La corrupción y la patria

El intento de la Generalitat catalana de alcanzar la independencia le ha venido muy bien al PP para ocultar sus miserias. Un amplio sector de la ciudadanía ha visto nacer o renacer su fervor patrio y ha blandido la bandera rojigualda como reafirmación de sus deseos de unidad frente al desafío independentista catalán y en el fragor del momento ha olvidado que la Patria es también impedir que se esquilme al Estado llevándose el dinero para los paraísos fiscales para no pagar impuestos que ayudarían a levantar su país (en estos días hemos conocido una nueva lista de defraudadores) o que se sigan abriendo brechas de desigualdad social… Y, por supuesto, no aceptar que nos roben. Que la corrupción no campe a sus anchas por el corazón del Estado. Que la Patria no se construya sobre la corrupción. Pero no salimos a la calle para denunciarlo, ni votamos en consecuencia, ni utilizamos las banderas para expresar nuestra repulsa… Como si no fuera con nosotros. Ni con la Patria.

Lo cierto es que, difuminados tras las constantes informaciones, debates, tertulias y demás… sobre Cataluña y su proceso independentista, esta semana hemos conocido datos, que han pasado muy pero que muy desapercibidos, sobre la podredumbre que anida en el seno del PP. La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell afirmó el pasado 24 de octubre, en el juicio del caso Gürtel, que “la existencia de la ‘caja B’ del PP ha quedado plena y abrumadoramente acreditada” tras la vista oral, que comenzó en octubre de 2016. Y remarcó la idea de que el partido, como persona jurídica, obtuvo beneficio de los delitos atribuidos a la red corrupta de Francisco Correa. La fiscal repitió no menos de cinco veces en su alegato que esa “caja B” ha quedado “plena, abrumadora y constantemente acreditada”. Aunque la contabilidad paralela va a ser objeto de otro juicio, todavía pendiente de fecha, Sabadell recordó que en esta vista oral era “necesario y fundamental” estudiar su existencia.

También el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho Tapia, ha sido claro en la Comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP celebrada la semana pasada, afirmando que Mariano Rajoy y el conjunto de los secretarios generales del PP recibieron “indiciariamente” dinero de la “caja B” del PP. A preguntas de la diputada de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, Morocho aseguró que existen “indicios” de que la estructura del PP “respondía al perfil de una organización delictiva” por sus operaciones en la trama Gürtel, que además calificó como “corrupción en estado puro”.

Durante su intervención, Bescansa le preguntó por los receptores de pagos de la caja B que aparecen en los papeles de Bárcenas: “¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?”, le preguntó Bescansa. “Sí”, respondió escuetamente Morocho. “¿El señor Álvarez-Cascos?”, continuó la diputada. “Indiciariamente, sí”. “¿El señor Mariano Rajoy?”. “Indiciariamente, sí”. “El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular”. “Indiciariamente, sí”. “El señor Arenas”. “Indiciariamente, sí”… Morocho lamentó las presiones y querellas con las que se trató de “desestabilizar” esta instrucción y reconoció que echa en falta la creación de “un organismo central de lucha contra la corrupción” que permita ganar en eficacia en las investigaciones judiciales. También recordó las siete querellas que interpusieron contra él diferentes dirigentes del Partido Popular descontentos con la investigación desarrollada por la UDEF en el marco del caso Gürtel.

En estos días hemos visto también como se suceden las declaraciones de empresarios relatando como pagaban sus comisiones del 3 % en Génova; hemos escuchado las conversaciones inmorales de Ignacio González y Zaplana y hemos sido testigos de cómo el PP, su tesorera, su máximo responsable jurídico y su jefe de informática tendrán que sentarse en el banquillo por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. Será la primera vez que un partido político se siente en el banquillo en España como “supuesto autor de un delito criminal”.

Pero para el PP, y a tenor de lo sucedido para buena parte del país, esto no va con ellos. No podemos olvidarnos de que Mariano Rajoy se zafó, durante su declaración de casi dos horas en el juicio de la primera etapa de Gürtel en la Audiencia Nacional, de cualquier responsabilidad o mediación directa en la proliferación de esa trama durante años en el PP. Esgrimió en su defensa que él solo marcaba las directrices políticas, no contables. A tenor de las afirmaciones de la fiscal anticorrupción y el inspector de la UDEF, nos ha estado mintiendo todo el tiempo. Lo explica muy bien Joaquín Estefanía en “La paradoja del mentiroso” cuando señala que el grado de tolerancia con respecto a la mentira es un indicador barométrico de la calidad de la democracia, y se apoya en Paolo Flores D’ Arcais cuando asegura que la aniquilación de la verdad y la aniquilación de la democracia caminan al mismo ritmo, constituyen dos indicadores recíprocos y convergentes: las libertades públicas y las mentiras políticas circulan de forma inversamente proporcional.

Y esto es serio. Es muy serio. Pero no es lo más grave. En los últimos años el PP ha extendido la corrupción por las entrañas del poder. Ha contaminado gravemente la democracia. Ha sembrado de prácticas corruptas toda la geografía del Estado: Andratx, Baltar, Acuamed, Bankia, Brugal, Bárcenas, Fabra, Barberá, Púnica, Gürtel. Hügel, Naseiro, Palma Arena, Taula, Faycan, Caso Eólico…

Nadie pide perdón, nadie asume responsabilidades políticas y éticas, nadie dimite. La corrupción y el fraude se han instalado en el cuerpo social y amenazan con arrastrar hasta el abismo y subvertir la esencia de la democracia y todo el mundo mira para otro lado y se nos intenta vender la idea de que los que han provocado esta situación son la única opción de gobierno. Y una buena parte de la sociedad hace oídos sordos. Y no lo considerara un valor de la Patria. No se les puede permitir que nos gobiernen desde la premisa de las mentiras, la corrupción y el mercadeo con las instituciones y los dineros públicos. Así es imposible que un país pueda afrontar su futuro en paz, libertad y progreso.

Para el profesor Gonzalo Gamio (Tomar la corrupción en serio) “la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere de instituciones democráticas sólidas, pero también, de un sentido fuerte de ciudadanía (…) Sin ciudadanos vigilantes –y habría que agregar, sin vecinos, trabajadores, consumidores, estudiantes y feligreses vigilantes- la corrupción y el autoritarismo prosperan sin resistencia alguna, en todas sus formas y contextos” y cita a Cicerón cuando señala en “Los oficios” que las personas pueden obrar injustamente de dos maneras: activamente -cometiendo el delito- o pasivamente que es cuando se mira para otro lado a causa de la desidia, el temor, la indolencia o la complicidad.

El filósofo francés André Glucksmann asegura que el siglo XXI va a estar protagonizado por una lucha entre la democracia y la corrupción. Me temo que estamos inmersos en esa guerra y que nuestras élites políticas y financieras no tienen clara la opción. Desde luego, no parecen ser ellos los que estén dispuestos a regenerar la democracia. Aunque se les llene la boca diciéndonos que no tolerarán la corrupción, que luchan contra la corrupción. Timothy Snyder (Sobre la tiranía) nos advierte que “la democracia fracasó en Europa en las décadas de 1920, 1930 y 1940, y hoy en día está fracasando no solo en gran parte de Europa sino en otros muchos lugares del mundo. Esa historia y esa experiencia son las que nos revelan el sombrío espectro de nuestros posibles futuros”.

Para Joaquín Estefanía, “la corrupción estructural es un delito de lesa democracia, porque aquellos que tienen la obligación y el derecho de hacer las leyes (los partidos y su entorno) tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir; porque quien obtiene financiación irregular arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades, utilizando además dinero público; porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido que la ejerce, no puede estar sujeta al control social ni al control interno de la formación que supuestamente se beneficia de tan atípicos ingresos”.

Y cuando esto sucede y se demuestra ¿no se atenta acaso contra la Patria que dicen defender? Al PP se le llena la boca cuando se refiere a Cataluña diciendo que siempre hay que actuar de acuerdo con la Constitución y con las leyes. ¿En qué parte de ellas se permite el robo a la Patria? Snyder dice que “un patriota quiere que la nación esté a la altura de sus ideales, lo que implica pedirnos que seamos la mejor versión de nosotros mismos (…) Un patriota tiene unos valores universales, unos estándares con lo que juzga a su nación, deseándole lo mejor- y deseando que las cosas le vaya aún mejor…”. Y no parece que eso se consiga utilizando prácticas corruptas para financiar un partido o mirando para otro lado cuando sucede.