Los responsables de la Ley Electoral

Ya está escrito en la historia de Canarias: Coalición Canaria se ha opuesto a la mejora democrática de la reforma electoral que ha estado bloqueando durante casi tres décadas. Al ejercer su veto minoritario junto a Casimiro Curbelo, no solo se negó a culminar una Ley que cristalizara el generoso consenso que la mayoría del Parlamento le ofreció tras dos años de debate en la Comisión de Estudio, sino que, una vez aprobado un nuevo sistema electoral en el Estatuto de Autonomía -que CC votó a favor en el Senado-, ha continuado su estrategia de obstaculización sembrando todo tipo de dudas sobre su aplicación. A la irresponsable deslealtad que ha mostrado la organización política con la Disposición Transitoria Primera del Estatuto, se ha sumado -lo que es más grave- la primera autoridad pública en la Comunidad Autónoma, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Hasta hace pocos días, el mantra con el que se dirigían a cualquiera que les preguntara, era una especie de remedo de aquel desafortunado dicho de Unamuno: «Que legislen ellos».

El Consejo Consultivo de Canarias (CCC) ha venido a dejar claro lo que ya antes habían avalado catorce juristas y expertos en el informe de Demócratas para el Cambio: el Estatuto y el sistema electoral contenido en sus artículos 39 y Disposición Transitoria Primera son de aplicación directa sin necesidad de aprobar ninguna Ley previa. El CCC añade además otro dato esencial: el voto se ejercerá con dos papeletas separadas –una papeleta para las candidaturas insulares y la otra para la lista regional o autonómica-.

La autoexclusión de Coalición Canaria para afrontar la tramitación de una Ley Electoral, junto a las conclusiones alcanzadas por el Consultivo en el Dictamen, trasladan toda la responsabilidad de la Ley a la mayoría de 3/5 de los cuatro grupos reformistas: Nueva Canarias, Partido Popular de Canarias, Podemos Canarias y Partido Socialista Canario.

Pero ¿por qué recurrir al desarrollo de una Ley si tal cosa no es estrictamente necesaria? En efecto, no es imprescindible, pero sí es más que conveniente si de lo que se trata es de dotar al nuevo sistema electoral de la máxima seguridad jurídica. No desarrollar por ley los preceptos estatutarios del nuevo sistema electoral aboca a que sean instancias ajenas al Parlamento las que puedan tener que tomar decisiones sobre la manera concreta de llevar a acabo su aplicación. Dicho de otro modo, nos resulta bastante incomprensible que se derive una decisión de tal calado al Gobierno o a la Junta Electoral de Canarias, cuando el legislativo tiene la mayoría de tres quintos precisa y el tiempo suficiente para afrontar la tarea. Aún se entiende menos cuando, según reflejan los medios, el grupo nacionalista se incorpora a la opción de la doble papeleta. Sorprende que, llegados a este punto, en lugar de primar la cordura y responsabilidad de todos los grupos de la Cámara para modificar puntualmente la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias -ante unos comicios a cinco meses vista-, se decida endosar un asunto de tal calibre a un decreto gubernamental.

Antes de entrar a otros pormenores, digamos ya cuál es la posición de Demócratas para el Cambio. Nuestro foro cívico sostiene que, los tres quintos reformistas del PP, NC, Podemos y PSOE, deben aprobar, por un procedimiento urgente, una Ley (o una modificación de la actual Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias) con el tiempo suficiente para explicar a la población canaria cómo va a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Estos cuatro partidos deben hacerlo con un objetivo prioritario: dar la máxima seguridad jurídica a los electores y candidatos en la próxima cita electoral, y facilitar el trabajo a las instituciones, como la Junta Electoral de Canarias, que se encargan de velar por el normal funcionamiento de los procesos electorales.

Este objetivo se logra acudiendo al Dictamen del CCC en el punto en el que aclara que la interpretación de las leyes debe realizarse de la forma más garantista posible, por lo que, en consecuencia, lo correcto es legislar de forma que se permita a los electores disponer de dos papeletas de votación. De esta forma se asegura en toda su amplitud, sin obstáculos de tipo jurídico, tanto el derecho de sufragio pasivo (el de los candidatos que se presentan por los partidos de forma libre e igualitaria) como, sobre todo, el derecho de sufragio activo (el de los electores canarios que deben poder votar a distintos partidos políticos y en condiciones de igualdad). Aunque el Consultivo admite la posibilidad de que fuera legalmente viable la papeleta única, su concreción podría tropezar con problemas jurídico-constitucionales, por lo que resulta un camino que introduce una indeseable incertidumbre. Es por ello que la decisión reciente de todos los grupos parlamentarios de abandonar la idea de la papeleta única resulta positiva, en cuanto supone apostar por la versión que con mayor plenitud permite disfrutar el derecho de sufragio activo y pasivo: las dos papeletas.

Siendo así, insistimos, ¿qué o quién impide entonces una modificación puntual de la Ley? Los artículos que hay que modificar, requieren cambios limitados. Se trata, básicamente, de nueve artículos que hacen referencia al procedimiento electoral y la Junta Electoral de Canarias (números: 14, 16, 17, 18, 19 y 20) y a las papeletas (números: 24, 25 y 26).

¿Cuál es el problema entonces? Deben explicarse.

Seamos consecuentes, señorías. Cada vez que abdicamos de nuestras responsabilidades respecto a la democracia, se agrietan sus cimientos, circunstancia que es aprovechada por sus enemigos. No es de recibo lamentarse cuando se observan acontecimientos como los que desde hace años se vienen produciendo en las democracias occidentales, en las que -a través de esas grietas desatendidas- acceden al poder representantes políticos de dudosos principios democráticos.

Partido Popular de Canarias, Partido Socialista Canario, Nueva Canarias y Podemos Canarias están a tiempo -también Coalición Canaria-, de reconsiderar todo esto. Lo responsable es legislar y dar seguridad a los ciudadanos para votar. Háganlo así, y enviarán un mensaje inequívoco a la ciudadanía de que vale la pena luchar por la democracia y sus instituciones.