La deuda del Ayuntamiento condiciona las dos próximas legislaturas

El Ayuntamiento de La Laguna está obligado a cumplir una serie de planes financieros que afectarán a los presupuestos y a las actividades y servicios municipales hasta el año 2023, condicionando íntegramente las dos próximas legislaturas: el Plan Económico Financiero 2010-2013, el Plan de Ajuste 2012-2023, el marco presupuestario 2014-2016 y el Plan de Saneamiento Financiero.

A 31 de diciembre del año 2013, el Ayuntamiento tendrá una deuda viva con las entidades financieras de 100.580.084,94 de euros, que supondrán una carga presupuestaria para el ejercicio de 2014 de 9.426.014,44 de euros en concepto de amortización-devolución de préstamos, y 4.791.001,53 de euros para el pago de intereses, que hacen un total de 14.217.015,97 de euros.

De la deuda viva que el Ayuntamiento de La Laguna tendrá a 31 de diciembre de 2013 (100.580.084,94 de euros), 51.082.996,57 de euros corresponderán a la operación de endeudamiento para pago a proveedores efectuada en 2012, de los cuales más de 20 millones de euros se habrán aplicado a pagar deudas contraídas al margen de la legalidad presupuestaria y de la legislación de contratos del sector público.

Y 18.473.737,02 de euros corresponden a la operación de endeudamiento que el Ayuntamiento aprobó en Pleno este 26 de septiembre, de los que aún no sabemos qué cantidad se aplicará a compromisos económicos contraídos al margen de la legalidad y posteriormente “regularizados” por la vía de reconocimientos extrajudiciales de créditos.

En conclusión, sólo 31.023.351,35 de euros de esa deuda corresponden a préstamos a largo plazo que el Ayuntamiento tenía formalizados antes de que se iniciara por el Gobierno del Partido Popular (PP), mediante el Real Decreto Ley 4/2012 y el Real Decreto Ley 8/2013, toda esta operación de ágil pago a los acreedores en la que no se ha distinguido la situación de los acreedores por ejecución de obras, prestación de servicios o suministros contratados legalmente de todas aquellas contrataciones efectuadas por los Ayuntamientos al margen de la legalidad.

Esto tiene dos efectos muy negativos desde el punto de vista del Estado de Derecho: hacer viables las ilegalidades en materia de contratación y de gestión de los fondos públicos y sentar un pésimo precedente de futuro muy similar a la amnistía decretada por el Gobierno estatal a favor de los grandes defraudadores a Hacienda.

La penalización de quienes cumplen en materia de contratación pública y con sus obligaciones tributarias y el premio a los comportamientos ilegales o simplemente de fraude fiscal tienen un efecto demoledor sobre una sociedad democrática y contradicen los principios constitucionales de igualdad ante la ley, prohibición de la arbitrariedad y la seguridad jurídica.