En defensa de los incentivos a las renovables

Desde Coalición Canaria pensamos que es necesario “revisar” el Real Decreto-Ley 1/2012, por el que se ha fijado una moratoria a la concesión de primas a la producción de energía a partir de renovables, de forma que “establezca un régimen que exceptúe a las Islas de lo dispuesto”. Este Real Decreto Ley hará que Canarias pierda inversiones por valor de unos 1.100 millones de euros y destruya 5.000 empleos directos, una cifra que, a nivel estatal, llegaría a los 50.000 puestos de trabajo. Sobre la supresión de las primas a las energías renovables, esta decisión es “especialmente lesiva” para Canarias, dada la fragmentación de su sistema eléctrico en seis subsistemas insulares aislados, lo que encarece significativamente la producción y la distribución de electricidad. Con la desaparición de las primas a las renovables, las centrales de bombeo de agua previstas en el archipiélago “dejan de tener sentido, al no poder desarrollarse los parques eólicos a las que se asocian”.

Existen argumentos sólidos recogidos a través del Comité de Expertos, apoyado por el sector empresarial, donde se establecen acciones a favor de sacar adelante los parques eólicos y otros sistemas que abran paso a la implantación de un sistema mixto en Canarias en el que ganen peso otras opciones energéticas.

De continuar con esta medida sin excepcionalidad para Canarias, se mantendrá la 'quiebra' de mano de obra en las islas y la creación de empleo y la inversión en estos sistemas se verá frenada con lo que eso supondrá para una comunidad autónoma con un 31% de parados.

Habría que insistir en la necesidad de contar con un marco de retribución singular para la instalación de nuevos parques y lograr alcanzar la media estatal así como lograr que en 2015, Canarias cuente con que un 30% del suministro energético en la red eléctrica sea de origen renovable.

Sobre los proyectos de líneas y redes eléctricas que están paralizados, el Gobierno de Canarias recuerda que todas aquellas iniciativas fundamentales para el suministro eléctrico serán declaradas de interés general para su gestión y puesta en funcionamiento. No obstante, se trabaja con las administraciones locales implicadas a fin de desarrollar los proyectos con el máximo consenso posible, lo que garantizará su puesta en marcha.

Ya los ingenieros industriales han advertido de que Canarias dejaría de ingresar 300 millones de euros por no haberse puesto en servicio las plantas de regasificación y más de 190 millones de euros por la energía eólica no instalada.

La Comunidad Autónoma de Canarias deberá pagar 490 millones de euros más en electricidad por la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de suprimir las primas a las energías renovables. En este sobrecosto también influye la ausencia de las regasificadoras previstas para su construcción, entre las que se encuentra la de Gran Canaria.

Canarias debe apostar por el gas natural y las energías renovables “a pesar” de que el Real Decreto Ley 1/2012, suspende toda ayuda económica para las nuevas instalaciones. Esta decisión significaría 490 millones de euros el sobrecosto anual para las Islas debido a la eliminación, por parte del Gobierno del Estado, de la subvención de la tarifa eléctrica, que “mermará” la partida destinada a esta comunidad en los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, Canarias dejará de ingresar 300 millones de euros por no haberse puesto en servicio las plantas de regasificación de Granadilla y Gran Canaria. A esta cantidad hay que sumar otros 190 millones de euros por la energía eólica no instalada. Todo ello supondría, aproximadamente, un 7% de los presupuestos autonómicos para 2012.

Desde Coalición Canaria consideramos de «gravísimo error» la decisión adoptada por el Gobierno a través de este Real Decreto Ley. En el ámbito de la política energética de España hay una sobreoferta energética debido fundamentalmente al papel que supone en la Península tener otros recursos para generar energía como es la hidráulica. Es posible que en una situación de esa naturaleza donde hay sobreoferta energética se esté en condiciones de suprimir los incentivos a las energías renovables, pero a Canarias no se le puede tratar en ese mismo conjunto. Canarias necesita reforzar y ampliar la participación en su sistema energético de las energías renovables.

En definitiva, entendemos que el Cabildo debe solicitar al Gobierno de España que establezca un cupo específico para Canarias, que ese cupo tenga una prima, que haya también un régimen especial de retribución para las hidroeléctricas y recursos para la investigación del potencial geotérmico de las islas.

Y todo esto, con el impulso de las renovables en el archipiélago ya que son mucho más económicas que las térmicas y, por tanto, suponen un ahorro en el sistema. Nuestras condiciones geográficas y climatológicas son la marca idónea para que cada vez más nuestro archipiélago en general y nuestra isla de Gran Canaria, en particular, se caractericen por una apuesta clara hacia las energías renovables o alternativas, que las tenemos.

*Antonio Hernández Lobo es consejero portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria.

Antonio Hernández Lobo*