El negocio del agua (y 4)

El objetivo exclusivo de las multinacionales que realizan la gestión privada del agua es sacar el máximo beneficio mientras dure la concesión. Para ello utilizan el mecanismo de la subcontratación con empresas de su grupo pero también a través de otros subterfugios, como el que utiliza en Santa Cruz la empresa Sacyr que simula la existencia de un crédito con una empresa de su grupo para poder desviar ingentes cantidades de dinero en concepto de pago de intereses de aquel crédito ficticio (en este año del orden de 1.400.000 euros). Otra forma de desviar dinero es no gastarlo en las inversiones que resultan necesarias para la reposición de infraestructuras. Para la ciudad estas obras son indispensables pero para ellos supone un monumental ahorro que les permite incrementar las ganancias que ingresan en las arcas de su emporio. En nuestra ciudad, por ejemplo, no han invertido un solo euro en el denominado plan de grandes reparaciones (cercano a los diez millones de euros) ni han emitido una sola factura para las obras de reposición prevista en su oferta de licitación.

Esta sancionable opción de no realizar estos gastos tiene también efectos ambientales. Por ejemplo, en nuestra ciudad, la apetencia de Sacyr provoca que, mientras se embolsa el dinero que todos los vecinos pagamos en nuestro recibo por la depuración de las aguas, se vierten diariamente a nuestro litoral más de 20 mil metros cúbicos de aguas contaminadas. Y también la no inversión de aquel plan las grandes reparaciones supone que no se reduzcan las mermas de agua potable en las redes, perdiendo gran cantidad de un recurso tan escaso en nuestras islas como es el agua por las apetencias que tiene Sacyr por el dinero.

Para lograr un servicio eficaz, como el que tuvimos a gala los santacruceros desde 1942, se requiere gestionar de manera óptima los ingresos que realizamos los contribuyentes destinando parte de ese dinero a los gastos que demandan las obras de reposición o ampliación de infraestructuras. La EMMASA pública lo hizo hasta el 2005, logrando obtener ese año 300.000 euros de beneficios que hubiera destinado a mejoras del servicio si no la hubiera privatizado la gerontocracia que nos gobierna.