Un pacto social para recuperar el empleo

El 14 de marzo de 2020 es una fecha que ha quedado marcada en el calendario histórico, económico y social de nuestro país. Ese día se decretó, por parte del Gobierno, una situación de Estado de Alarma casi sin precedentes -la única anterior había sido en 2010, durante la huelga de controladores-. Un virus había sido capaz de poner en jaque los sistemas sanitario y económico, así como el empleo, a escala mundial.

La ciudadanía se refugió en sus hogares para cooperar con la alarma sanitaria e intentar que la COVID-19 no se expandiera. No obstante, no se pudo contener la incertidumbre y la crisis de empleo más importante de la historia.

Después de 60 días de confinamiento, y tras haber superado las dos primeras fases de desescalada, (haciendo un llamamiento a la responsabilidad colectiva y al civismo para que no se produzca un repunte), lo importante ahora es la recuperación del empleo. Todas las actuaciones deben llevarse a cabo para reconstruirlo, actualizar la prevención de riesgos laborales y garantizar a las personas trabajadoras la seguridad jurídica y laboral.

El Gobierno de Canarias ha reforzado la Dirección General de Trabajo para dar respuesta a los más de treinta mil expedientes de regulación temporal de empleo en un tiempo récord. También ha ofrecido ayuda a todas aquellas personas autónomas sin actividad a causa de la pandemia de un 30% adicional de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para que puedan afrontar la recuperación económica con mayores garantías. Son apuestas claras para la recuperación del empleo, desde luego, y todo ello debe armonizarse a través del diálogo social y la concertación social.

Atendiendo, pues, a la responsabilidad del Gobierno de Canarias para la recuperación del empleo en nuestra tierra, es necesario, más que nunca, el pacto social resultante de los acuerdos tripartitos negociados por el Gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales.

El Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Empleo, debe negociar y contar con los agentes económicos y sociales para la adopción de acuerdos y consenso que supongan la obtención, más a corto que a medio plazo, de resultados que sean ventajosos para todas las partes, y de un modo general, para la sociedad canaria.

Es cierto que la concertación social, ahora más que nunca, muestra su valor como pieza relevante que ha tenido, y tiene, la capacidad de anticiparse a los problemas sociolaborales y económicos por parte de los sindicatos más representativos y de las patronales canarias y, ahora, con una situación de crisis sanitaria cobra mayor importancia.

La capacidad de anticiparse al estado de alarma y su consiguiente crisis social, económica y laboral, hizo que se creara y centrara el debate -con la Consejería de Empleo y el consejo asesor del presidente de Canarias- en la necesidad de adoptar el gran acuerdo para la reactivación social y económica de Canarias, desde una perspectiva propositiva, generosa, y, especialmente, desde la unidad de acción que el Archipiélago necesita en este momento.

El diálogo social y la concertación tienen una dilatada experiencia en Canarias, lo que demuestra que los agentes sociales y económicos tienen un compromiso real y objetivo, -del que deberían aprender algunos grupos políticos- especialmente en período de crisis, a la hora de llegar a acuerdos a favor de las personas trabajadoras de Canarias, de su economía y de su seguridad. La responsabilidad del diálogo social se vuelve necesaria, ahora más que nunca, para superar las barreras de empleabilidad que ha creado la COVID-19.