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Otra vez las agencias de rating por María Concepción Verona Martel

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¿Qué es el rating y qué poder tienen estas agencias de calificación?

El rating surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, habiéndose traducido a nuestro idioma de diversas formas, pero quizás la denominación más adecuada sea la de “calificación crediticia”, pues valora el riesgo crediticio, no solo de las emisiones sino también de los emisores, ya que ambos aspectos están íntimamente relacionados, proporcionando así información acerca de la calidad crediticia de la emisión y del emisor. Por lo tanto, a través del rating se está dando a conocer la opinión de una agencia especializada sobre la capacidad relativa de un emisor para hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago que ha asumido.

El rating se caracteriza porque las agencias lo hacen público mediante una serie de símbolos, formados por combinaciones de letras (AAA, AA,...), que se complementan con números (1, 2, 3) o con signos matemáticos (+, -). La escala de ratings se divide en dos tramos: sub-escala de inversión (ratings desde la AAA (ó Aaa) hasta la BBB (ó Baa)) y sub-escala especulativa (ratings con BB (ó Ba) e inferiores). La primera contempla aquellos emisores cuya capacidad de pago se puede considerar como adecuada (hay varios grados dentro de esta escala que reflejan la mayor o menor vulnerabilidad del emisor ante cambios en el entorno), mientras que la segunda recoge los emisores cuya capacidad de pago es incierta (también está dividida en distintos grados que reflejan un mayor o menor nivel de incertidumbre y vulnerabilidad a condiciones adversas).

El procedimiento seguido por las distintas agencias de rating (S&P, Moody's y Fitch son las tres más importantes a nivel mundial) a la hora de conceder un rating es muy similar, teniendo en cuenta variables externas a la empresa (como el riesgo soberano, el riesgo sectorial y el entorno económico) y variables internas a la misma tanto cuantitativas como cualitativas (como la posición competitiva del emisor, la solidez financiera, la estructura accionarial, el apoyo público, las características de la emisión y la calidad de la dirección), aunque, ciertamente este proceso nunca se ha caracterizado por una gran transparencia.

Pero el proceso del rating no se acaba cuando es otorgado, sino que las agencias siguen observando la evolución del emisor, con la finalidad de detectar posibles acontecimientos que afecten a su calidad crediticia. De ahí que el rating pueda cambiar, experimentando tanto bajadas como subidas, aunque en ocasiones antes de hacer este cambio prefieren poner el rating bajo vigilancia colocándolo en las denominadas Listas de Vigilancia, tomando posteriormente la decisión de modificar o no el rating que poseía el emisor. Este proceso continuará durante todo el tiempo que el emisor esté siendo calificado por la agencia de rating.

Los cambios de rating producen un fuerte impacto en los mercados financieros, especialmente las bajadas y las colocaciones en las Listas de Vigilancia con perspectiva negativa. Aquellos emisores que vean publicado que su solvencia ha disminuido quedarán muy perjudicados. En una situación de crisis económico-financiera a nivel mundial como la actual que se cuestione tal aspecto de una empresa, una comunidad autónoma o el propio Estado, ocasiona un perjuicio al afectado difícil de solucionar a corto plazo e, incluso, a largo plazo, ya que les resultará más complicado obtener financiación y ésta, a su vez, será más cara, pues la credibilidad ante los inversores se ve mermada.

Pero la cuestión está en que las agencias pueden acertar o no con las decisiones que toman, y eso ha quedado patente en esta crisis pues han sido acusadas de ser uno de sus responsables al haber calificado a productos o/y a emisores con un rating mucho mayor que el que les correspondía. Cuando aciertan, demuestran que han cumplido su función, pero cuando se equivocan las consecuencias de sus actos en algunos casos pueden ser difícilmente reversibles. Incluso, los intentos de llevar a estas firmas a los tribunales por sus errores no han fructificado, dado que ellas declaran que “solo se limitan a dar una opinión”. Por tanto, las agencias de rating, conocedoras del poder que tienen, deberían actuar de forma responsable y adoptar las medidas internas necesarias para evitar cometer los mismos fallos, tanto por su propio beneficio y reputación, como por la salud del sistema financiero mundial.

Tal vez las iniciativas del Grupo de los Veinte y de la Unión Europea de establecer una regulación estricta para estas agencias (que hasta ahora no ha existido) contribuyan a conseguir que elaboren los ratings de forma responsable y fiable, para que así cumplan con la función que teóricamente deben desempeñar, que es informar al mercado de la solvencia real de una emisión o de un emisor.

*Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, autora del libro 'El rating como evaluación de la calidad crediticia de las empresas'

María Concepción Verona Martel*

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