Nuevo ataque a las renovables

Una vez más el Gobierno de Canarias nos anuncia que en un año va a aumentar considerablemente la penetración de las energías renovables en Canarias. Según el consejero de Industria, Pedro Ortega, con el desbloqueo de 45 nuevos parques, que se acogen al régimen de ayudas del Gobierno central, las energías limpias alcanzarán un porcentaje del 21% frente al 9% actual. No es la primera vez que el Gobierno canario de turno anuncia que pasado un corto periodo de tiempo nuestras islas aumentarían su cuota de renovables. Pero jamás se ha cumplido. Parece que la situación ahora pinta distinto y que la liberación de 422 MW va a suponer un aumento notable de las renovables en Canarias, pero los trámites pendientes de realizar por cada uno de los parques a instalar en el futuro (autorizaciones administrativas, revisiones técnicas, infraestructuras para las evacuaciones a la red, etc) no van a hacer posible que alcancemos, ni de lejos, esa cifra en doce meses. Además, se barrunta otra tormenta. Se empieza a correr un rumor por los mentideros eólicos: que las solicitudes de nuevas potencias se elevan a 650 MW y que habría que proceder entonces a realizar una criba. Fue la fórmula del desempate la que provocó el retraso y los recursos en el último concurso. Ojalá no suceda lo mismo ahora.

Ojalá la implantación de los 422 MW se haga realidad, o se acerque a la realidad cuanto antes, pero los obstáculos que impiden una auténtica penetración de las renovables y la democratización de la energía en este archipiélago siguen prácticamente inalterables. Por lo pronto en esta distribución que ha autorizado el ministerio de Industria para Canarias, Gas Natural Fenosa Renovables copa 70 MW del total. Es la tónica. En los próximos años la mayoría de la energía renovable canaria estará en manos de grandes compañías eléctricas o fondos de inversión. Parece ser que el porcentaje mayor de los 422 MW estará en manos foráneas. De mantenerse el estatus actual dependeremos de compañías no canarias para generar energía en nuestra Comunidad. Se insiste en un modelo que pone un bien público en manos de unos pocos. Estamos perdiendo la posibilidad de alcanzar una auténtica soberanía energética que conseguiríamos poniendo la generación en manos de instituciones y empresarios locales. Perdemos la oportunidad de democratizar la energía como sucede en Alemania, por ejemplo, donde el 51% de las energías limpias se produce en los hogares.

Por eso el hachazo al autoconsumo en España y en Canarias gravándolo con un impuesto en forma de peaje (el famoso impuesto al sol) para impedir una participación plural de la ciudadanía en la producción de electricidad. No les interesa entender que se trata de producir energía limpia desde los hogares o las pymes, fomentar la economía local, facilitar la eficiencia y el ahorro, mejorar la competitividad de las empresas, crear empleo local, romper con la dependencia del exterior y de la especulación de los lobbies económicos o energéticos. Quieren evitarlo. No pueden permitir que se les vaya de las manos el control de la energía. Como afirma el presidente de la UNEF, que representa a las empresas dedicadas a la energía fotovoltaica, se trata de cerrar un camino de progreso sin motivo alguno. Afortunadamente se ha opuesto todo el mundo, desde la CNMC, hasta el Defensor del Pueblo, asociaciones de consumidores, sindicatos, todos los partidos políticos, salvo el PP, que han prometido derogarlo si cambia el Gobierno…

Han intentado engañarnos diciéndonos que en Canarias sí se permite el autoconsumo, pero la realidad es bien distinta. En nuestra tierra se elimina el “impuesto al sol” solo hasta el año 2019 con lo que los bancos se niegan a financiar cualquier inversión. Se deja abierta incluso la posibilidad de que el Gobierno pueda cambiar el criterio en cualquier momento. Se impide su implantación de hecho. Se genera incertidumbre e inseguridad jurídica de manera interesada. Pero en la última semana los agricultores canarios que desalan con renovables han puesto el grito en el cielo. Han descubierto que el decreto de autoconsumo aprobado por Soria deja fuera de la ley a partir de abril a las plantas desaladoras alimentadas con energía eólica, lo que hace que se dupliquen los costes de generación. Se les conmina a igualar la potencia generadora instalada con la consumidora contratada lo que les obliga a comprar energía convencional (muchísimo más cara) a lo que habría que sumar los gatos de la adecuación del aerogenerador que se tiene que desenganchar del autoconsumo. Se obliga a los agricultores a volver a desalar con petróleo el agua para el riego, lo que va a encarecer la producción frutas y hortalizas (pepinos, tomates y plátanos fundamentalmente). Se les impide que puedan generar más energía que la que consumen para poder compensar las diferencias entre las horas de viento y el tiempo de funcionamiento de las desaladoras. Se les contempla como generadores con afán de lucro en vez como ahorradores. Se les fuerza irónicamente a partir sus empresas en dos y a duplicar los gastos. A vender barato energía limpia y a comprar cara la energía fósil. A arruinarse. El Cabildo también se ve afectado porque se le impide poner en marcha su plan de depurar y desalar con energías verdes. Se quiebra el binomio agua-energía, fundamental para Canarias. Un nuevo despropósito con la clara intencionalidad de obligar a pasar por el aro de las eléctricas a estos grandes consumidores aún a costa de arruinarlos y acabar con lo poco que queda de nuestra agricultura.

La Asociación Canaria de Energías Renovables, la Asociación Eólica de Canarias, distintas instituciones (el Cabildo, por supuesto), organizaciones políticas y empresariales han puesto el grito en el cielo ante estos hechos. A finales del año pasado el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife lamentaba el retraso en la apuesta por consolidar las energías limpias en Canarias. Calificaron la situación de “vergonzosa” y expresaron que “Canarias es un laboratorio que debería convertirse en una auténtica punta de lanza en esta materia y apenas contamos con un 7% de implantación”. Es lo que vengo repitiendo desde hace años.

Los gobiernos de Canarias y de España se jactan de haber desbloqueado 422 MW, y no está mal si todo sale bien, pero en realidad se debería dar vía libre a la implantación de un mix energético renovable sustentado en la eólica, la fotovoltaica, la geotérmica, la hidráulica, la mareomotriz, la aerotermia, la biomasa local… Pero apuestan por el gas y ahora también por unas grandes centrales de biomasa cuestionables….Y es que, lo volvemos a repetir, no se puede entender cómo costando tres veces más barato la producción de energía en Canarias con renovables que con fósiles seguimos poniendo trabas a las energías limpias y al autoconsumo. Y gastando cada año más de 1.300 millones de euros de sobrecoste. Y contribuyendo a importar 42.000 millones de euros en hidrocarburos de lugares inseguros. Y contaminando endiabladamente.

La Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó recientemente una providencia como paso previo a la presentación de una posible cuestión de inconstitucionalidad de varios preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio 2013, con el que el Gobierno inauguró la reforma eléctrica, y de la propia Ley del Sector Eléctrico, del 26 de diciembre de ese mismo año. Concretamente, según el texto que adelantó el periódico Cinco Días, contra varias disposiciones de estas normas que supusieron el recorte retroactivo de los incentivos de las instalaciones de renovables y la cogeneración. El Constitucional, “más político” no piensa lo mismo. Afortunadamente, parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea transita por otra senda. Por otra parte el Estado español es ya el segundo más demandado por empresas foráneas ante cortes arbitrales internacionales, solo superado por Venezuela, y el primero a nivel europeo. Y sin nacionalizar ningún bien o empresa, acumula 23 demandas de arbitraje en materia energética a causa del 'hachazo' a las renovables, iniciado en la pasada legislatura y continuado bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Le puede costar al país más de tres mil millones en indemnizaciones. Y Rato, Aznar, Soria y tantos otros frotándose las manos junto al oligopolio de las eléctricas.

El Periódico de la Energía cuenta que la eólica fue la tecnología que en 2015 generó la electricidad más barata para los españoles. Según los datos de liquidaciones proporcionados por el operador del sistema, Red Eléctrica (que incluyen las penalizaciones por desvíos), la eólica fue la única tecnología que ingresó menos de 50 euros por MWh de media en el año que acaba y, por lo tanto, la que le salió más barata a los españoles. El efecto reductor de la eólica sobre los precios del mercado eléctrico por su bajo coste de generación frente a las tecnologías convencionales ha sido en el año de 12 €/MWh. Esto significa que, si no hubiese existido la tecnología eólica, el precio medio anual del mercado eléctrico hubiera sido de 62,26 €/MWh, un 23,8% más alto. Es decir, que la totalidad de los 246 TWh que ha demandado la economía española (peninsular) a lo largo de 2015 hubieran costado 2.952 millones de euros más. Si a esta cifra se le restan los 1.254 millones que recibirán los parques eólicos en 2015 en concepto de incentivos, el ahorro neto para los españoles es de 1.700 millones de euros. Pero la consigna es ponerles trabas.

Se le cae a uno el alma a los pies cuando escucha asegurar a expertos cómo Mark Jacobson, de la universidad de Stanford, en El Mundo, que “un mundo de energía limpia 100% es posible. Que en España la industria de las energías renovables podría crear 182.000 empleos y que se evitarían las 27.000 muertes que provoca la contaminación cada año”. Mientras, por aquí, remando en sentido contrario.