Estado de excepción económico

Pocos días antes de culminar su mandato, en el verano de 2011, Zapatero, con el apoyo de Rajoy, remató la jugada con la reforma express de la Constitución, concretamente de su artículo 135. Regalando a la derecha un arma letal que está usando a conciencia para limitar la capacidad de intervención de las administraciones públicas frente a las crisis y para reducir el estado del bienestar. El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.

Ley de Estabilidad

El 1 de mayo de este año entró en vigor la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera que desarrolla el contenido del reformado artículo 135 de la Constitución, en su apartado 2. Las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social. Por tanto, autolimita el papel del Estado frente a las crisis y la propia financiación de los servicios públicos. Se considera anticonstitucional las políticas keynesianas frente a la crisis que se han practicado en Europa desde la IIª Guerra Mundial y que sigue aplicando Obama en Estados Unidos.

Se consagra la idea de la reducción del gasto público como principal forma de combatir el déficit, olvidando la implementación de políticas fiscales progresivas. Además, se desprecia la inversión que las distintas administraciones realizan, no sólo en infraestructuras físicas, sino también en investigación, sanidad o educación; inversiones públicas que favorecen el desarrollo económico de un territorio, mejorando la competitividad, la productividad y tirando, asimismo, de la demanda.

El empeño en insistir en el drástico recorte del déficit público, acompañado de la reducción de los salarios y pérdida de derechos laborales, lo que puede ser calificado como una auténtica devaluación interna, no ha funcionado en modo alguno. Y solo ha supuesto empeoramiento en la financiación de los servicios públicos y en las condiciones de los trabajadores, así como una grave contracción de la demanda y la persistencia en la recesión económica.

La reforma constitucional y la Ley que la desarrolla son, asimismo, muy neocentralistas, incluyendo sanciones económicas para las administraciones que no cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como mecanismos de intervención del Gobierno central, que socavan los principios de autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la administración, generando fuertes tensiones territoriales.

Una Ley que supone, además, un reparto injusto del esfuerzo de la estabilidad presupuestaria y un sesgo que impone mayor disciplina a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pero que permite mayor margen a la Administración Central. No podemos obviar que, en el contexto de crisis, están siendo las Comunidades y los ayuntamientos los que más esfuerzos presupuestarios realizan por la naturaleza social de sus competencias. De hecho, el 75% del gasto autonómico se dedica a sanidad, enseñanza y servicios sociales. Por tanto, al imponer límites de déficit y de deuda a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales se están poniendo en grave peligro servicios públicos básicos del Estado de Bienestar.

Además, no contempla la distinta realidad de las CCAA a la hora de fijar los límites de déficit y de deuda. Así, no discrimina la tasa de paro que existe (no es lo mismo el 11% de paro del Euskadi que el 33% de Canarias), los niveles de pobreza, la renta per cápita, etc.

A pesar de que no será hasta el 2020 cuando deban cumplirse plenamente los límites que hacen referencia al déficit estructural (0%) y al volumen de deuda pública (60 % del PIB) ya el Gobierno central está aplicando e imponiendo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2012 los límites de déficit y deuda a las CCAA y a las Corporaciones Locales, con una distribución arbitraria que favorece claramente a la Administración General del Estado. En 2013 los ayuntamientos están obligados a tener déficit cero y un año después, en 2014, las comunidades autónomas un máximo del 0,1%.

Aunque España consiguió de la Unión Europea incrementar un punto el déficit público para este año 2012 (del 5,3% al 6,3%), este punto no lo repartió con el resto de administraciones: se lo queda todo el Gobierno central (4,5% para la Administración General del Estado; 1,5% para CCAA y 0,3% para Corporaciones Locales).

También el Gobierno central ha distribuido la deuda pública de forma caprichosa, favoreciendo a las CCAA más endeudadas y penalizando a las más cumplidoras. Así, para el año 2013 la deuda permitida global es del 15,0%, mientras que para Canarias, que ha cumplido con un bajo endeudamiento, es de sólo 12,1%, mientras que Cataluña tiene un 23,6% y Valencia un 23%.

Consecuencias para Canarias

Esta política de durísimas limitaciones al déficit y al endeudamiento, junto con la pésima financiación autonómica que padece Canarias, el maltrato en los Presupuestos Generales del Estado y el incumplimiento del REF, genera un escenario de más recortes. La anunciada reducción de, al menos, 575 millones de euros de los Presupuestos autonómicos para 2013 provocará la pérdida de miles de empleos públicos, un deterioro mayor de los servicios esenciales, el incumplimiento de las previsiones macroeconómicas y el surgimiento de graves tensiones con las corporaciones locales.

Para hacer frente a la actual situación se precisa una política alternativa a la vigente, que ha demostrado su fracaso y que tanto sufrimiento está causando en los países de Sur. Siendo imprescindible la unidad de estos frente a las imposiciones de Alemania. Este último Consejo Europeo no ha avanzado en decisiones básicas que eviten la especulación sobre la deuda soberana y generen políticas de estímulo económico. Sólo ha servido para continuar en la senda equivocada y para consolidar un verdadero estado de excepción económico.

Román Rodríguez