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Impuesto al sol, subvención al humo
Recientemente se ha sabido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la propuesta del Ministerio de Industria de incentivar el uso del carbón nacional para producir energía eléctrica. Junto con el llamado “impuesto al sol”, que impone de forma absurda el pago de impuestos por el autoconsumo eléctrico proveniente de fuentes limpias, más eficientes y sostenibles, se ofrece un panorama peor aun que descorazonador: injusto para la ciudadanía en provecho de unas pocas empresas de gran capital.
Una vez más vemos que las decisiones del Ministerio de Soria coinciden con el interés de las grandes empresas energéticas y, como casi todas, lesionan gravemente los intereses de los ciudadanos:
- El “déficit de tarifa”. Al parecer, las grandes empresas eléctricas habían cobrado de menos varios años por el suministro de energía. Más de 25.000 millones de € que ahora pagamos todos. ¿Como es eso compatible con que esas mismas empresas tuvieran beneficios en esos años?
- Subasta de energía. Que consiste, básicamente, en que son las mismas productoras las que ofrecen en subasta precios para su compra, con lo que el resultado de precio libre y abusivo está servido.
- Sondeos de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura. Con una amplísima mayoría de la población canaria en contra, con un procedimiento administrativo al parecer plagado de irregularidades sobre todo en aspectos medioambientales, con la opinión de la comunidad científica nacional e internacional plenamente desfavorable a esas exploraciones, a pesar del vigorosísimo esfuerzo de la multinacional y sus pagados en publicidad presentándolo como algo deseable.
- El impuesto al sol. Gravar el autoconsumo proveniente de fuentes limpias y eficientes. Cobrar por verter a la red energía eléctrica. Si es una gran empresa se llama suministro y hay que pagarle, si es un pequeño productor, se le cobra por lo mismo.
- Y ahora esta subvención a la fuente de energía más contaminante que existe, al tiempo que se obstaculiza hasta la parálisis la producción y almacenamiento de energía proveniente de fuentes limpias, más eficientes, sostenibles y más baratas de producir, como la fotovoltáica, la eólica, y la pila de Tesla.
Todos estos hechos en los que salen siempre beneficiados las grandes empresas energéticas (y el capital propietario de las mismas) y perjudicados los ciudadanos, los consumidores, el bien común, dejan en evidencia qué intereses se defiende desde la Administración. Este absurdo desatino es imposible hacerlo por desconocimiento ni por desinterés. Teniendo lo contrario, conocimiento e interés, que lo debe haber por obligación en el Ministerio, sobre todo en las altas instancias, la realidad expone con bastante claridad que no son los intereses nuestros, de los consumidores, de los ciudadanos, los que se buscan.
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