Neocolonialismo acuático en La Laguna

Trataron de que pasara sin pena ni gloria, valiéndose de la indecente cantidad de dinero que gastan año tras año en publicidad y propaganda, el Pleno extraordinario solicitado por toda la oposición el pasado 19 de diciembre para debatir un asunto tan importante como el futuro de la calidad del agua en La Laguna.

No sólo lo fijaron a las 3 de la tarde (una hora inédita), coincidiendo con otro denso Pleno ordinario que comenzaba a las 5; sino que el concejal responsable de Aguas, Javier Abreu, ya había dado una rueda de prensa esa misma mañana para vaciar de contenido la reunión del máximo órgano del Ayuntamiento, dejando claro que más allá de cualquier debate, el agua en La Laguna volvía a subir de precio y los 15 millones de euros que cuesta una desalinizadora tendrán que pagarlos los vecinos y vecinas de su bolsillo.

Este Gobierno de CC y PSOE se pasa la vida haciendo grandes y lindos discursos sobre la importancia de la participación ciudadana y sobre la necesidad de contar con un agua de calidad, pero a la hora de la verdad convocan el Pleno para hablar del asunto a las 3 de la tarde, un horario que dificulta la asistencia del público, y después de dar por hecho públicamente, sin discutirlo con nadie, que esos 15 millones de euros acabarán saliendo de las facturas bimestrales que se abonan a Teidagua.

Esta es una convocatoria que retrata por sí sola a quienes la han hecho: el alcalde, Fernando Clavijo; y su lugarteniente, Javier Abreu; y que dice más que los mil siguientes discursos que tendremos que escucharles sobre participación ciudadana y sobre el agua en los años que nos quedan por vivir.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.

Un viejo asunto: el problema de la calidad del agua en La Laguna y la evidente necesidad de mejorarla, porque no puede ser que miles de usuarios sigan recibiendo en sus casas un agua ya no mala, sino incluso no potable. Un asunto viejo, del que se viene hablando muchos años y a pesar de los reiterados compromisos electorales pasa el tiempo sin que se llegue a solucionar.

Y no contestaron ni una sola pregunta: ¿Cuánto van a tener que pagar los vecinos cada bimestre por la construcción de la desalinizadora? ¿De quién va a ser la titularidad de la planta? ¿Cuánto van a tener que abonar por el proceso de desalinización? ¿Por qué en lugar de desalinizar un agua que compran, que cuesta dinero y hay que tratar para que sirva, no recuperan el proyecto de la desaladora de Valle de Guerra que permite desalar un agua que es gratuita y de mejor calidad que la de las galerías?

La estrategia de Abreu fue valerse de su condición accidental de presidente accidentado del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna para no contestar ni una sola pregunta y tratar de cerrar las intervenciones desde la Presidencia, dando las versiones sui generis de la realidad a las que acostumbra (de color rosa, ahora que está en el Gobierno, catastrofistas cuando estaba en la oposición) sin posibilidad de debate.

No se da cuenta Javier Abreu de que la realidad lo está esperando a la vuelta de la esquina para contradecirlo y dejarlo con el culito al aire una vez tras otra. Y como ha tenido que sufrir que unos medios de comunicación necesitados de publicidad y propaganda no se hicieran el eco que él consideraba oportuno de sus versiones cuando estaba en la oposición, piensa que desde el Gobierno podrá acallar con carretillas de dinero público gastado en propaganda las voces irreverentes de quienes tenemos ahora la responsabilidad de fiscalizarlo a él.

No es consciente de que si un día improvisa, y se lo cuenta a un periodista y se publica, que la construcción de la desalinizadora sólo supondrá 0,75 euros/bimestre en la factura de cada usuario; la realidad está ahí, esperando en la bajadita, para certificar que o bien es que tendrán que estar pagando 40 años, o que si lo quieren hacer a 10 años serán 3,72 euros/bimestre más lo que pague cada quien; 2,74 euros/bimestre en el caso de 15 años.

No quiere aceptar que la realidad le arruine un spot publicitario, otro más.

Es lo mismo que pasó después de emplearse a fondo para anunciar que las tarifas del agua en La Laguna para 2012 se congelaban. No sólo incumplió el compromiso electoral del PSOE de bajarlas (como dicen que el pacto lagunero es entre personas y no entre partidos parece que los compromisos electorales del PSOE pesan menos que la estrategia de Abreu); sino que la realidad vino a certificar que los costes fijos hacían subir la factura del agua el año pasado un mínimo de 24 euros, y que incluso sin abrir el grifo ni gastar una sola gota de agua cada vecino tuvo que pagar un mínimo de 20 euros/bimestre, es decir, 4 euros más a pesar de que las tarifas habían sido congeladas.

Tampoco le gusta escuchar al responsable de Aguas que la única diferencia desde su llegada a la dirección del área, en relación con la desalinizadora, es que ahora serán los vecinos quienes paguen: el proyecto ya fue presentado en febrero de 2011, un par de meses antes de las elecciones, por Fernando Clavijo. Eso sí, con el compromiso de que debido a la buena salud financiera de Teidagua (tiene beneficios millonarios cada año) sería ésta empresa la que asumiera los costes de la ejecución de la planta.

La llegada de Abreu al Consejo de Administración de Teidagua ha sido una bendición para la empresa, también para su parte privada. El azote opositor que gastaba dinero en colocar vallas advirtiendo del riesgo de morir en el caso de beber agua del grifo en La Laguna, se ha vuelto un corderito que ora les regala unos derechos que pueden llegar a ser millonarios en el caso de que haya agua en el Pozo de Las Mercedes, ora los libera de pagar los 15 millones de euros que cuesta la desalinizadora y se los endosa a la ciudadanía.

Una ciudadanía a la que debería estar defendiendo. Porque Abreu no está en el Consejo de Administración de Teidagua porque sea un experto en el tema, sino porque es concejal responsable del área en el Ayuntamiento de La Laguna. Y su primera función debería ser defender los intereses de los laguneros y las laguneras y vigilar a la empresa. Y no al contrario, por mucho que sea ésta última quien está pagando su sueldo, su propaganda diaria y hasta su periodista de cabecera.

Porque cuando un Gobierno municipal decide ceder la gestión de un servicio público esencial y obligatorio como el del agua a una empresa con parte de su capital privado, tiene que imponerse como primera misión vigilar la gestión de la misma. Y aquí ha pasado justo lo contrario, la persona que tenía que estar vigilando la gestión se ha convertido en empleado de la empresa a la que tenía que vigilar.

Es una nueva forma de colonialismo consistente en guiñar el ojo a los representantes públicos, es una suerte de neocolonialismo acuático aberrante que a fuerza de vencer a cuantos responsables políticos ha tenido la empresa les permite hacer negocio con un bien de primera necesidad en un mercado cautivo: La Laguna.