Oportunidad para mejorar la democracia

Los problemas más acuciantes de Canarias son el desempleo, la pobreza y el retroceso de los servicios públicos, en especial los servicios sociales. A ellos dedicamos la mayor parte de nuestra tarea parlamentaria, de nuestros análisis y propuestas. Pero Canarias sufre, asimismo y no se puede ni se debe ocultar, un profundo déficit democrático, con el sistema electoral menos proporcional y, además, con unas barreras de acceso al Parlamento sin precedentes.

Por eso, en Nueva Canarias (NC) valoramos la constitución, en la Cámara canaria, de una comisión de estudio para la reforma de nuestro sistema electoral, siendo conscientes de las diferentes posiciones de partida entre las fuerzas políticas y de las dificultades para alcanzar un acuerdo, que permita cambiar la actual legislación aumentando sustancialmente la calidad democrática en las Islas. Una comisión que ha sido posible gracias a la opinión pública, a Demócratas para el Cambio, a los medios de comunicación y a la oposición política.

No es la primera vez que el asunto forma parte de la actividad parlamentaria. Se intentó en el año 2001, sin que se lograran las mayorías reforzadas que se precisan para modificarla (un mínimo de 40 votos). En 2009 volvió el tema a la Cámara, a trava bajar los topes electoralesque pretend parte de la actividad parlamentaria. Se intentcia parlamentaria, de nuestros anés de una propuesta del PSC-PSOE que pretendía eliminar los topes electorales del 30% insular y del 6% archipielágico, estableciendo una única barrera del 5% en la circunscripción (la isla). Planteamiento que, aunque se tomó en consideración, también languideció en el trámite parlamentario.

En la pasada legislatura, NC planteó una proposición similar a la socialista de 2009, estableciendo como único elemento eliminar las actuales barreras electorales y establecer un único tope insular del 5%. Ni siquiera se tomó en consideración por la negativa mostrada por los partidos que sustentaban al anterior y al actual Gobierno, CC y PSOE. Aunque nuestra propuesta era de cambio gradual (sólo las barreras) y no tocaba la triple paridad.

La comisión, aprobada por toda la Cámara excepto la Agrupación Socialista Gomera (ASG), permitirá que se pongan sobre la mesa las propuestas de los grupos parlamentarios. Pero, también, de los partidos que, como Ciudadanos, quedaron fuera por nuestro injusto sistema electoral, tal y como le sucedió a NC en 2007, ambos con más de 50.000 sufragios. También permitirá escuchar la voz del resto de las organizaciones políticas y de distintos expertos en sistemas electorales.

Barreras

En principio, parece más sencillo el acuerdo sobre la bajada de las barreras electorales, aunque hasta ahora lo han impedido las mayorías e incluso se han incrementado a lo largo del proceso autonómico. Sería deseable establecer barreras similares a las que existen en el resto de nacionalidades y regiones, que oscilan entre el 3% y el 5%; contribuyendo a incrementar la pluralidad, a facilitar la participación y, por tanto, a representar mejor a la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas.

Más resistencias recibe el asunto de la proporcionalidad. Hoy esa proporcionalidad entre electores y su representatividad en el Parlamento es muy escasa. La triple paridad hace que el 83% de la población, que reside en las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, cuente con la misma representación, 30 escaños, que la que vive en el resto del Archipiélago (el 17% de la población).

Al respecto se funciona con mitos difícilmente demostrables. Como el que señala que la triple paridad es la única garantía para atender y mejorar la situación de las islas menos pobladas y que su desaparición llevaría a condenarlas al olvido. La realidad demuestra que hay territorios que han avanzado económica y socialmente al margen de su representatividad y otros, justamente los electoralmente más sobrerrepresentados, que se encuentran estancados económicamente, con pérdida y envejecimiento poblacional.

Se ha confirmado que el atraso depende de la economía y de las políticas. De la gestión realizada por quienes han dirigido las instituciones insulares durante décadas. Y no solo de la mayor o menor representación político-electoral.

Políticas

La atención a la situación de los hombres y mujeres de Canarias que soportan desigualdades territoriales o sociales, vivan donde vivan, en las islas periféricas o en los barrios de nuestras grandes urbes, debe llevarse a cabo con total equidad en los distintos territorios, con el desarrollo de la economía y políticas sectoriales equilibradas. Y no puede ni debe depender solo de la mayor o menor representación que cada isla tenga en el Parlamento.

Llevándolo al absurdo habría que multiplicar el voto de desempleados o personas en situación de pobreza para que fueran tenidas en cuenta. O llevaría a que Canarias exigiera tener 30 o 40 escaños en lugar de sus actuales 15 representantes en el Congreso para poder ser escuchada y atendida.

Estamos en un momento de enorme preocupación de la ciudadanía, que exige la mejora de la transparencia y de la democracia. En el ámbito del Estado español, la mayoría de los partidos plantean una reforma electoral que mejore la actual proporcionalidad en el acceso al Congreso de los Diputados. Cuando ese sistema es mucho más proporcional que el que tenemos en Canarias.

Por tanto, la comisión de estudio constituye una oportunidad para analizar propuestas, debatir y tratar de alcanzar acuerdos. Con el objetivo de una Canarias más equilibrada y más justa. Una oportunidad de cambio que, lejos de romper Canarias como algunos apuntan, fortalecerá nuestra comunidad, haciéndola más democrática y logrando que sus ciudadanos y ciudadanas se encuentren mejor representados en su Parlamento. Con políticas comunes económicas y sociales decididas por las mayorías ciudadanas que, al tiempo, garanticen los factores correctores que den igualdad a los canarios de todas las Islas y de todas las condiciones socioeconómicas.

Seguiremos, por tanto, trabajando por la disminución de las barreras electorales y por una más equilibrada combinación de representación territorial y poblacional. Y, asimismo, por combatir las desigualdades territoriales, económicas y sociales mediante el desarrollo de políticas justas y progresistas.