Malos tiempos para la financiación autonómica

El cambio en el modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 no va a ser fácil. Debió ser modificada en el año 2014 y la situación económica, además de los problemas territoriales, lo ha ido postergando. No fue capaz de solventarlo un PP con mayoría absoluta y con importante poder en las comunidades autónomas. El presidente Pedro Sánchez, con mayor debilidad parlamentaria que el Rajoy del período del 2011 al 2015, ha decidido aplazar el tema para la próxima legislatura, es decir, después de las elecciones que, previsiblemente, tendrán lugar en 2020.

Sin resolver el contencioso de Cataluña, que forma parte de las comunidades de régimen común y que tiene entre sus reivindicaciones históricas una sustancial mejora de su financiación, será muy complicado el acuerdo. Más, aún, si no se cuenta con recursos adicionales (de los que sí dispuso José Luis Rodríguez Zapatero en 2009) para satisfacer, al menos, parte de las exigencias de mejora por parte de distintas nacionalidades y regiones.

Se estima que se precisarían unos 16.000 millones de euros, como mínimo, adicionales para viabilizar un nuevo modelo. Lo que supone 1,5 puntos del PIB español. Eso solo podría solventarse con una modificación de la actual fiscalidad, permitiendo más ingresos para las administraciones y los servicios públicos. Un sistema fiscal más progresivo y justo, más homologable a los estados de nuestro entorno sociopolítico, que tampoco aparece en primer lugar en la agenda política próxima del Gobierno estatal.

Peso político

Además de Canarias, hay comunidades autónomas que llevan tiempo presionando fuertemente para un inmediato cambio de modelo. Especialmente Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid. Todas ellas con un mayor peso político que Canarias en el concierto estatal y con gobiernos más sólidos.

La Junta de Andalucía ha defendido, hasta ahora, un modelo de financiación autonómica que centre su reparto en el criterio de la población y aporte 16.000 millones de euros más al año a las comunidades autónomas, unos 4.000 millones de euros para la andaluza. Curiosamente, ésa era la propuesta que hace unos meses hacía su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, hoy ministra del ramo en el Gobierno estatal.

Luego cada comunidad, además de la población ajustada, quiere dar más peso a determinados parámetros, como sucede con Galicia y Castilla y León con relación al envejecimiento poblacional. Muchas ponen el énfasis en la corresponsabilidad fiscal, criticando que algunas se nieguen a subir impuestos pero luego pretendan exigir el máximo de recursos de la cesta común.

Por otra parte, desde Nueva Canarias (NC) ya advertimos en su momento que cabía la posibilidad de relaciones bilaterales con las CCAA, y que las comunidades cumplidoras con los objetivos de déficit y deuda no se iban a ver premiadas. No nos coge de sorpresa esa posibilidad de condonación de deuda a las incumplidoras que ahora denuncia el Gobierno de CC.

Nueva situación de Canarias

Tenemos que recordar lo que nos sucedió en 2009 para no repetirlo. Entonces, con un Gobierno estatal del PSOE, CC aceptó un modelo de financiación que supuso un importante retroceso para esta tierra. A partir de su puesta en vigor y durante los años siguientes, Canarias perdió anualmente entre 600 y 700 millones de euros. Un grave error, el de contabilizar los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) como recursos de la financiación autonómica, que pagaron los servicios públicos y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

Respecto a la comunidad canaria, he venido señalando que es preferible mantener el statu quo actual antes que vernos inmersos en un proceso de reforma desde posiciones de enorme debilidad que pueden colocarnos peor de lo que estamos. Será muy difícil que podamos mejorar sin que se coloquen sobre la mesa negociadora recursos adicionales significativos.

Situación que se ha ido modificando en el período reciente. En primer lugar, cuando el Gobierno de Paulino Rivero logró recuperar el 50% del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) en 2010. A lo que se añadió el otro 50%, ya con Fernando Clavijo en el Ejecutivo, en 2017. Otra cosa es el uso dado a esos recursos, que debió ser para dotar adecuadamente los servicios públicos y no para obras de más que dudoso impacto.

Además de la recuperación del IGTE, que ha supuesto un global de casi 260 millones de euros anuales, nuestra comunidad ha logrado mejorar sustancialmente su financiación, en la negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2017 y 2018.

Al conseguir los nacionalistas sacar los recursos del REF de la financiación autonómica en la disposición adicional decimonovena de la ley de presupuestos de 2017, nuestra comunidad pudo percibir 220 millones de euros adicionales el pasado año. La cifra se ha incrementado hasta los 440 millones de euros en el presente ejercicio económico y alcanzará los 560 millones de euros en 2019 para la sanidad, la educación y los servicios sociales, aproximándonos mucho a la financiación per cápita media.

Canarias: recursos adicionales financiación (*)

2017	2018	2019
220 millones	440 millones	560 millones

(*) Sin incluir los procedentes del IGTE

Esto permite acercarnos a la financiación per cápita media de las comunidades de régimen común, corrigiendo una situación injusta que castigaba a la sociedad de las Islas. Hay que añadir además los convenios de infraestructuras, lo que conjuntamente hace mejorar mucho la financiación. Ahora hace falta gestionarlo bien, atendiendo a las prioridades de esta tierra y de su gente.

Como he señalado, es importante el avance alcanzado en financiación, gracias a la recuperación de los recursos del IGTE, a la separación de los recursos fiscales del REF, que también hemos incorporado en la ley del REF y en el Estatuto, de forma que cuando se vuelva a discutir estemos en una posición jurídica más fuerte y que se tengan en cuenta las singularidades territoriales del Archipiélago, garantizando que estemos en la media de financiación de las comunidades y que nuestros servicios públicos estén adecuadamente dotados.