El Dique de San Andrés y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos

Las promesas dominan los discursos de las campañas electorales, pero los partidos con responsabilidades de gobierno siguen ocultando información y actuando bajo el manto de la opacidad. Un caso concreto es el del dique que se ha comenzado en construir en el barrio de San Andrés. Nadie niega la necesidad de buscar una solución al grave problema de la inundaciones marinas que se registran a finales del verano ocasionadas por los temporales originados en el hemisferio sur, su llegada a las islas es algo que se sabe con suficiente antelación, no es un suceso inesperado e imprevisible. El ayuntamiento de Santa Cruz, y los gobiernos canarios y central, han optado por declara la obra de urgencia con el fin de saltarse todos los trámites, como el informe de impacto ambiental, y se han negado a contemplar otras opciones. Han iniciado las obras de la construcción de un dique, un muro, que no dejará ver el horizonte ni supondrá otro beneficio para el pueblo, más allá de parar el fuerte oleaje. Las prisas por motivos exclusivamente electorales han impedido contemplar otras alternativas que, aparte de solucionar el problema de las inundaciones, supongan una mejora sustancial del litoral de San Andrés.

Los trabajos han comenzado y nadie ha explicado de donde van a sacar el material para construir la escollera del talud sobre el que asentarán los bloques de hormigón. Actualmente en la isla no existe ninguna cantera autorizada para suministrar la enorme cantidad de piedras necesarias para su construcción, pero eso es algo que no preocupa a nuestros gobernantes, lo harán igual que en el puerto de Granadilla: compraran las piedras para la escollera a canteras ilegales. A pesar de que ATAN ha denunciado en los juzgados la proliferación de estas extracciones ilegales, las autoridades hacen oídos sordos y siguen permitiendo el picoteo del territorio que está ocasionando mucho más daño al patrimonio natural de las islas que los vertidos del pesquero ruso. Del que, por cierto, siguen sin informar las razones y los datos que les llevaron a tomar la decisión de sacarlo del puerto y provocar un desastre ambiental.

La campaña electoral es el momento adecuado para que los partidos que se presentan a las elecciones se definan en este tema. Los promotores de la obra deben actuar con la transparencia que prometen en los discursos y aclarar a los votantes porqué las administraciones públicas se saltan los establecido en la normativa reguladora de las canteras. Como hemos denunciado reiteradamente, y sin respuesta de los gobernantes, el caso de la escollera del dique de San Andrés no es un hecho aislado pues, ni el cabildo de Tenerife, ni la Autoridad Portuaria, ni el gobierno de Canarias ha hecho nada para acabar con esta situación de flagrante ilegalidad. Por el contrario, están beneficiando a explotaciones que incumplen la ley y por ello son cómplices por dedicar dinero público a favorecer empresas que cometen graves atentados ambientales.

Las fechas de comienzo de las obras, a tres meses de las fechas en las que ocurren este fenómeno que inunda el pueblo, no son las más apropiadas. Lo lógico es tener un margen temporal mucho más amplio para que el dique esté en condiciones de resistir el oleaje que traen estas situaciones y para eso las obras tenían que haberse iniciado en octubre. El día 18 de marzo aparecía en el BOE la “Resolución de 24 de febrero de 2015, de Puertos del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, por el que se declara excluido del procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto «Protección del frente litoral de San Andrés», consistente en la construcción de un espigón exento para la defensa de la costa ubicado en aguas que forman parte de la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife.” Y, en esa resolución decía que “se han establecido medidas preventivas y correctoras para minimizar los efectos, calificados como compatibles o no significativos, y se ha diseñado un código de buenas prácticas de operación. Además se ha previsto un programa de vigilancia y seguimiento ambiental general de las obras, de la calidad de las aguas y de los fondos marinos y comunidades bentónicas.” Lo que no dicen es si el código de buenas prácticas incluye la forma del suministro de material para la construcción pues, según la resolución “La sección estructural del dique principal estaría en principio formada por un manto de protección de bloques de hormigón, filtro de escollera y núcleo de «pedraplén» o «todo uno» de cantera. La estructura contaría con taludes laterales 3H:2V.” Como hace la Autoridad portuaria en el caso del puerto de Granadilla, no hay problema, se compra a canteras ilegales y, de paso, beneficiamos a los amigos.

ATAN pregunta a los candidatos a las elecciones ¿En caso de gobernar en las instituciones mantendrán este tipo de actuaciones contrarias al estado de derecho? Sería conveniente que los ciudadanos lo sepamos antes de depositar nuestro voto en las urnas.