La ley del silencio

La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado por concluida la investigación de la conocida como operación Yate. Una operación llevada a cabo contra la corrupción urbanística en el municipio de Yaiza, concretada en la masiva concesión de licencias ilegales a cambio de maletines.

Considera la Fiscalía que, a cambio de la concesión de licencias urbanísticas, José Francisco Reyes amasó más de un millón de euros de manera ilegal. Un enriquecimiento ilícito que trató de ocultar con empresas pantallas, simulación de créditos e inversiones en efectivo, entre otros medios.

Decir que alguien se enriquece otorgando licencias ilegales implica necesariamente la existencia de un tercero que se ha beneficiado de la acción del ex alcalde, previo pago al mismo de la correspondiente mordida. Más claro: alguno/algunos/todos los propietarios de hoteles con licencia ilegal sobornó/sobornaron al ex alcalde.

Faltan sin embargo los nombres de esos empresarios en el escrito de la Fiscalía y por ello la sensación es de insatisfacción.

Insatisfacción que no se refiere en modo alguno al excelente trabajo realizado por la Fiscalía durante la instrucción. Al contrario, como acusación activa en el procedimiento, me constan los esfuerzos realizados por el Fiscal, y por la letrada que me representa, en la búsqueda de la verdad material de lo sucedido en Yaiza.

Esa búsqueda ha chocado con el muro de silencio de José Francisco Reyes. Un silencio que estoy en condiciones de considerar como forzado, pues las circunstancias inducen a pensarlo así.

Hay que recordar que tras su detención José Francisco Reyes dio algunos nombres de empresarios que, según él, le habían ayudado. Piadoso eufemismo para evitar decir claramente que lo habían comprado.

Tras la visita de algún letrado, al parecer, José Francisco Reyes reconsideró su declaración y se desdijo. Probablemente comprendiera que colaborar con la justicia significaba romper la omertà, quebrar el silencio mafioso al que viene obligado.

Por eso, a pesar de que la Fiscalía y la acusación saben (sabemos), que ese dinero fue pagado por empresarios que se beneficiaron de licencias ilegales, no pueden (podemos) ampliar la acusación a aquellos que sobornaron, pues de momento no se ha logrado acreditar quién, cuánto, cómo, cuándo y dónde pago a José Francisco Reyes las cantidades que le han permitido amasar ese más de un millón de euros.

Lo que si dice la Fiscalía es que “Durante la Instrucción se han analizado con evidente signo incriminatorio una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros(expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, del hotel Rubicón Palace, del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 plan parcial las coloradas, de los apartamentos Cay Beach papagayo en la parcela 14 plan parcial las coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial montaña roja) .

También se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad “Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A. y el expediente administrativo para la aprobación del plan parcial playa blanca.”

Al otro lado del enriquecimiento ilícito de José Francisco Reyes están algunos de ellos protegidos por la ley del silencio. Como la omertà de la mafia.