Reforma Electoral: cuenta atrás en las Cortes Generales

Tras dos años de intenso debate en la Comisión de Estudio, la mayoría política del Parlamento de Canarias (Parcan) acordó el pasado 23 de mayo una propuesta de reforma del sistema electoral que ha venido a plasmarse en Dictamen. Este documento emanado del Parlamento ha sido posible gracias al entendimiento, propiciado por Demócratas para el Cambio, de cuatro grupos parlamentarios -Popular, Socialista, Podemos y Nueva Canarias-. Se trata de formaciones políticas que representan al 77% del sufragio en el Parcan. Nueva Canarias, Podemos Canarias, Partido Popular de Canarias y Partido Socialista Canario han sabido leer el momento histórico para proyectar una mirada global e integradora hacia el futuro y así mejorar nuestra democracia, vapuleada durante 36 años por el peor de los sistemas de elección de representantes de toda Europa.

Por contra, dos fuerzas políticas de inamovible vocación insularista, Coalición Canaria (junto a Agrupación Herreña Independiente y el Partido Nacionalista Canario) y Agrupación Socialista Gomera, se han opuesto a este consenso mayoritario. Al enrocarse en la triple paridad, han impedido que tal acuerdo se pudiera convertir en Ley en la cámara canaria. Estos dos partidos cuentan con 21 diputados, esto es, el tercio que les otorga poder de veto para impedir la aprobación de una Ley Electoral. Ese tercio de 21 diputados, sin embargo, no representa al tercio de los votantes canarios, sino tan solo al 23%. Una vez más se comprueba cómo el truco del sistema electoral canario les facilita bloquear la reforma de las propias reglas electorales.

La frontal oposición de CC se ha aderezado por el camino con dilaciones reiteradas. La última ha sido una tomadura de pelo. Coalición Canaria pidió un mes para convocar a su Consejo Político y decidir si, finalmente, se sumaría a la última propuesta que PP-PSOE-Podemos-NC le ofrecieron, consistente en sustituir el “Colegio de Restos” por la “Lista Autonómica”, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, cuya toma en consideración defendió el portavoz de CC, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, CC ni siquiera llegó a convocar a tal Consejo, pero hizo perder un mes a quienes de buena fe le tendían la mano para que se incorporaran al consenso.

Todo esto ha obligado a quienes se han comprometido con los canarios para que podamos votar en condiciones más justas en las elecciones de 2019 a culminar la reforma electoral en las Cortes Generales a través de la enmienda del texto estatutario. Así las cosas, la cuenta atrás en Congreso y Senado está en marcha. No hay un solo día que perder.

Dicho esto, las responsabilidades políticas no acaban en la actitud que ha mantenido CC y ASG. Ahora asoman al escenario del Congreso otros actores parlamentarios que, sorprendentemente, parecen seguir dando juego a aquellos que desean impedir la reforma dilatando los plazos. Para que las próximas elecciones autonómicas se lleven a cabo con la nueva norma electoral, el Estatuto debe estar en vigor antes de que se firme el decreto de convocatoria de elecciones por el Presidente del Gobierno de Canarias. Ese momento se producirá el 1 de abril de 2019. Aún hay tiempo, ciertamente, pero volverían nuestros diputados a dejar las cosas a medias. Nos explicamos. Hay tiempo a expensas, eso sí, de mantener al texto estatutario -de nuevo- como regulador del sistema electoral canario, en lugar de desarrollarlo en detalle mediante una Ley, que sería lo deseable. Para la correcta adopción de esta Ley del Parlamento de Canarias, es razonable reservar, al menos, dos meses para su debate y aprobación. Teniendo en cuenta que enero no es mes hábil para sesiones parlamentarias, la cuenta atrás nos lleva hasta diciembre de 2018. Lo sensato es que, a más tardar, en noviembre de 2018 el Estatuto estuviese aprobado definitivamente en el Congreso y entrase en vigor.

Y aquí surgen nuevas irresponsabilidades. La diputada Meri Pita anuncia, ignorando el acuerdo alcanzado por su organización -Podemos Canarias-, que hay mucho rabo de toro que cortar. Se comprendería que quisiera hacer ver la posición “más ambiciosa” de Podemos al respecto, pero tal cosa ya la han hecho suficientemente bien sus dirigentes en el Archipiélago. Todos conocemos la enmienda registrada por Podemos: dos diputados por isla, y el resto asignados a una circunscripción autonómica. Como conocemos las de todos los demás grupos políticos. Esa no es ya la cuestión. La cuestión ahora es que, igual que el resto de quienes teniendo una posición “más ambiciosa” sobre el asunto han cedido en parte de sus pretensiones para lograr el consenso, Podemos en Canarias ha actuado con la misma generosidad y responsabilidad para sumarse al acuerdo. Y, además, lo ha hecho tras una consulta a sus bases que han respaldado la negociación. ¿Pretende entonces Meri Pita malgastar el escaso tiempo disponible de forma consciente? Incomprensible; pero quizá ella pueda explicarlo a quienes, tras once años de lucha cívica, esperamos culmine la reforma política de mayor calado para Canarias en cuatro décadas.

En paralelo, Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos exige “abrir un debate en la Comisión del Congreso” sobre la reforma electoral ante un “texto imperativo del Parlamento de Canarias”. Pedir que se abra un debate sobre la reforma electoral cuando se trata precisamente del punto del texto estatutario que se ha debatido durante más tiempo (dos años en la Comisión de Estudio del Parcan), de la manera más rigurosa (han participado 17 expertos), de la forma más plural (han comparecido 5 partidos extraparlamentarios -entre ellos el suyo, y con su presencia personal) y de la manera más transparente (las sesiones se han emitido en streaming y los periodistas han podido estar presentes), es pedir, igualmente, que se dilapide el tiempo.

Y choca aún más su pretensión cuando Cs y sus dirigentes han sido reiteradamente invitados por los partidos reformistas, y por nosotros mismos, a incorporarse a las mesas negociadoras y la respuesta ha sido el silencio. Conocemos la enmienda registrada por Ciudadanos: aumentar a 70 diputados el Parlamento, de los que treinta y dos se asignan de manera fija a las siete circunscripciones y treinta y ocho se distribuyen en proporción a su población. También conocemos su discurso: dicen que con 60 diputados basta. Lo que no conocemos es cómo van a defender su cambiante posición, si con 60 o con 70 diputados. Tampoco sabemos si de una u otra forma, su voto finalmente será para sumarse al consenso mayoritario (no “imperativo”, sino arduamente consensuado) o para votar en contra, como hizo con la toma en consideración del Estatuto. Claridad y consistencia en las opiniones, eso es lo que interesa a la ciudadanía; si van a facilitar la reforma electoral de Canarias o la van a obstruir con nuevas demoras.

Se acabó el tiempo. Quien no tenga altura política para saber qué nos estamos jugando al poner en riesgo los plazos para la reforma electoral, será rápidamente desenmascarado. No nos vamos a dejar engañar por maniobras de distracción ni vamos a dejar pasar por alto la falta de responsabilidad. Y esto incluye al ámbito institucional del gobierno canario. Señorías, habiliten el mes de julio para tener el texto estatutario en el Senado antes de septiembre. Pongan el aire acondicionado en marcha y no se levanten de la Comisión hasta entregar a la sociedad canaria un Estatuto con el sistema electoral reformado, tal y como ha venido demandando la ciudadanía, y tal y como ha sido consensuado por la gran mayoría del espectro político con enorme esfuerzo. Por cierto, una mayoría muy superior a la que respaldó el texto estatutario que se remitió a las Cortes Generales.