ayuso en el período 2021-2023 han sido desarrolladas por promotores privados, además del 89% de las construidas en la última década. Solo el 15,86% en el período 2021-23 y el 11% en la última década fueron de promoción pública.

El plan aprobado este martes en Consejo de Ministros es innovador, ya que por primera vez el Gobierno no se limita a hacer exclusivamente de pagador de las Comunidades Autónomas, sino que asume la coordinación y la dirección de la política de vivienda para evitar que el dinero que transfiere para facilitar el acceso al alquiler o la compra acabe destinado a otros fines bien distintos, que es lo que ocurría hasta ahora. Y el cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras a garantizar un derecho constitucional, aunque el grueso de las competencias siga en manos de las Autonomías.

El reparto de los fondos está sujeto a un compromiso de ejecución de triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho a una vivienda por encima de la especulación y el lucro. Andalucía sería la más beneficiada, con 1.197 millones, seguida de Madrid 1.113; Catalunya, con 1.015 y Valencia, con 798. De momento, con la excepción de Galicia, que recibiría 399 millones de euros y no ha puesto objeción al plan, el resto de Comunidades gobernadas por el PP ha dejado en el aire si se acogerá a la iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Sin duda, la más vehemente en el rechazo, Ayuso. Su celo competencial sería un argumento inapelable si los resultados de su política de vivienda hubieran dado algún resultado, lo que no ha ocurrido en todos sus años de mandato. De hecho, el llamado Plan Vive que anunció por primera vez en su pre campaña electoral de 2019 como medida estrella y con el que prometió la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias en régimen de alquiler a precios de entre 300 y 600 euros mensuales ha resultado claramente fallido. 

Siete años después, la previsión hasta final de la actual legislatura en 2027 se ha reducido a 13.000 viviendas, de las cuales poco más de 5.000 se encuentran disponibles para entrar a vivir. Los resultados de su política neoliberal no han servido más que para elevar los precios, tensionar el mercado, proteger a los especuladores e imponer trabas a los sectores más vulnerables y con menor renta. Los datos una vez más hablan por sí solos. Pasen y lean: 

❗❗El precio de compra creció en Madrid un 13,4% en 2025, según datos del INE.

❗❗Madrid roza ya los  5.960 €/m² en marzo de 2026 habiendo barrios, como el distrito de Salamanca, donde el precio por metro cuadrado supera los 10.000 euros

❗❗Si la compra es inaccesible, el alquiler tampoco es una opción más fácil porque los precios también son prohibitivos al situarse en torno a 23 €/m² en lo que llevamos de 2026. En términos interanuales, el incremento ronda el 9–10% de forma sostenida

❗❗Una familia media tiene que dedicar ya el 38% de sus ingresos al alquiler cuando los estándares sitúan el umbral de esfuerzo razonable en torno al 30%. 

❗❗Hay zonas donde el mercado está directamente desbordado registrando subidas del 26% en los tres primeros meses de 2026, como es el caso del municipio de Leganés. De un 22,5% en Getafe y hasta 42,6% en Parla en el último un año 

❗❗Si a ello se le añade que el parque de vivienda público en Madrid apenas llega al 1%, y el fracaso del llamado Plan Vive, la hoja de servicios de la derecha que gobierna la Comunidad desde hace más de 30 años no precisa de mucho más análisis, salvo para recordar que el proyecto estrella que Ayuso presentó como panacea ha resultado un fracaso estrepitoso, ya que el 28% de los 157.000 solicitantes renunció a la oferta por no poder pagar un alquiler que supera los 700 euros al mes.

❗❗El mercado en Madrid no está orientado para garantizar un derecho, sino para fomentar el negocio y la inversión de los grandes patrimonios, como demuestra que el 40% de las operaciones de compra se realizaran en 2025 sin financiación, a pesar de que los precios crecieron un 16,5%

Precios prohibitivos, alquileres inaccesibles, escasez de vivienda pública y una política articulada para el crecimiento de la compra de lujo es el resultado de los 7 años de un gobierno propagandista como el de Ayuso que, además, acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre a su fallido Plan Vive en diferentes municipios. De hecho, miles de personas se han visto afectadas por las estrictas y elitistas condiciones de acceso que han causado rechazos y listas de espera eternas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, quien ha denunciado en estos años que quienes sí han podido acceder a una casa han tenido que hacer frente a precios excesivos, costes añadidos y graves desperfectos. 

Y por si fuera poco, en 2024 el gobierno de Madrid actualizó los precios de las viviendas con protección pública y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos varían desde el 26% hasta el 56% de tal modo que en algunos municipios ya sale más económico comprar una vivienda de promoción privada que pública. Pero, luego Piove, porco governo (de Sánchez, claro).