2016, mal año para la política canaria

2016 ha sido un año de avances y retrocesos en Canarias. En el plano político ha destacado sobremanera la inestabilidad, la desconfianza, el divisionismo y el pleitismo en un Gobierno canario que ha terminado por romperse. Perviviendo una grave crisis política-institucional con el mal gobierno de las competencias que tiene la Comunidad Canaria.

Aunque se ha producido una recuperación de la actividad económica, con buenos datos en la llegada de turistas y el aumento del gasto de los mismos, no han ido acompañados de la suficiente generación de empleo, ni en la calidad de este.

Además, Canarias se ha ido empobreciendo y es hoy menor su convergencia con España y Europa. La renta per cápita de las islas supone hoy el 66,5% de la renta europea. Con relación a la renta media del Estado español, nuestra renta per cápita se sitúa en el 82,9%, es decir, diecisiete puntos menos. Cuando a principios de siglo llegó a ser del 94%.

Lo que no depende del Gobierno canario, como es el caso del turismo, mejora razonablemente. Se incrementan los visitantes, como también sucede en Cataluña, Andalucía y Baleares. Junto a nuestras excelentes condiciones climáticas, relativa cercanía a Europa y calidad de buena parte de la planta hotelera, le han favorecido los precios del petróleo, la reducción de los tipos de interés, las condiciones económicas de los países emisores y la crisis de seguridad que afecta a varios países competidores del Mediterráneo.

Cosa bien distinta es que los excelentes resultados del sector turístico hayan influido lo suficiente en la creación de empleo. Seguimos con tasas de paro inaceptables, del 26,1% en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año. Tenemos 181.000 parados de larga duración y una tasa de paro juvenil del 51,42%. Más de 106.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, el 16,71% de los hogares de las Islas, cuando la media española es del 10,75%.

Desigualdad

Además, el empleo generado sigue siendo precario y de baja calidad. La sociedad canaria ha tenido tradicionalmente y tiene hoy un grave problema de redistribución de la riqueza y es una de las más desiguales del conjunto del Estado. Con altas tasas de desempleo y bajos salarios que llevan a reducidas prestaciones sociales e insuficientes pensiones. La crisis económica que hemos padecido ha llevado a una mayor desigualdad, con un retroceso en las condiciones de vida de trabajadores y clases medias. Y con unos servicios públicos descapitalizados, ahondando en esa desigualdad.

A ello se contribuye desde un Ejecutivo canario que aplica políticas fiscales conservadoras, como se ha ratificado en los recién aprobados presupuestos de Canarias para 2017. Un Gobierno que no utiliza la capacidad fiscal que tenemos para adoptar medidas (instauración de una tasa turística, impuesto sobre bebidas azucaradas, incremento el IGIC a los artículos de lujo…) que posibiliten disponer de más recursos para la inversión y los servicios públicos.

En dirección contraria, en las cuentas públicas canarias se mantiene la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones, sin discriminación alguna de la renta de los beneficiarios; y se establecen otras, como la bajada del IGIC para que los turistas compren aguas de perfumes aún más baratos, lo que supone dejar de ingresar 21 millones de euros.

Mientras que los servicios públicos, que sí dependen del Gobierno, pasan por una situación de enorme dificultad y cuestionamiento social. Con insuficiencias graves que afectan a la educación y a los servicios sociales. Con una crisis de la sanidad que padece un importante desfase sobre el presupuesto inicial que se acercará a los 200 millones de euros. Un desfase mayor si tenemos en cuenta lo que se precisa para garantizar una sanidad que responda a las necesidades de la ciudadanía.

Las elevadas listas de espera, los colapsos en urgencias y las justificadas críticas de usuarios y profesionales continuarán, mientras el Gobierno, en ese momento todavía de CC y PSOE, con el apoyo del PP, prefirió un reparto clientelar de los recursos del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) en lugar de plantear, como Nueva Canarias (NC) defendió en una enmienda a los presupuestos, que 80 millones de euros fueran dirigidos a educación, sanidad y servicios sociales.

En el plano político-institucional hemos vivido una crisis permanente, con un presidente que ha promovido el pleitismo y la división insular. Una crisis que, a finales de diciembre, ha llevado a la ruptura del Gobierno CC-PSOE y el establecimiento de un Ejecutivo con escaso respaldo parlamentario y cuyo presidente, por la debilidad de sus apoyos, debiera someterse a una cuestión de confianza.

Un Ejecutivo, ahora en solitario de CC, que en distintas acciones, desde el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a la delegación de competencias en carreteras a algún Cabildo amigo, pasando por el proyecto de ley del suelo o su posicionamiento inmovilista respecto a la reforma de nuestro injusto sistema electoral, se fundamenta en un creciente fraccionamiento e insularismo, como en los peores tiempos, desarticulando a Canarias.

Futuro incierto

Con numerosos retos e incertidumbres se presenta 2017. Entre ellas el debate en las Cortes del reformado Estatuto. Valoro la ampliación del autogobierno que supondría su aprobación, pero considero que debe llevar aparejada una modificación sustancial del actual sistema electoral de las Islas, tanto en las barreras de acceso como en la proporcionalidad. Para ganar en democracia y reflejar mejor la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

La nueva financiación autonómica es otro reto para una Canarias que ha estado desde 2009 situada unos 600 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades de régimen común. El proceso de discusión de la misma no se ha iniciado aún y todo indica que será muy complejo, por la falta de recursos adicionales significativos y por los actuales problemas territoriales del Estado español.

También con el debate parlamentario sobre el proyecto de ley del Suelo, impulsada por Clavijo. Mientras la mayoría de las leyes sobre el territorio y el medioambiente han contado con un amplio debate y un enorme consenso político y social, esta normativa suscita un amplio rechazo y pone en riesgo el futuro del Archipiélago, supeditando el territorio, patrimonio de todos los hombres y mujeres de Canarias, los de hoy y los de mañana, a los intereses privados.

Canarias precisa, asimismo, un cambio profundo que posibilite rescatar a los debilitados servicios públicos, priorizándolos y dotándolos adecuadamente, y de políticas que coadyuven en la generación de empleo y en la calidad de este. Afrontando, al tiempo, actuaciones decididas para dar dignidad a los que han sido arrasados por la crisis, con un plan riguroso contra la pobreza y la exclusión social.

Ha sido un año nefasto para la política canaria, culminado con la puesta en marcha de un Gobierno sin mayoría parlamentaria, apoyado solo en la tercera fuerza política en votos de la Cámara, que representa el sufragio de menos del 18% de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, y sustentado en una minoría parlamentaria. Mal punto de partida para afrontar los retos que esperan a las Islas en 2017.

Será, sin duda, un año complicado, en medio de importantes turbulencias internacionales con el avance del populismo conservador. Con un repunte de los precios del petróleo. Con una economía que crecerá menos que en 2016, según las distintas proyecciones, y con una sociedad que no ha superado la devastación, el empobrecimiento y la marginación que causó la crisis iniciada en 2008. Y con un Gobierno débil, insularista, conservador y sin la menor voluntad transformadora.