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Carta al senador por Lanzarote

En los últimos días he asistido con asombro y perplejidad a su intervención en el Senado defendiendo el sistema informático de justicia Lexnet.

Quiero transmitirle el absoluto descontento de los profesionales de la Abogacía por la falta de respeto mostrada por el Ministerio de Justicia hacia nuestro trabajo, ya que desde su implantación, el Lexnet no ha funcionado correctamente. Esto ha sido así durante un periodo continuo suponiendo una pérdida considerable de tiempo en nuestras jornadas de trabajo, algo que me asombra usted desconozca.

Más perplejidad aún me produce que usted defienda el sistema como representante de la isla de Lanzarote sin sentarse previamente a hablar o preguntar lo que opinamos de este asunto a los profesionales de la Justicia. Habría sido un detalle de talante democrático antes de tan magna defensa del Lexnet haberse reunido con el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, la Asociación de Jóvenes Abogados de Lanzarote o el Colegio de Procuradores.

Resulta especialmente grave defender en las Cortes un asunto tan importante sin sondear la opinión de los que sí sufrimos día a día en la isla -como en todo el país- la dejadez del actual ministro, que a este paso hará bueno a Gallardón, cuando ya pensábamos que lo peor que le había pasado a la Justicia española eran las tasas judiciales que finalmente fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Permítame recordarle que Lexnet se creó en la etapa socialista con la idea de solucionar uno de los mayores problemas de nuestro sistema de Justicia, su lentitud. Su puesta en marcha no se produjo hasta el 1 de enero de 2016, ya con un gobierno del Partido Popular que ha demostrado sobradamente una nefasta gestión de este sistema de comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia.

Supongo que sabrá que son diarias las fotografías a modo de denuncia en las redes sociales de juzgados repletos de expedientes en papel, así como los ya reiterativos comunicados y quejas de los distintos operadores jurídicos, sin obviar el incidente de mayor gravedad en el que se ha encontrado la Justicia española contemporánea con la exposición y filtración de datos confidenciales de procedimientos y la falta de independencia entre poderes.

Le animo a que, más que defender lo indefendible, de manera constructiva, contrastada e informada, busque soluciones, para lo que siempre tendrá tendida la mano de los profesionales en Lanzarote.

Reciba un cordial saludo,

Tomás Silvera Cabrera

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