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Demócratas Para El Cambio

Movimiento ciudadano por la reforma electoral canaria.

Del Estatuto a la Ley Electoral

Ha comenzado la X Legislatura del Parlamento de Canarias tras la reforma electoral aprobada a través del nuevo Estatuto de Autonomía que entró en vigor en noviembre de 2018. En primer lugar, debemos felicitar a todos los diputados y diputadas que han conseguido el acta para representar a los canarios, esta vez en términos más acordes a los estándares de calidad democrática que rigen en otros sistemas electorales. También toca felicitar al nuevo gobierno y a su presidente, Ángel Víctor Torres.

Es cierto que estamos más cerca de la normalización del sistema electoral de Canarias, pero aún estamos lejos de conseguir un sistema de representación con la adecuada proporcionalidad. El recién estrenado sistema electoral ha mejorado los valores en el índice de malapportionment (desequilibrio en el prorrateo de escaños entre  circunscripciones en atención a la población) y en el de desigualdad en el valor de voto entre electores, aunque en ambos casos de forma discreta. Más notable ha sido su efecto en la disminución del número de votos desperdiciados, que se ha reducido en más de 90.000. 

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Sustituir D'Hondt por Hare: la reforma electoral pendiente

¿Qué esperan los ciudadanos de sus políticos? Esperan de ellos decisiones que ayuden a mejorar sus vidas. En realidad, no les exigen que acierten siempre con la solución a todos sus problemas, pero sí exigen audacia: que tomen la iniciativa sin escurrir el bulto. Al fin y a la postre, para eso les conceden el aval de su voto. Las democracias actuales se enfrentan a enormes retos y quizás el primero de ellos -crucial, desde luego- sea el de superar el descrédito que padecen en buena parte de los países occidentales, incluso en aquellos de mayor y acreditada tradición democrática. Este descrédito se ha ido labrando a cada golpe de decepción, proveniente tanto desde partidos de la derecha como desde la izquierda, es decir, de forma transversal a lo largo del espectro político.

Canarias no es una excepción a este problema. Se ha acabado el año, y la legislatura que nació con las elecciones de mayo de 2015 se despide con el último debate de la nacionalidad que muestra su estado: malo. El balance muestra una circunstancia que sobresale sobre todas las demás: durante más de la mitad de la legislatura, un partido político (Coalición Canaria) que no ha conseguido el respaldo de la mayoría social (tercero en número de votos), aunque sí una mayoría parlamentaria relativa (primero en número de escaños) debido a un anómalo sistema electoral –ahora parcialmente reformado gracias al impulso de la sociedad civil-, ha gobernado en solitario con la aquiescencia del Partido Popular, en unos momentos, y del Partido Socialista, en otros. Una de las funciones básicas de cualquier parlamento, la de control al gobierno, aquella donde la oposición fiscaliza las actuaciones del poder ejecutivo a la par que se proyecta como alternativa de gobierno ante la opinión pública de cara a las próximas elecciones, se ha desarrollado de forma anodina, rutinaria, de manera apenas incisiva. No hay ningún ejemplo en el resto de comunidades autónomas en el que un partido político con un exiguo apoyo social y un gobierno con semejante debilidad parlamentaria, gobiernen una región y saquen adelante sus presupuestos sin mayores sobresaltos, a placer. Esto ha ocurrido porque ninguno de los dos grandes partidos de la oposición (PP y PSOE) han asumido la responsabilidad de conformar el apoyo social mayoritario que reunían entre ambos en una acción política común de gobierno. Sí, no hay que escandalizarse: eso es lo que sucede en países de larga y seria tradición democrática. Países sensatos en los que aún prima el deber político respecto a los ciudadanos sobre la trifulca partidista. Esta forma flagrante de eludir la responsabilidad en las labores de oposición es un buen ejemplo para entender cómo se construye el edificio de la desafección y el desprestigio de la democracia. El mensaje que PP y PSOE han enviado con su actitud a los ciudadanos es desesperanzador.

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Los responsables de la Ley Electoral

Ya está escrito en la historia de Canarias: Coalición Canaria se ha opuesto a la mejora democrática de la reforma electoral que ha estado bloqueando durante casi tres décadas. Al ejercer su veto minoritario junto a Casimiro Curbelo, no solo se negó a culminar una Ley que cristalizara el generoso consenso que la mayoría del Parlamento le ofreció tras dos años de debate en la Comisión de Estudio, sino que, una vez aprobado un nuevo sistema electoral en el Estatuto de Autonomía -que CC votó a favor en el Senado-, ha continuado su estrategia de obstaculización sembrando todo tipo de dudas sobre su aplicación. A la irresponsable deslealtad que ha mostrado la organización política con la Disposición Transitoria Primera del Estatuto, se ha sumado -lo que es más grave- la primera autoridad pública en la Comunidad Autónoma, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Hasta hace pocos días, el mantra con el que se dirigían a cualquiera que les preguntara, era una especie de remedo de aquel desafortunado dicho de Unamuno: «Que legislen ellos».

El Consejo Consultivo de Canarias (CCC) ha venido a dejar claro lo que ya antes habían avalado catorce juristas y expertos en el informe de Demócratas para el Cambio: el Estatuto y el sistema electoral contenido en sus artículos 39 y Disposición Transitoria Primera son de aplicación directa sin necesidad de aprobar ninguna Ley previa. El CCC añade además otro dato esencial: el voto se ejercerá con dos papeletas separadas –una papeleta para las candidaturas insulares y la otra para la lista regional o autonómica-.

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Estatuto y Reforma Electoral en las manos del Senado

El Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluye la reforma electoral, ya está en el Senado, la cámara en la que la mayoría que ostenta el Partido Popular tiene el poder de decisión.

Las mejoras introducidas en la norma institucional básica de nuestro archipiélago incluyen tanto aspectos económicos (salvaguarda del REF) como de profundización del autogobierno. Son elementos todos ellos de la máxima importancia. Pero que a nadie le quepa duda: la reforma electoral ocupa la posición central. Ninguna de las otras novedades incorporadas a esta reforma estatutaria cambiará Canarias como lo hará su nuevo sistema electoral.

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Reforma Electoral: cuenta atrás en las Cortes Generales

Tras dos años de intenso debate en la Comisión de Estudio, la mayoría política del Parlamento de Canarias (Parcan) acordó el pasado 23 de mayo una propuesta de reforma del sistema electoral que ha venido a plasmarse en Dictamen. Este documento emanado del Parlamento ha sido posible gracias al entendimiento, propiciado por Demócratas para el Cambio, de cuatro grupos parlamentarios -Popular, Socialista, Podemos y Nueva Canarias-. Se trata de formaciones políticas que representan al 77% del sufragio en el Parcan. Nueva Canarias, Podemos Canarias, Partido Popular de Canarias y Partido Socialista Canario han sabido leer el momento histórico para proyectar una mirada global e integradora hacia el futuro y así mejorar nuestra democracia, vapuleada durante 36 años por el peor de los sistemas de elección de representantes de toda Europa.

Por contra, dos fuerzas políticas de inamovible vocación insularista, Coalición Canaria (junto a Agrupación Herreña Independiente y el Partido Nacionalista Canario) y Agrupación Socialista Gomera, se han opuesto a este consenso mayoritario. Al enrocarse en la triple paridad, han impedido que tal acuerdo se pudiera convertir en Ley en la cámara canaria. Estos dos partidos cuentan con 21 diputados, esto es, el tercio que les otorga poder de veto para impedir la aprobación de una Ley Electoral. Ese tercio de 21 diputados, sin embargo, no representa al tercio de los votantes canarios, sino tan solo al 23%. Una vez más se comprueba cómo el truco del sistema electoral canario les facilita bloquear la reforma de las propias reglas electorales.

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La sociedad canaria no va a renunciar a su reforma electoral

Estos próximos días van a ser de la máxima importancia para la reforma electoral de Canarias. Es probable que la siguiente sesión del lunes 9 de abril en la que se reunirá la Ponencia de la Comisión de Estudio sea la última oportunidad para alcanzar un acuerdo en Canarias, en nuestro Parlamento.

Sepamos que, si este acuerdo no llega a culminarse, resultará incontestable que la decisión para la reforma electoral se habrá adoptado en Canarias por una mayoría sin precedentes, a pesar de que una minoría quiera impedirlo. Y es precisamente esa mayoría la que habilita  a las fuerzas políticas reformistas para lograr ese objetivo en el ámbito del Congreso de los Diputados. Tal procedimiento no admite la más mínima duda sobre su legitimidad; es más, no hacerlo -después del trabajo realizado con todas las garantías jurídicas y de asesoramiento por parte de expertos en la materia en el Parlamento de Canarias-, supondría faltar al deber que contrajeron cada uno de los representantes políticos que se mostraron convencidos de la necesidad de acometer esta reforma política.

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Aquí y ahora, la reforma electoral de Canarias

"Los hados guían al que quiere, arrastran al que no quiere", dice la máxima latina. Todo llega. A pesar de que demasiados habrían preferido que la reforma electoral de Canarias se mantuviera en el terreno de lo meramente especulativo, ésta, paso a paso, ha encontrado su camino y se ha hecho más real y tangible que nunca antes en 35 años. En los primeros días de 2018, cada uno de los líderes y grupos políticos canarios tendrá ante sí dos opciones: una, saber leer este momento histórico; dos, dejarse arrastrar por lo imparable. La reforma electoral de Canarias ya no admite más plazos de espera.

Se ha hecho un trabajo serio y bien fundamentado que ha conducido a las conclusiones que tanto los generadores de opinión como los expertos académicos convocados a la Comisión de Estudio han manifestado con meridiana claridad: nuestra democracia tiene un profundo déficit en su sistema electoral y es preciso corregirlo sin más excusas.

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Un paso decisivo para la Reforma Electoral

El proceso para la Reforma Electoral de Canarias se encuentra en un decisivo momento histórico. Tras 35 años de pervivencia del sistema electoral menos proporcional y más restrictivo del Estado, la gran mayoría de las fuerzas políticas ha venido a coincidir en un punto fundamental: en las elecciones de 2019, este anómalo sistema tiene que haber dejado de existir sustituido por otro de mayor calidad democrática.

La confluencia de circunstancias favorables y excepcionales en el tiempo (implicación cívica, acuerdo de expertos, consenso de partidos y simultaneidad de vías legislativas para la reforma en PARCAN y Cortes Generales), muy improbablemente se repetirá en el futuro. No podemos dejar pasar este tren.

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Carta de Demócratas para el Cambio a los socialistas canarios

Treinta y cinco años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, Canarias aún no cuenta con una Ley que regule su sistema electoral.Ahora, en 2017, se presenta  la mejor oportunidad para lograr unas nuevas reglas electorales que estén vigentes en las próximas elecciones de 2019. Como pretende la Ponencia Marco del 13º Congreso del PSC-PSOE, ese sistema deberá ser más justo y representativo.

Es una ocasión que debe ser afrontada con toda responsabilidad por cada una de las organizaciones políticas de Canarias.En este momento, es a los delegados y delegadas del PSOE a quienes les toca ejercerla en su congreso regional, no solo ante sus afiliados y simpatizantes, sino ante los votantes y ante el conjunto de la sociedad canaria que les observa con atención.

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No se juega con la Reforma Electoral

Todos los expertos que han comparecido en la Comisión de Estudio lo han dicho: las barreras electorales canarias son extremadamente elevadas y hay que reducirlas al menos a la mitad. La sociedad civil, de forma mayoritaria, lo dice: no estamos dispuestos a que más de 100.000 de nuestros votos se tiren a la basura de nuevo en 2019. La mayoría de los partidos políticos lo dice: si hay un elemento de coincidencia entre nosotros para reformar el sistema electoral, ese es el de la reducción de barreras a la mitad. Hasta los más recalcitrantes defensores de la infrademocrática triple paridad lo dicen: fue un grave error subir las barreras hasta el 30% insular y 6% autonómico en 1996 y hay que bajarlas a la mitad. No olvidamos que las subieron PP y CC en el Congreso de los Diputados a espaldas del Parlamento Canario al que ahora invocan. También el texto del nuevo Estatuto de Autonomía canario remitido desde el Parlamento de Canarias al Congreso, que actualmente se encuentra en tramitación, dice que las barreras electorales serán del 15% insular y 3% autonómico, esto es, una rebaja a la mitad.

¿Y a todo este consenso de contundente mayoría social, política y académica qué dice ahora el Partido Popular de Canarias? Que las barreras se tienen que quedar como están.

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