El Gobierno de Progreso, al ataque

No se me asusten los derechosos y cavernícolas del Partido Popular, Vox y los que queden de Cs, el Gobierno de Progreso pasa al ataque político, no militar, y además les advierto de que en la oposición van a pasar mucho frío. Una de las primeras cosas que ha dicho Pedro Sánchez es que la legislatura va a durar 1.400 días, ha cambiado el día de la celebración del Consejo de Ministros de los viernes a los martes y ha diseñado una nueva política de comunicación que será más fluida y permanente. Hay detalles que son muy significativos como es el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que pondrá firme a los fiscales y jueces más reaccionarios, el nuevo Jemad, el teniente general Miguel Ángel Villaroya Vilalta, un catalán de gran prestigio en el Ejército y muy amigo del exjemad Julio Rodríguez, teniente general actualmente jefe de Gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias y orgánicamente coordinador general de Podemos Madrid.

Villaroya Vilalta sustituye al general Fernando Alejandre, que había sido nombrado por María Dolores de Cospedal y que se enteró de su destitución estando en Bruselas en una reunión de la OTAN; y también ha sido destituido el director general de la Guardia Civil, Felix Azón, y entre los candidat@s para asumir la Dirección General de la Benemérita suena la jueza Carmen Rodríguez Medel, que fue instructora del caso Máster contra Pablo Casado. En resumen, una serie de ceses y nombramientos que aportan savia nueva al Gobierno de Progreso.

El primer acuerdo del Gobierno ha sido subir las pensiones un 0,9 por ciento, algo que afecta a diez millones de personas y que aumenta el escuálido 0,25 por ciento de la última del PP en el lejano 2013, y ha informado de que sucesivamente llegará la subida del salario mínimo, que será en gradua en progresión anual, y la flamante ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene ante sí la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, que tiene los días contados y ya prepara un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Pero con respecto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que las tres derechas se han apresurado a estigmatizar, Pedro Sánchez tiene claro que habrá un cambio de rumbo en la relación con fiscales y jueces y que el tiempo ha dado la razón al Ministerio de Justicia que, a través de la Abogacía del Estado, decidió acusar por sedición y no por rebelión a los dirigentes independentistas y se posicionó a favor la inmunidad de Oriol Junqueras, a diferencia de lo que hizo la Fiscalía, que ha fracasado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el Tribunal Supremo de España (TSE). Está claro, el Gobierno de Progreso ha pasado al ataque.