La música clásica en el debate político canario

Asistimos últimamente a un encendido debate en la prensa y en las redes a causa del reciente cambio que el Gobierno autonómico ha promovido en la dirección del Festival Internacional de Música de Canarias, cambio que se ha visto traducido en un nuevo estilo de  programación y un criterio de gasto diferente para la próxima edición, para escándalo de la pequeña camarilla cultural autóctona, que mira el Festival como quien contempla un jardín privado. Musicólogos titulados en la escuela de la vida y en los hermosos veranos de Bayreuth y Salzburgo, se aferran a sus fueros y a toda la influencia que aún pueden ejercer, para evitar, dicen, un tremendo dislate, frente a la tropa de paracaidistas que con mayor o menor acierto y probidad ven abierta la posibilidad de abrir una brecha en el búnker, colarse en él y, transformar el Festival en otra cosa, otra cosa parecida en cualquier caso.  En torno a ellos, añadiendo ruido y jolgorio a la refriega, se alzan algunas voces apocalípticas que claman por la destrucción del Festival y de todo el entramado decadente y palaciego que sostiene a la cultura en estas latitudes. Tal y como está planteado, es notorio que el debate, promovido, insistimos, desde el propio  Gobierno, no deja de considerar la música clásica como un gasto suntuario, y el Festival como un evento para élites y entendidos, más o menos numerosos, más o menos locales, más o menos sectarios. Los actores en liza no dejarán de intentar barrer para su propia casa, confundiendo el interés general con el propio, como  sucede a menudo cuando las gentes de la cultura, que son por lo general espontáneamente individualistas y mercenarias, se plantean el compromiso social o político: empiezan con buenas intenciones y acaban tratando de sí mismos y de sus asuntos personales y familiares, que poco o nada tienen que ver con los problemas de la mayoría que los inspiraban al principio.

Un Festival de Música como el que disfrutamos, que se lleva un sabroso bocado del gasto total en Cultura, estaría plenamente justificado en una Comunidad donde la afición a la música clásica estuviera consolidada o donde se pretendiera dar prioridad a la misma desde el plano educativo. No es nuestro caso: en Canarias, como sabemos, no existe una afición numerosa a la  música clásica, y a la par que padecemos unos niveles bajísimos en todas las materias culturales y artísticas (índices de lectura, asistencia a teatros, exposiciones y conciertos, incluso afición al cine, tal y como recoge el último estudio publicado por el Consejo Económico y Social del que tenemos noticia, correspondiente al dictamen 2/2011 sobre el Plan Canario de Cultura), tal es la realidad del conocimiento y disfrute de la música clásica en el Archipiélago. Por lo que respecta a la Música dentro del marco de la Educación Pública, que debería ser la puerta de entrada a un conocimiento musical serio para toda la población, el Gobierno canario ha acatado sin rechistar una reforma de la Ley Educativa que reduce drásticamente el peso de la formación musical en el currículo de la Enseñanza Obligatoria, dentro del deterioro generalizado que sufren las Humanidades y las Artes en el modelo tecnocrático y mercantil promovido por la derecha. Así pues, tenemos, por un lado, un abandono y desinterés totales en lo que respecta a la educación musical de ámbito generalista, mientras que, por el otro, cobra importancia un debate sobre el “principal evento cultural del Archipiélago”. Tiene esta contradicción en la política cultural canaria algo propio de  colonia subdesarrollada, donde las élites se pelean por los divos que han de venir la próxima temporada mientras el pueblo llano, con pocas expectativas de cara al futuro, cada vez canta menos y se intoxica con el mainstream enlatado de las fórmulas comerciales, sin diálogo alguno entre ambas esferas. En este contexto de desidia e indiferencia reales, resulta claramente arbitrario justificar la presencia de la Orquesta delTeatro Mariinsky o la Sinfónica de Chicago (demasiado cara incluso para muchas salas norteamericanas) en nuestros auditorios. Desde el ámbito del Gobierno y adláteres, sin duda, los más pragmáticos y expeditivos, a quienes bastan un timple y el raca raca con la botella de anís para colmar sus necesidades musicales, querrán aprovechar estas inconsistencias para desmontar piedra a piedra un Festival que, ciertamente, ha traído a Canarias, a lo largo de sus treinta y pico ediciones, a muchos artistas de primer nivel mundial.  

Así pues, encontramos la verdad dolorosa de que la música, clásica, folklórica o de consumo masivo, como bien cultural general, importa bien poco a nuestra infausta clase política, más allá de lo que pueda suponer eventualmente como escaparate publicitario. El nivel de conciencia y conocimientos específicos por parte de los responsables directos es muy deficiente y, al no tener ni idea, se encomiendan a la rosca de los sabios melómanos de antaño, musicólogos apócrifos, compositores atonales en sus ratos libres y gentes de rancio abolengo, que consolidaron su monopolio en cuestiones culturales cuando esto era un pedregal, se divirtieron y gozaron con ello y pretenden ahora seguir sentando cátedra desde sus ajadas tribunas, sin atender a los cambios experimentados con el transcurrir del tiempo y a la irrupción de otras voces, probablemente más cualificadas. Efectivamente ha pasado el tiempo y muchos esforzados estudiantes de música que se formaron fuera han vuelto a las islas, pero la política de implantación musical no ha terminado de cuajar. Tras el periodo expansivo de los años ochenta y primeros noventa, cuando realmente se trató de extender y democratizar el acceso a los estudios artísticos, incluso a nivel profesional, hoy vuelve a darse por sentado que el aprendizaje de la música clásica ha de ser minoritario. La realidad de los conservatorios canarios muestra unos niveles de matrículas claramente insuficientes, procedentes sobre todo de un alumnado que cursa sus estudios obligatorios en colegios privados. Los estudios elementales, profesionales y superiores de Música se han encarecido  de forma escandalosa en las últimas dos décadas, en consonancia con lo sucedido en todo el ámbito educativo. La nueva elitización de la educación que promueve la derecha ha dado como resultado previsible un vaciamiento de las aulas en las islas y un ambiente cada vez más mortecino para el alumnado.

Por otra parte, la situación laboral de los músicos y profesores de música, la mayoría de los cuales son titulados superiores con largos años de estudio y experiencia a sus espaldas, es tremendamente precaria en Canarias. Sólo escapan con cierta holgura quienes trabajan para instituciones públicas fuertemente respaldadas, e incluso en algunas de estas observamos un gran desorden, arbitrariedades y malestar laboral, tal y como atestiguan la convocatoria de huelga para septiembre en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria o los sucesos del curso pasado a raíz del cambio de dirección en el Conservatorio Superior de Canarias. La situación de las Escuelas de Música municipales, a su vez, es muy preocupante. El Gobierno de Canarias y los Cabildos han aprovechado la crisis para eliminar de un plumazo las subvenciones que antaño concedían a estos centros, con el consiguiente deterioro de este servicio. Muchas han cerrado. Otras se han privatizado. Incluso algunos ayuntamientos pretendidamente progresistas y que se toman a sí mismos como modelo de políticas alternativas, mantienen sus Escuelas de Música externalizadas y al profesorado en condiciones precarias, en muchos casos en régimen de discontinuidad, y con una remuneración paupérrima, con la aquiescencia, esto es lo más preocupante, de muchos de estos mismos profesores, que temen perder lo poco que tienen y tratan de mantenerse a flote como sea, dificultando cualquier reivindicación sindical o mejora de carácter colectivo. Del sector privado, productores y asociaciones, no se puede esperar de momento nada bueno. La desregulación absoluta, los abusos laborales, la ausencia de opciones fiscales viables, junto con la permanente incertidumbre de si habrá o no habrá actividades, comportan enormes dificultades de trabajo para el músico que prentenda subsistir en este ámbito. La emigración vuelve a ser la opción de quienes quieren salir adelante. Ningún gran Festival arreglará de momento la situación de estos profesionales.

Como vemos, hay mucho trabajo que hacer en la implantación de unas políticas que favorezcan la posibilidad de disfrutar mayoritariamente de una vida musical de calidad en el Archipiélago y que sostengan el tejido musical profesional autóctono. Ello va mucho más allá de un mero cambio en la programación del Festival y atañe, como es evidente, a las políticas educativas. La importancia de la música, omnipresente en nuestra vida, justifica que los países más avanzados hayan blindado el derecho de la población al acceso a una cultura musical sólida, incluso mediante reformas constitucionales.  Nosotros, como los suizos y los austríacos, también deseamos poder escuchar por estas latitudes a Juan Diego Flórez o a la Petite Bande de  Sigiswald Kuijken, y deseamos más aún que se programen y remuneren conciertos educativos de libre acceso durante todo el año para los intérpretes que residen en Canarias. Queremos escuchar en vivo a la Mahler Chamber Orchestra y al Cuarteto de La Habana y queremos también que todos los conciertos del Festival se puedan ver en la Televisión Canarian horario de máxima audiencia. Deseamos ardientemente que traigan a la contralto Cecilia Bartoli acompañada por Il Giardino Armonico o al violonchelista Pieter Wispelwey con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam o, por qué no, a la Filarmónica de Berlín con Sir Simon Rattle al frente, para deslumbrarnos con Mahler o Stravinsky; eso sí, que ningún escolar en Canarias se quede sin saberlo, que todo el mundo celebre el desembarco de los artistas y el gran público sepa tararear los primeros compases cuando el maestro empiece a mover la batuta. Mucho pedir, probablemente. Pero a día de hoy no observamos más que un continuismo de fondo que no hará sino prolongar el desencuentro y la falta de arraigo entre el Festival y la población que lo sostiene y financia.