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Los 86 migrantes retenidos en una nave del Puerto de Las Palmas serán atendidos por una ONG tras 72 horas bajo custodia policial

La nave del Puerto de Las Palmas en la que pasan 72 horas las personas llegadas en patera para que la Policía Nacional proceda a su filiación.
  • La Delegación del Gobierno ha habilitado un nuevo recurso después de que Cruz Roja advirtiera de la falta de medios para atender a estas personas durante la cuarentena obligatoria de 14 días que deben pasar al llegar a España 

Las 86 personas que llegaron en patera a Gran Canaria entre el 25 y el 26 de mayo serán trasladadas este viernes a las 14.00 horas a un espacio asistido por una ONG, después de pasar 72 horas bajo custodia de la Policía Nacional retenidas en una nave del Puerto de Las Palmas. Uno de los migrantes de este grupo ha dado positivo en COVID-19. Según ha podido saber Canarias Ahora de fuentes oficiales, el hombre será desplazado a un recurso donde permanecerá aislado. Las pruebas también se han realizado al resto de migrantes, que han dado negativo.

El presidente de Cruz Roja en el Archipiélago, Antonio Rico, ha señalado a este periódico que la ONG trasladó a la Delegación que no tenía más recursos para atender a las personas que llegan por vía marítima a las Islas durante la cuarentena obligatoria de 14 días que deben pasar al llegar a España. Un confinamiento que ordenó el Ministerio de Sanidad el pasado 11 de mayo. Así, Rico ha matizado que este mismo jueves la Delegación habilitó un nuevo establecimiento a donde los adultos que actualmente se encuentran en el Puerto de la capital "podrían ser trasladados".

El objetivo es que su paso por la nave sea solo para proceder a su filiación. Un procedimiento mediante el cual los agentes de la Policía Nacional identifican a cada uno de los migrantes. "A veces no es necesario que se cumplan las 72 horas para que estas personas, que no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa, sean puestas en libertad", explica el juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera. El magistrado añade que este margen temporal solo sirve para fijar un límite. 

La nave habilitada en el Puerto de Las Palmas ha sido la alternativa que la Delegación del Gobierno ha encontrado a las comisarías, donde hasta este martes los agentes filiaban a los migrantes. Las reivindicaciones de la Confederación Española de Policía, de las entidades sociales expertas y el positivo de uno de los retenidos en el calabozo de la Comisaría de Maspalomas han hecho que, durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, su identificación no se realice en dependencias policiales. Con el traslado de las 86 personas a establecimientos atendidos por ONG, el lugar quedará vacío para nuevas llegadas. Fuentes policiales han adelantado a este medio que se prevé la llegada en los próximos días de dos nuevas pateras que partieron desde Mauritania. 

Ante la previsión de nuevas llegadas de pateras y cayucos a costas, la Delegación del Gobierno ha afirmado que trabaja en el refuerzo del protocolo de primera acogida a pie de playa, aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo plan. Este planteamiento se produce después de que se hayan detectado cuatro positivos de COVID-19 en las Islas entre las personas llegadas en patera. Uno de ellos menor y acogido por el Gobierno de Canarias, que ha recordado que este domingo se harán de nuevo los test tanto al joven como a quienes han tenido contacto con él para controlar la evolución del virus. 

Fuentes especializadas en el acompañamiento a población migrante han detallado a Canarias Ahora que en la nave donde se ubican actualmente las más de 80 personas que llegaron esta semana a Gran Canaria duermen en las mismas colchonetas de los calabozos, tienen el mismo régimen de comidas que en la comisaría, cuentan con cuatro baños y una ducha que fue restaurada después de que fueran realojadas. También han sido los agentes los encargados de barrer el suelo de la nave. 

La falta de recursos estables para alojar a migrantes durante su estancia en Canarias, un punto de paso en su proyecto migratorio, se suma a las dificultades y al bloqueo a su reagrupación familiar, a la continuidad de su viaje o a su traslado a espacios de acogida de otras comunidades autónomas. Ambos factores impiden la liberación de plazas de acogida. El pasado mes de marzo, este periódico publicó los obstáculos con los que se encontró un grupo de malienses solicitantes de protección internacional para trasladarse a la Península, a pesar de que múltiples resoluciones judiciales avalan su libertad para moverse dentro del territorio nacional.

Fuentes del Ministerio del Interior han subrayado en declaraciones a esta redacción que, tanto durante la pandemia como antes de la emergencia sanitaria, no se ha previsto autorizar ningún traslado desde las Islas hasta el territorio peninsular. "La Delegación, las administraciones locales y la Secretaría de Estado de Migraciones están trabajando para lograr una buena gestión", han asegurado las fuentes del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska. 

La acogida en Fuerteventura 

Tres embarcaciones han llegado a Fuerteventura desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Poco antes de que se anunciara el confinamiento, el Cabildo insular, la Policía Nacional y las organizaciones sociales decidieron habilitar una nave cercana al muelle para evitar el internamiento de los migrantes en calabozos. Así lo ha explicado el Padre Ángel Manuel Hernández Gutiérrez, de la Misión Cristiana Moderna. 

Las 55 personas que llegaron el martes en patera a Gran Tarajal fueron realojadas en terreros de lucha. Los hombres en el de Tetir y las mujeres en el de Puerto del Rosario. Este viernes se cumplen las 72 horas máximas que pueden estar retenidos y pasarán a ser asistidos por la Misión Cristiana Moderna. Hernández insiste en que, a pesar de que su organización y Cruz Roja "tienen un plan de atención" a la población que llega en patera, espera que el Ministerio del Interior permita pronto reabrir el CIE de El Matorral que, pese a que necesita "algunas reformas" por haber estado años en desuso, puede servir para internar a migrantes para luego expulsarlos. 

El ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó el cierre del CIE de Fuerteventura en 2018 por ser un centro "fantasma" por el que el Gobierno de Rajoy pagó al menos cuatro millones de euros para servicios de alimentación, manutención, limpieza o atención médica a pesar de que estuvo vacío seis años. Además, los departamentos jurídicos de cuatro universidades españolas concluyeron en un estudio que las características de este Centro no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley, ya que las celdas eran "tipo cárcel", tanto las ventanas como las puertas tenían rejas y el baño es común y su "insalubridad", "alarmante". 

En la actualidad, los dos CIE de Canarias, Barranco Seco y Hoya Fría, permanecen cerrados y vacíos ante la imposibilidad de deportar a las personas susceptibles de expulsión con motivo del cierre de fronteras para contener la propagación del virus.

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