El chantaje de Spínola

Allá por marzo, denuncié la maniobra discriminatoria que el progresista Spínola había perpetrado contra los derechos de más de 3.000 empleados del Gobierno de Canarias, violando derechos constitucionales y transgrediendo leyes europeas y españolas. Como era de esperar, los tribunales ya han empezado a ponerle las peras al cuarto a ese ataque en toda regla a los trabajadores.

Spínola sigue erre que erre intentando tomarnos el pelo a todos con la fabulación de que tuvo que optar entre 800 despidos o el recorte de salarios a un colectivo, el más débil y peor pagado, prefabricado artificialmente por el propio Gobierno, ya que en muchos casos había más similitud entre la situación jurídica de muchos afectados y muchos no afectados por el recorte -por ejemplo entre los trabajadores indefinidos (afectados) y los fijos (no afectados)- que la existente entre la de muchos de los empleados perjudicados por la medida.

Porque la disyuntiva real, si se trataba de “o despidos o recorte salarial”, era la de aplicar un recorte moderado a todos los empleados públicos de la comunidad o, discriminatoriamente, el 20% a un colectivo artificial y arbitrariamente diseñado por el Gobierno. Pero Spínola, que tiene un particular instinto para ponerse siempre del lado de los más fuertes, no pudo con su condición, se dejó llevar por su querencia y atacó a los más débiles.

Ahora está simplemente chantajeando a los trabajadores perjudicados porque cree que necesitan el dinero que se les descontó ilegalmente. Se ampara en los efectos de la crisis y en las dificultades económicas de la mayor parte de los afectados. E intenta cometer un abuso procesal, chantajeando con alargar hasta el infinito -a pesar de que no tiene la menor fundamentación jurídica- los procesos judiciales interponiendo todos los recursos disponibles.

Y prevaliéndose de la posición privilegiada de la administración para crear una situación de facto, la del perjuicio económico ocasionado a los trabajadores, que forzará a los injustamente damnificados a tramitar costosos y lentísimos procesos para obligar al Gobierno a cumplir con la legalidad. Spínola actúa a sabiendas, “incrustando en el corazón del proceso todo ese cinismo, como un germen maligno”, como decía el inolvidable García de Enterría.

En realidad, lo que Spínola teme es el pronunciamiento de los tribunales que ponga en negro sobre blanco el talante y los manejos antisociales que demuestran toda esta maniobra. Por eso les exige, para redondear el chantaje, que renuncien a las acciones judiciales ya interpuestas o futuras.

No sólo violentó el derecho de igualdad con un recorte discriminatorio. No sólo pervirtieron el procedimiento legislativo, para colar por sorpresa en la Ley de Presupuestos una medida discriminatoria e inconstitucional, sin permitir a los grupos parlamentarios ejercer su derecho a enmendarla. No solo violaron el Estatuto de los Trabajadores y las competencias legislativas del Estado para cometer una iniquidad.

Por si fuera poco, ahora chantajea a los trabajadores perjudicados con la amenaza de frustrar también su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, parapetándose en la privilegiada posición de la aAdministración para obligar a los trabajadores públicos a afrontar una carga procesal injusta, costosa y humillante; pero que a él, a Spínola, no le costará nada usar los servicios jurídicos del Gobierno a modo de guardia pretoriana porque los pagamos todos los ciudadanos.

Para empeorar lo inempeorable, invoca el “sentido común” como pretendida justificación de su exigencia/chantaje. Y quién define el sentido común: ¿Spínola? A estas alturas debería saber el consejero de Justicia que en un Estado de Derecho y una sociedad democrática, la actuación de los poderes públicos sólo debe responder a un sentido: el pleno respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (arts. 9.1 y 103.1 de la Constitución).