En defensa de las libertades y los derechos: desobediencia civil

Ante la conocida propuesta de aprobar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por parte del gobierno del Partido Popular, que va a suponer una grave retroceso en materia de libertades públicas y derechos civiles, tal y como han alertado desde instituciones europeas, asociaciones judiciales y organizaciones de los movimientos sociales, las personas abajo firmantes queremos expresar algunas consideraciones públicamente:

La actual propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana supone un ataque directo a los derechos constitucionales y a los derechos humanos de reunión, libertad de expresión y manifestación. Se trata de un nuevo recorte del gobierno a los principios democráticos fundamentales, en un intento de limitar la capacidad de la ciudadanía de participar y de expresar públicamente su rechazo a las políticas antisociales y antidemocráticas del gobierno.

Al sacar este tipo de cuestiones del ámbito judicial, y convertir lo que antes era un proceso penal en una sanción administrativa, supone una mayor indefensión para los ciudadanos ya que deja en manos del gobierno, lo que antes estaba en manos del poder judicial. Con esta nueva ley los gobiernos y los gobernantes se convertirían en juez y parte, lo que sin duda tendría consecuencias graves desde el punto de vista democrático, facilitando la arbitrariedad de las decisiones y la indefensión de los ciudadanos. Además, como han venido señalando voces del ámbito judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana contiene sanciones claramente desproporcinadas. A ello se une, que el proceso administrativo podría suponer un gasto de hasta 2000 euros para quienes recurriesen las decisiones, mientras que actualmente el proceso por vía judicial es gratuito.

La propuesta del gobierno del PP no es sino un paso más en lo que ha sido su política de criminalización de los movimientos de protesta y obstaculización de las movilizaciones de la ciudadanía, que no ha encontrado apoyos en los ámbitos judiciales. Así, las múltiples decisiones de no autorizar o limitar horarios y recorridos de manifestaciones, prohibir los escraches, acusar de alterar al orden público a manifestantes, etc., no han encontrado apoyos en el ámbito judicial, que mayoritariamente ha dado la razón a los ciudadanos. Con todo, el número de manifestaciones prohibidas en 2012 por el Ministerio de Interior ascendió a un 35% con respecto al año anterior.

Mostramos nuestra preocupación porque estas medidas de recortes en materia de derechos civiles y políticos, en un intento claro de limitar la capacidad de respuesta de la ciudadanía, sea la antesala de una nueva oleada de recortes de derechos sociales y políticas públicas de bienestar, así como un aumento del uso de la violencia policial para la represión de las movilizaciones en respuesta a dichas políticas antisociales.

La regresión social y política a las que nos está llevando el actual gobierno del Partido Popular en tan sólo dos años de legislatura, y las previsibles actuaciones futuras en la misma dirección (ya se está anunciando una reforma de la Ley de Huelga), apoyándose en su mayoría absoluta, constata que nos encontramos ante un proceso de desdemocratización, que nos sitúa en la perspectiva de lo que podemos calificar como una democracia autoritaria: un modelo político con un sistema de partidos muy poco pluralista, con unas élites gobernantes que, de manera genérica, toman decisiones sin la existencia de un debate público razonado y argumentado, sin medios institucionales para canalizar eficazmente las demandas de los ciudadanos y con una legislación que limita considerablemente libertades públicas y derechos civiles. Un planteamiento que choca frontalmente con la nueva cultura política que venimos defendiendo desde nuestro activismo en los movimientos sociales y las nuevas redes de protesta, que implican una reivindicación de profundización en los componentes participativos y deliberativos de la democracia actual.

Ante este panorama, en el que la ley se convierte en injusta y arbitraria, sólo nos queda expresar públicamente nuestro rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana y reafirmándonos en nuestros principios democráticos, apelar a la desobediencia civil como forma de respuesta a una ley antidemocrática que supondría un grave retroceso en nuestra sociedad. Finalmente, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, para que muestren su rechazo públicamente a esta ley, y apoyen decididamente las acciones de movilización para evitar su desarrollo. Es nuestra democracia lo que está en juego.

Personas que firman este texto:

Juan Manuel Brito (acciónenred-Canarias), Koldobi Velasco (REDESSCAN), Isabel Saavedra (PAH-Stop Desahucios Gran Canaria), Luis Sánchez (Ben Magec-Ecologistas en Acción), Noemi Parra (Campaña YO DECIDO), Marta Ferrer (ATTAC-Canrias), José Villalba (Coordinadora en defensa de la sanidad), Miguel Ángel Robayna (Plataforma por un nuevo modelo energético de Gran Canaria), Cristina Izquierdo (Programa Por los Buenos Tratos de acciónenred-Canarias), José Suárez (Escuela de Formación sociopolítica), Antonio Pérez (CCOO), Jenny Sadhwani (Plataforma Sanidad Universal), Meri Pita (Co.Bas), María Nebot (Otras Voces Feministas), Iván Llamazares (PAH-Stop Desahucios Gran Canaria), Noelia Sánchez (Ben Magec-Ecologistas en Acción), Pablo Socorro (acciónenred-Canarias), Eduardo Martín (Plataforma El Parque que queremos de Santa Brígida), Carmelo Valerón (PAH-Stop Desahucios Gran Canaria), Cristina Brito (acciónenred-Canarias), José de León (Ben Magec-Ecologistas en Acción), Elena Suárez (PAH-Stop Desahucios Gran Canaria).