La Fiscalía afirma que el Gobierno canario puede impulsar la reagrupación de menores migrantes separados de sus madres

Aissa Didla, que llegó en patera a Fuerteventura, fue separada de su hijo mayor al tocar tierra.

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La Fiscalía General del Estado ha explicado que la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias es competente para "valorar la conveniencia de mantener la situación de separación" entre los menores y sus madres tras su llegada a la islas después de atravesar la ruta migratoria atlántica, o bien "acordar, en cualquier momento, la reagrupación familiar si lo considera procedente", pero siempre bajo la supervisión del Ministerio Público, que puede "controlar" sus actos o recurrir ante los tribunales sus decisiones.

La Fiscalía ha emitido un comunicado después de que al menos diez niños fueran separados de sus madres por orden de la Fiscalía de Las Palmas para confirmar a través de prueba de ADN su relación de filiación. El Ministerio Público justifica este protocolo porque desde finales de 2019 se ha constatado "en un número alarmante de casos" que una mujer desaparecía con quien decía era su hijo, una filiación que desmontaba los resultados de los análisis genéticos. Se trata del fenómeno que según la Fiscalía se conocía como "niños ancla" y "urgía proteger a los menores del riesgo de ser objeto de utilización para otros fines, o incluso para favorecer situaciones de trata", añade.

Además, matiza que el protocolo "estaba y está concebido con carácter temporal", pues se fija "hasta que se descarte la existencia de riesgos graves para los menores que pudieran llegar en las mismas condiciones". Y la instrucción de la Fiscalía de Las Palmas "únicamente implica la puesta de los menores, a excepción de los lactantes, a disposición de los centros de protección de menores dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, ante la situación de riesgo y posible desamparo de los mismos".

"En todo caso, la instrucción de la Fiscalía lo que ordena es poner a disposición de la autoridad administrativa competente a los menores en riesgo, para que sea esta quien evalúe la situación y adopte las decisiones oportunas con los criterios legales establecidos en función de las circunstancias individualizadas de cada uno de ellos", señala la nota.

Pero en estos momentos, la Fiscalía dice que "la desmesurada presión migratoria" en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas, está provocando "grandes retrasos" en la notificación de los resultados de las pruebas de ADN que se llevan a cabo por parte de la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo.

"Para paliar esta situación" recuerda que en una reunión mantenida el pasado 5 de octubre con la Delegación del Gobierno, la Dirección General y la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía propuso los técnicos de los centros de protección que emitieran informe respecto de la situación detectada entre los menores y las personas que afirmaban mantener un vínculo familiar, "de forma que la Dirección General, en el ejercicio de sus competencias, pudiera acordar la reagrupación familiar si así lo estimara procedente".  

En este sentido, el Ministerio público añade que la Fiscalía de Las Palmas "no ha dejado de evaluar diariamente la situación" y, "de una manera dinámica", dice que está adaptando unos criterios de actuación que serán "objeto de revisión una vez haya constatado la desaparición del riesgo que motivó su decisión". En cualquier caso, recomienda que "se procuren espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores mantengan la situación de convivencia, priorizando, como no puede ser de otra manera, el interés superior del menor". 

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21 de octubre de 2020 - 22:43 h

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