Estatuto y Reforma Electoral en las manos del Senado

El Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluye la reforma electoral, ya está en el Senado, la cámara en la que la mayoría que ostenta el Partido Popular tiene el poder de decisión.

Las mejoras introducidas en la norma institucional básica de nuestro archipiélago incluyen tanto aspectos económicos (salvaguarda del REF) como de profundización del autogobierno. Son elementos todos ellos de la máxima importancia. Pero que a nadie le quepa duda: la reforma electoral ocupa la posición central. Ninguna de las otras novedades incorporadas a esta reforma estatutaria cambiará Canarias como lo hará su nuevo sistema electoral.

Hay al menos dos pruebas que demuestran que lo más trascendental del texto se encuentra en el artículo 39 y en la Disposición Transitoria Primera, preceptos ambos que modifican el sistema electoral. La primera de las pruebas es que en 2006, la reforma electoral -barrida por la oposición frontal de CC- fue el detonante que llevó al Gobierno de Coalición Canaria a sacrificar la totalidad del Estatuto retirándolo de las Cortes Generales. Ni se sonrojan ahora cuando repiten su discurso para quitar importancia a lo que entonces supuso hundir a Canarias doce años en el grupo de las autonomías de segunda categoría.

La segunda prueba tiene que ver con el propio desarrollo del actual proceso reformista. El Congreso de los Diputados -con el Estatuto casi completamente redactado-, tuvo que esperar a que el Parlamento de Canarias emitiera un Dictamen con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la reforma electoral, que durante los dos años en los que se desarrollaron sus trabajos tuvo que sufrir las sucesivas maniobras dilatorias de Coalición, cuyo único cometido era embarrar el debate y dilapidar el tiempo. El último capítulo de sus artimañas fue el que se produjo tras el enésimo ofrecimiento de PP, PSOE, Podemos y NC, en el que se les proponía un acuerdo en torno a la fórmula de la lista autonómica aparcando el consenso mayoritario que ya se había logrado trenzar con el colegio de restos. Coalición pidió un mes más asegurando que era necesario para dirimir el asunto en su órgano de decisión, el Consejo Nacional. Pues bien, no es que tal órgano desechara la propuesta; es que ni si siquiera lo convocaron. Si este mes malgastado de forma artera se hubiera aprovechado, en estos momentos, en lugar de estar pidiendo la tramitación urgente en el Senado, estaríamos convalidando el Estatuto en Canarias, su último paso antes de la aprobación final en las Cortes Generales.

Los cuatro partidos que en Canarias han sabido estar a la altura para llegar al consenso más amplio en 36 años para cambiar el eje central de las instituciones de autogobierno en Canarias, tienen la oportunidad de culminar la tarea y ofrecer una histórica mejora democrática a toda la ciudadanía. No lo pasemos por alto, esos partidos suponen el 80 por ciento del apoyo popular en votos y más de los 3/5 de la cámara autonómica. Han trabajado con luz y taquígrafos durante dos años a la vista del público que quisiera observarlos en las emisiones en directo de las sesiones parlamentarias. Y, tras ese arduo trabajo, han podido acordar un Dictamen emanado de nuestra asamblea legislativa -tras significativas concesiones mutuas-, que ha sido la base sobre la que construir el nuevo sistema electoral plasmado en este Estatuto que ahora pasa por el Senado. Pero ¿por qué no se ha elaborado una Ley directamente en el Parlamento canario y se ha llevado esto a las Cortes? De nuevo, porque CC lo ha impedido junto a su socio insularista, el partido de Casimiro Curbelo -ASG-. Estos dos partidos, con solo el 18% del voto, tienen más de 1/3 de los escaños, concretamente 21 de 60. Hubiesen sido necesarios 40 escaños -y, lo que resulta más difícil para CC, visión global de Canarias-, para haberse aprobado la Ley en nuestro parlamento. No satisfechos con esto, aún avisa Coalición con torpedear el futuro proceso para alcanzar dicha Ley en el PARCAN.

Estamos ya en el Senado y surgen nuevas amenazas. La más relevante de todas es la importante inestabilidad del Gobierno central, derivada de su debilidad parlamentaria. ¿Afecta esta situación a la tramitación del Estatuto? Sí, totalmente. Si el Presidente del Gobierno decidiera un adelanto de elecciones generales, Congreso y Senado se disolverían. Cualquier Ley pendiente de aprobarse en las Cortes, decaería, también nuestro Estatuto. Es decir, no solo se paralizaría su trámite, sino que se evaporaría. Habría que volver a empezar de cero con el Estatuto en la nueva Legislatura. Permitir esto, después de lo ocurrido en 2006, es un intolerable despropósito. El primer culpable de ello ante los canarios será CC, pero el resto de fuerzas políticas no puede contribuir a ese irresponsable fracaso, ni siquiera de manera indirecta o por omisión.

Está fuera de nuestro alcance incidir en los planes que pueda tener el Presidente Sánchez respecto a un hipotético adelanto electoral. Pero lo que sí está en nuestras manos -concretamente en las manos de los senadores y fundamentalmente en los del Partido Popular-, es el acelerar los trámites tanto como sea posible. El primer paso se debe dar ya en la reunión de la Mesa del Senado del martes 25 de septiembre, declarando el procedimiento de urgencia, lo que acortaría la tramitación de 2 meses a 20 días. Existe ya un acuerdo político y no hay nada en el reglamento que lo impida. Tengamos en cuenta, además, que nuestro Estatuto en vigor prevé que, si las Cortes introdujeran “modificaciones sustanciales”, como así ha sido, el Estatuto debe regresar a Canarias para su convalidación y luego retornar de nuevo a las Cortes para su aprobación final. En cualquier caso, la decisión no es técnica, sino política: la mayoría del Senado puede adoptarla.

Es verdaderamente descorazonador comprobar cómo ciertos individuos, y, peor aún, organizaciones políticas, han trabajado con ahínco para derrumbar el acuerdo de la mayoría política, académica y social que ha dado un paso de gigante para la reconstitución de los derechos políticos más básicos: los que tienen que ver con poder decidir sobre los asuntos públicos en igualdad de condiciones. Si han obstruido con todos los medios a su alcance la mejora de la democracia, piensen los canarios y canarias qué no estarán dispuestos a hacer con otros temas de interés general con tal de mantener intacto el suyo particular.

No lo permitamos. Luchemos ahora o asumamos otras cuatro décadas de fracaso en todos los órdenes.

Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno, José M. Marrero Henríquez, José Brito López, Luis Roca Arencibia, Carlos Fernández Esquer, Samuel Marrero Lorenzo, Manuel Rodríguez González