La costa para el que la ocupa

¿Por qué para algunas cosas se recurre a los derechos adquiridos con el tiempo como si fuera suficiente para legitimar cualquier actuación? ¿Acaso las cosas mal hechas no deberían corregirse? En el fondo, ese era el objetivo de la Ley de Costas de 1988 que ahora se modifica para volver a convertir nuestro territorio más codiciado en objeto de mercadeo y de agonía imparable del sector turístico de sol y playa a manos de quienes convertirán esa franja dorada de España en espacios degradados y sobreocupados.

Durante siglos, el litoral era un continuo de terrenos sin valor. Incluso hay quien afirma que las herencias se distribuían repartiendo los terrenos agrícolas y con agua (de riego, claro) entre los descendientes más inteligentes, mientras el resto se llevaba las peores tierras y, por supuesto, el más perjudicado se llevaría los terrenos en la costa. Todo esto cambió el siglo pasado, cuando todas las miradas (especulativas) se fijaron en aquellos terrenos donde las dunas y el mar impedían cultivar hortalizas pero tenían un atractivo especial para los nórdicos que llegaban desde lugares remotos, fríos y con escasas horas de sol a lo largo del año.

Sin embargo, la necesidad de divisas hizo que se vendiera a precio de saldo los espacios de mayor calidad ambiental del país: la costa. Lo que atrajo mucho dinero (pudo ser más, pero somos así de generosos) y los fondos de inversión y el dinero que se podía invertir en países subdesarrollados gracias a la Ley Strauss, causaron estragos en nuestras costas. También es cierto que había funcionarios públicos que eran poco escrupulosos en su trabajo, colocando los pilones de los deslindes “en marea baja”, según comentaba con su ironía habitual el compañero Ángel Tristán Pimienta. Sólo así se explican algunos mamotretos que se inundan cuando hay mareas altas.

La picaresca o la impunidad de quienes se sentían amparados por una administración ineficaz o corrupta dio lugar a los mayores desmanes y desastres que padece el litoral, en especial en esta región alejada y donde la costa es el principal objeto de deseo especulativo. Muchos son los destrozos y saqueos del dominio público del litoral canario, antes y después de la Ley de Costas de 1988, pero ahora regresamos a otra etapa de privatización y destrucción de la costa. El Congreso, con la mayoría aplastante del Partido Popular y la complicidad de autonomías como la canaria que arguyen la defensa de pueblos costeros tradicionales, va a sacar adelante una nueva ley de costas que reduce a una quinta parte la franja de dominio público, al pasar de 100 metros a tan sólo 20 el espacio que custodia el Estado (que supuestamente somos todos). Dicho y hecho, en Canarias hay 1583 kilómetros de costa en los que se reduce en ochenta metros el dominio público para dejarlo en un hueco en el que apenas cabe un paseo.

Imagínense esos ochenta metros por más de mil kilómetros lo apetecible que es para algunos que ya no sabían a qué echarle el guante en este país donde la honestidad es una especie a extinguir... Bueno, como si eso importara a alguien.