La consulta

El Gobierno de Canarias ha convertido su oposición a las prospecciones petrolífera en aguas próximas a las Islas en objetivo prioritario. El Presidente y los partidos que lo sustentan han propuesto, en nombre de la participación ciudadana, consultar al pueblo canario si están en contra o, por el contrario, apoyan la posición del Gobierno central y de Repsol. Para que una consulta tenga validez democrática la pregunta debe ser clara, sin posibles matizaciones, en caso contrario queda desvirtuada la opinión expresada por el conjunto del cuerpo electoral pues estaría sujeta a interpretación, un hecho que restaría credibilidad a los resultados. Invocar la participación popular para justificar la consulta es obviar que la intervención de los ciudadanos y sus organizaciones en los asuntos públicas va más allá de asuntos puntuales, es algo que debe acompañar a la acción de gobierno de acuerdo con nuestro marco legal.

Sin embargo, el Gobierno canario y los dos partidos que lo sustentan se han negado, y se siguen negando, a esa participación cuando no coincide con sus objetivos electorales y económicos, con su “modelo ambiental y turístico”. El actual comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Arias Cañete dijo, cuando era ministro de Agricultura con Aznar, que el Plan Hidrológico, el de los grandes trasvases, se haría por cojones. Sin palabras malsonantes, es lo mismo que dijo Paulino Rivero con respecto al Puerto de Granadilla y por eso se negó, y se niega, a cualquier tipo de participación popular en un asunto que divide la la sociedad de Tenerife.

Los socialistas canarios, responsables del Medio Ambiente en el Gobierno están al mismo tiempo a favor y en contra de la construcción del puerto de Granadilla y unánimemente en contra de la participación ciudadana, de la transparencia y de la información. Cuando estaban en la oposición clamaron contra los cambios en el catálogo de especies protegidas, denunciaron las oscuras intenciones que tenían CC y PP, pero desde que llegaron al poder solo silencio y, gracias a eso, los obstáculos legales para la construcción al puerto de Granadilla desaparecieron. En todos estos casos se opusieron a la participación ciudadana y ahora la piden, no porque se hayan vuelto repentinamente ecologistas, es un mero cálculo electoral, solo buscan un motivo de enganche de cara a las próximas elecciones. Si les interesara el medio ambiente y la participación ciudadana no estarían llevando a cabo actuaciones que tienen un un grave e irreversible impacto en el medio natural y, por supuesto, facilitarían la participación e informarían a los ciudadanos.

Participar en esta consulta es avalar, paradójicamente, a unos partidos que no practica ni permiten la participación y que, además, muchas de sus actuales actuaciones tienen una probabilidad del 100% de causar daños irreversibles en el patrimonio canario. Incluso, los partidarios de la iniciativa gubernamental reconocen que una gran parte de la población entiende que la pregunta, tal y como está formulada, se presta a variadas interpretaciones lo que acarrearía la falta de credibilidad de sus resultados. Aunque Paulino Rivero y sus consejeros se retraten con grupos ecologistas no se convierten en defensores de la naturaleza, ni en partidarios de la economía sostenible como demuestran los hechos, solo es una coartada, una manta que utilizan para tapar sus vergüenzas. Si no quieren los hidrocarburo deberían haber empezado por un plan energético que no propusiese el gas como solución más ecológica y no estaría construyendo puertos y plantas desgasificadoras. Eso sí es competencia de la autonomía canaria ¿Por qué no lo preguntan? Las posibles extracciones no estarían justificadas éticamente si nuestro modelo estuviera encaminado a sustituir las energías fósiles por las renovables, pero no es así. No se puede justificar una negativa a las extracciones en casa mientras consumimos la que se extrae en otros sitios. No vale decir que la consulta se justifica en si misma, que la sola posibilidad de poder votar la convierte en un instrumento democrático. Para que los ciudanos votemos con responsabilidad se requiere claridad y coherencia por parte de los integrantes del órgano convocante pero, ni la pregunta es clara, ni es la coherencia la característica de estos políticos.