Bastante se mueve en lo local

Está pasando inadvertido pero quienes se empecinan en resaltar hasta el encono las discrepancias políticas de los dos principales partidos del país (PP y PSOE si nos atenemos a los últimos resultados electorales), deben saber que dirigentes de ambas formaciones mantienen una entente cordial -respaldada por la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- con tal de frenar la futura Ley de Administraciones Locales, al menos tal como eran los contenidos del borrador en el que estaban trabajando, algunos de los cuales constituían exigencias o pretensiones del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que los municipalistas consideraron inaceptables.

A la espera de que cuaje esa entente en un texto ampliamente consensuado que propicie la estabilidad necesaria para el ámbito local en una complicada situación política de presente y de oscuros horizontes en el futuro, el hecho anterior debe ser interpretado favorablemente desde el punto de vista político. En algo tendrán que ponerse de acuerdo, se dirá. Y es que PP y PSOE tienen territorios convergentes e intereses comunes en esta materia. Luego, habrán de hablar y transar con tal de superar las incertidumbres que azotan a la mayoría de los ayuntamientos cuyas alcaldías o cuyos gobiernos se reparten en un 70%. No olvidemos que esa flexibilidad debe también emplearse pensando en que los acuerdos que se alcancen afectarán también a las restantes formaciones políticas que no querrán moverse a velocidades muy distintas.

Lo cierto es que dirigentes populares y socialistas se han reunido después de que los regidores del PP advirtieran, sin grandes alharacas, su disconformidad con algunas de las reformas contenidas en el borrador del ministerio; y después de que Iñigo de la Serna, alcalde popular de Santander y presidente de la FEMP, expusiera la divergencia municipalista al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este, que fue ministro de la cosa, conoce bien las entretelas de la administración local y sabe que una rebelión con los suyos compartiendo la pancarta, en estos momentos, pudiera ser una catástrofe, se ha mostrado receptivo.

Si en las formas, hasta el momento, la cosa marcha y sustancia buenos augurios -sin campanas al vuelo, ya saben, después de la frustración para frenar desahucios-, ya veremos cuando se aborde el fondo de la cuestión.

Y en el fondo está la financiación de las corporaciones locales, de la que no se habla en el dichoso borrador, tan lleno, por cierto, de restricciones y mandatos que llegaron a asustar a los ediles conservadores. La financiación es la clave y los alcaldes quieren amarrarla, no sea que, con la nueva Ley, prosigan las penurias. Si con los recursos a su alcance resulta imposible exprimir más para que aumenten los ingresos, habrán de aguardar a los porcentajes que fijen el propio Estado y las Comunidades Autónomas. La participación en los ingresos estatales y autonómicos resultará decisiva en el futuro para que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios que, competencialmente, no les corresponden.

Esto hay que conectarlo a otro de los grandes acuerdos que deberían plasmarse en la futura norma: la delimitación de funciones o la reasignación de competencias que, por supuesto, deberán contar con su propia financiación. Téngase en cuenta que, según cálculos de la FEMP, hasta un 25% de sus presupuestos dedican los consistorios a financiar las se conocen como “competencias impropias”. Pero ahí, partiendo de que las Comunidades Autónomas tampoco andan sobradas, y aunque el presidente Rajoy se haya mostrado inicialmente de acuerdo con el planteamiento, estriban las principales dificultades. Ojalá que el debate, en esa materia concreta, no se encrespara y produjera resultados satisfactorios.

Hay otros aspectos relevantes, por supuesto. La representación de los munícipes, por ejemplo, se opone con firmeza a esa pretendida reducción de un 30% del número de concejales. La parte de razón que la asiste es la merma de representación política, lo cual no obsta para replantearse a fondo los esquemas de funcionamiento de los gobiernos locales teniendo en cuenta el traspaso de competencias o la externalización de los servicios. Pero eso vendrá a posteriori y dependerá de cada caso concreto.

Que los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasen a depender de las Diputaciones tampoco gusta en la órbita municipalista. Pérdida de identidad y de autonomía. La fusión, por otro lado, empieza a ser palabra tabú y la alternativa de municipios mancomunados requiere, además de negociación, tiempo y cultura.

Finalmente, una referencia al sueldo de los alcaldes -por extensión habrá que regular también el de todos los ediles- que, con arreglo a criterios poblacionales y presupuestarios, requiere otro acuerdo intermunicipal para despejar desequilibrios escandalosos y para fijar criterios retributivos dignos que se correspondan con la dignidad del ejercicio político del cargo que se ostenta.

Pendientes de los acuerdos que se logren, el nuevo año, desde luego, se perfila determinante en el futuro del ámbito local español.