¿Fracking en Canarias?

Se está poniendo de moda eso de llevar un anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros sin que nadie conozca el texto, sin que nadie sepa exactamente el contenido de la propuesta más allá de un esbozo mediatizado e interesado que traslada el ministro del ramo a la opinión pública. Sucedió hace unas semanas con la reforma de la Administración Local y acaba de pasar de nuevo, en el Consejo de Ministros del viernes, día 1 de marzo, con un proyecto que dice pretender la introducción de la competencia y reforzar la seguridad de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

En una rueda de prensa y posterior comunicado, se nos informó que el ministerio de Industria pretende con esta iniciativa dar un impulso a la instalación de una generación más eficiente; favorecer la entrada de nuevas operadoras; crear mecanismos distributivos para nuevas instalaciones y así abaratar los costes de la generación; optimizar el coste del combustible; reforzar la capacidad de actuación del Gobierno en caso de riesgo de suministro y pasar a Red Eléctrica y Enagás la titularidad de los activos de las redes eléctricas y gasistas de las comunidades canaria y balear y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Hasta aquí una enredina muy poco clara para el común de los mortales, como suele suceder siempre con todo lo que gira alrededor de la energía: así es mucho más fácil dar gato por liebre. Pero al final del texto resumen, publicado en la página de La Moncloa, se nos señala que “de forma adicional a estas medidas, el nuevo proyecto de ley fija la obligación de que los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en España estén sometidos a una evaluación de impacto medioambiental”.

Al día siguiente, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario sale a la palestra para decirnos que desconoce el calado de las medidas que ha puesto en marcha el ministro Soria; que exige que se publique cuanto antes el verdadero documento y no una nota de prensa; que, por lo que se dice, en realidad la nueva norma no añade nada distinto al sistema eléctrico canario ni tampoco abaratará la factura de la luz y, finalmente, se pregunta “por qué en este anteproyecto se introduce una modificación a la Ley 34/1998 de hidrocarburos para incluir una técnica nueva para extraer petróleo que ha generado gran controversia por su agresividad ambiental” en alusión al fracking, fractura hidráulica o shale gas, muy de moda en estos momentos en algunos rincones del planeta y que no es sino una huida hacia delante, a la desesperada, en busca de los últimos restos de combustibles fósiles que van quedando en las entrañas de la tierra.

Y llegados a este punto es cuando nos asalta la duda. Más allá de la intención que se trasluce de quitar las competencias a las comunidades autónomas para la concesión de licencias para el empleo de esta técnica, por la oposición actual de muchas de ellas a autorizarlas, ¿está alguien pensando en solicitar alguna licencia para buscar gas o petróleo a miles de metros de profundidad en territorio canario? ¿Se está dejando caer la posibilidad y se está allanando el camino a alguien para propiciar lo que sería un atentado brutal al medioambiente y a la seguridad de los canarios?

En Canarias llevamos muchísimo tiempo esperando a que se despejen cuanto antes todas las pegas que en estos momentos sufren las renovables. Llevamos años esperando a que se puedan ejecutar los parques eólicos autorizados en el último concurso; llevamos la intemerata reclamando que se realicen las inversiones necesarias para que se pueda evacuar a la red eléctrica la electricidad producida por las energías limpias; llevamos clamando en el desierto, ni se sabe el tiempo, para que se aborten las trabas que una y otra vez ponen AENA y Aviación Civil para que se puedan instalar aerogeneradores; llevamos meses implorando la necesidad de que se contemple el diferencial canario a la hora de fijar las retribuciones de las energías renovables en las islas; llevamos más de un año esperando que se pongan de acuerdo el ministerio y Endesa ?si es que quieren, porque no estoy nada seguro de que quieran- para que se puedan empezar las obras de la central hidroeléctrica de Chira-Soria; llevamos meses y meses esperando que se regule de una vez por todas el autoconsumo que nos permita generar la energía que consumimos en nuestros hogares?Pero todo son aplazamientos, dilaciones, incertidumbres y hachazos desmotivadores.

Pero nada más que con las renovables, claro. Porque con los combustibles fósiles eso no sucede. Si el ministerio pusiera el mismo ahínco en solucionar los problemas que impiden la implantación de las energías limpias en Canarias que el que pone cada día, tercamente, en apostar por el gas o por las prospecciones petrolíferas, otro gallo nos cantaría. Por eso me suena muy raro lo de que aparezca en estos momentos el peligroso tema de la fractura hidráulica ligado a una modificación de las condiciones de generación de la energía para las islas.

A finales de diciembre, José Manuel Soria hizo unas declaraciones públicas apoyando el fracking o shale gas que consiste en sacar gas no convencional de las pizarras y de las rocas que se encuentran a kilómetros de profundidad. A mediados del mes pasado volvió a insistir en el tema en un acto organizado por Enerclub en Madrid, afirmando que el Gobierno no tiene “ningún complejo” a la hora de autorizar prospecciones para buscar yacimientos de petróleo y gas en España: “Allá donde haya una oportunidad de ver si podemos o no podemos hacer investigaciones o prospecciones de hidrocarburos debemos autorizarlas”.

No nos puede extrañar entonces que para esta locura de la fractura hidráulica hayan aumentado las solicitudes de los permisos de investigación en un 71% y las de explotación en un 59%, a pesar de que Cantabria, gobernada por el PP, está tramitando en su Parlamento un anteproyecto de ley para vetar esta práctica en su territorio. Y a pesar de que cada vez son más las comunidades, ayuntamientos y movimientos sociales, en distintos lugares de la geografía peninsular, que se suman al rechazo a este procedimiento para la extracción de combustibles fósiles.

En Europa no existe una posición unánime. El Parlamento europeo ha planteado que se autorice, extremando los requisitos medioambientales, pero dejando libertad a cada país para legislar. También vemos cómo mientras Francia estudia su prohibición, Holanda, que ha detectado sacudidas sísmicas de hasta 5 grados provocadas por estas prácticas, ha manifestado a través de su ministro de Economía que piensan seguir con el tema: “Debo prolongar la inseguridad ciudadana un año más”. Pero los pequeños terremotos no son el único problema. Además del daño al paisaje, este procedimiento conlleva una inyección a presión ? para romper las burbujas de gas o petróleo destrozando las rocas- de una enorme cantidad de agua (de 9.000 a 29.000 toneladas) con arena y productos químicos perjudiciales para la salud. El agua sobrante vuelve a la superficie después cargada de metales pesados y sustancias radiactivas como radón, radio o uranio o se inyecta en el subsuelo contaminando las aguas subterráneas. De la misma manera se producen fugas de metano considerables, con la consiguiente potenciación del efecto invernadero. ¿Realmente no tiene nada que ver con esto el nuevo anteproyecto?

De nuevo estamos ante una vuelta de tuerca más a la defensa de los intereses de los lobbys que marcan la estrategia energética a través de FAES, mientras se relegan las políticas medioambientales, la lucha contra el cambio climático, la generación de energías limpias, la independencia energética, la democratización de la energía y el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica.