El Gobierno de Ayuso se opone al Plan Estatal de Vivienda: “Invade competencias”
El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros. A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos en el periodo anterior. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas” y que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.
El Plan Estatal será votado en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, que debe celebrarse el próximo mes de mayo. Y por primera vez el Gobierno central impone condiciones a las Comunidades para transferirles fondos. La primera condición es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de ser VPO en unos años. La segunda es que las Comunidades deben cofinanciar en un 40% este plan, es decir, sumar fondos propios a estas transferencias. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”.
Pese a la oposición frontal del consejero de Ayuso, fuentes de la consejería dejan en el aire acogerse al Plan. “El voto no lo dirimiremos hasta la conferencia sectorial de presidentes”.
La tercera condición impuesta por el Ministerio de Vivienda es que las comunidades compartan más datos sobre vivienda. Para Rodrigo, sin embargo, se trata de una medida que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda.
“O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha resumido el consejero. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, ha añadido el Consejero, que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”.
“En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendemos otras cosas. Defendemos respetar las competencias autonómicas, aumentar la oferta, no intervenir el mercado, colaborar con el sector privado para generar vivienda asequible y no depender permanentemente de la administración”, ha dicho.
Como respuesta, además, el Gobierno autonómico ha anunciado que aprobará esta semana una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda, que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible. Prevé además rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, subir el límite de edad de los avales a hipotecas a los 50 años y facilitar la transformación de oficinas en viviendas para que sumen 8.000 nuevos pisos al mercado. El programa Mi Primera Vivienda, además, aumentará su máximo subvencionable hasta los 425.000 euros.
En lo que respecta al Plan Estatal, la intención es repartir 7.000 millones entre las Comunidades, el 40% para vivienda pública, el 30% para rehabilitación y el 30% restante para otras ayudas como ayudas a jóvenes o al medio rural para combatir la despoblación.