Agricultores, el economista González Viéitez o Podemos se desmarcan de Asprocan y piden un precio mínimo de venta para el plátano

 “Ha quedado claro que la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) no representa a todos los agricultores canarios (de plátano)”. La frase forma parte de un escrito remitido al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de España para solicitar que se mantengan los precios mínimos de venta para el plátano que cubran los costes de producción de los agricultores en las Islas. Así estaba recogido en la Ley de la Cadena Alimentaria hasta la aprobación de una enmienda presentada por Nueva Canarias tras la insistencia de la patronal del plátano.

El documento lo firma el agricultor y miembro de la asociación Amigos del Plátano Jorge Eulogio Hernández Rodríguez, que se define en el texto como “portavoz de los firmantes del manifiesto”. Y hasta la fecha, se han adherido en total, sumando a Hernández, nueve firmas: los agricultores Juan Carlos Rodríguez y Fran Garlaz, miembros de la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el plátano; Hilario Batista, responsable de la asociación agraria COAG en La Palma; el economista y agricultor Antonio González Vieitéz, que fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional en los años 90; el también economista Juan S. Nuez, investigador del sector platanero y autor del blog ‘Hojas Bananeras’, y Paco Déniz, diputado de Sí Podemos Canarias en el Parlamento regional.También lo respaldan las organizaciones políticas Sí Se Puede y Sí Podemos.

Además, la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), enmarcada dentro de la Unión de Uniones de ámbito estatal, remitió al Ministerio un documento similar el pasado lunes. Amable del Corral, presidente de Palca, dice que durante la visita del ministro Luis Planas a La Palma esta semana le preguntó si había leído el texto: “Me dijo que sí”. Se espera que se sumen más firmas y que Podemos, Bildu y Esquerra Republicana lleven la propuesta al Senado para ser debatida.

El escrito se remitió al Ministerio el 25 de octubre, semanas después de que el Congreso aprobara la enmienda transaccional presentada por Nueva Canarias que exceptúa al plátano de tener un precio mínimo fijo de venta, como marca la normativa para todos los productos, y que establece que se regulara en base a diferentes factores. En concreto, fija que, a la hora de determinar el coste efectivo de producción del plátano, se computen las ayudas directas o indirectas que perciba el productor de la explotación.

También se aprobó que las organizaciones productoras computarán el precio medio de todas sus ventas de plátano de Canarias a todos sus clientes en cada año natural. En transacciones posteriores, se considerará como coste efectivo de producción el precio pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría. Además, establece que el comprador y el vendedor tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del plátano.

Asprocan celebró esta decisión, que a su juicio enmendaba “el grave perjuicio” que causaba la Ley de la Cadena Alimentaria en el plátano de Canarias. Razón por la cual durante un año y medio ha mantenido “una intensa actividad” hasta lograr que una amplia mayoría en el Congreso respaldara su posicionamiento. En este sentido, el comunicado de la patronal del plátano invitaba a Podemos a sumarse al resto de fuerzas a favor de las demandas del sector del plátano.

Otras voces en la agricultura del plátano

Sin embargo, en el texto remitido por Hernández Rodríguez al Ministerio, se especifica que el objetivo es que el área estatal conozca “otras voces sobre el asunto (…) al margen de la oficialidad de Asprocan” y que sus propuestas sean también debatidas en el Senado. A juicio de los firmantes, el cultivo de plátano está amenazado por la competencia desigual con la banana y por la forma de proceder de la patronal del plátano, cuyas decisiones se toman “según los kilos comercializados por cada organización, no atendiendo a los agricultores”, es decir, mientras más kilos tenga un socio de la patronal, más poder tiene. “De ahí que Asprocan no represente al sector platanero de las islas en su totalidad”.

En concreto, reclaman que se elimine la enmienda de Nueva Canarias y critican “cualquier modificación total o parcial de la Ley de la Cadena Alimentaria que haya sido impulsada a espaldas de la parte social del sector platanero”. Primero, estiman que recoger las ayudas del Posei como parte del cómputo del coste efectivo de producción “da por sentado que los fondos se van a repartir de forma lineal y por kilo comercializado indefinidamente”, que se sitúa en 0,3 euros el kilo. Pero, según los firmantes, “es algo que no se puede garantizar” y demandan repartir la ayuda bajo otros criterios, como la creación de empleo, la fijación de población al medio rural o el uso de métodos de producción sostenibles. 

En el escrito también se critica que la ley permita computar como precio a cumplir por encima del coste de producción el precio medio de todas las ventas a la totalidad de los clientes de una organización de productores. Sin embargo, fijar una media anual cuando existen hasta 52 precios anuales, en función de cada semana, que además son dispares entre sí, provocaría, a juicio de los firmantes, que algunos agricultores “se pasen mucho del umbral de 0,60 euros el kilo establecido como valor promedio de coste de producción” y otros ni siquiera lo alcancen. Por ello, proponen que la media se haga por semana o por contrato.

Tampoco apoyan que la ley permita establecer el precio de compra y venta a la finalización del proceso de maduración, porque consideran que significaría dar rango normativo “a la venta a resultas”, algo “prohibido por la legislación”. Esto implica que la cadena de distribución seguirá marcando los precios “y los agricultores quedándose con las migajas del negocio”, lo que supone “una injusticia, una ilegalidad y nos dejaría peor de lo que estamos”, señala el escrito.

Por todo lo expuesto, el documento insiste en que se retiren las enmiendas a la ley que afectan al plátano de Canarias y que no se acometa ningún cambio “sin tener en cuenta las opiniones y propuestas de todo el sector productor de plátano”.