Panorama local sombrío

A punto de alcanzar el ecuador del mandato, a los ayuntamientos españoles les falta cruzar el Rubicón de una importante reforma legislativa sobre la que aún, por cierto, no existe un acuerdo político de calado que la haga creíble y sostenible.

Sobre esta importante lámina de incertidumbre y bajo los condicionantes de la crisis, que ha hecho reajustar presupuestos hasta límites insospechados, han venido trabajando los municipalistas de todos los signos políticos para mantener a flote las instituciones, o lo que es igual, para procurar que los ciudadanos y los vecinos sigan viendo a los ayuntamientos, en un extendido clima de desafección política, su centro de poder más cercano, la referencia más próxima a la hora de impulsar una solución a sus demandas.

Muchos e importantes sacrificios han tenido que hacer a lo largo del presente mandato. Quien más quien menos ha sacrificado proyectos y ha renunciado a la realización de actuaciones. En la tesitura actual, se han visto obligados a priorizar y son las necesidades sociales más perentorias las que han que han merecido una atención preferente. Nunca mejor dicho lo de tener que administrar la miseria: con recursos menguantes, seguro que con resultados dispares, más o menos satisfactorios, tratando casi siempre de no renunciar y de dejar a salvo la autonomía municipal.

Ha sido una etapa de penurias, desde luego, que empieza a dejar un reguero de cifras contradictorias. A la pregunta de si está mereciendo la pena el inconmensurable esfuerzo, traducido en ahorro, servicios de menor calidad, menores prestaciones y más impuestos, la respuesta es significativa: en el primer cuatrimestre del año, las entidades locales han registrado un superávit de dos mil trescientos millones de euros. Es el dato más positivo en la evolución del conjunto del déficit público estatal pues ha contribuido a reducir el déficit conjunto de las administraciones al 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, la buena marcha de la contabilidad local no despeja las inquietudes ya que el conjunto de la deuda pública sigue creciendo y el nivel de endeudamiento medio de las instituciones locales, a la vista de los resultados del cierre del ejercicio del pasado 2012, ha seguido aumentando, paradójicamente como consecuencia del Plan de pago a proveedores. Las cifras que se manejan arrojan una deuda media por habitante de 744 euros, sin duda muy elevada.

Esto equivale a decir que, salvo casos puntuales en los que se contrasta el saneamiento económico-financiero de las corporaciones locales, muchas están hipotecadas. Y de persistir las circunstancias, les será muy difícil liberarse de importantes cargas. Tendrán que timonear alcaldes y concejales delegados de Hacienda, a sabiendas de que aún deben tomar medidas muy duras que llevan aparejadas, inevitablemente, un malestar social. Sin ir más lejos, y a la espera de los resultados de la reforma legislativa, a ver cómo afrontan la privatización de los servicios sociales municipales, principalmente las localidades de menos de veinte mil habitantes.

Ello nos hace temer que volveremos a escuchar criterios estrictamente economicistas para justificar tales medidas de privatización. Pero los ediles son conscientes de que no valen para la gestión cotidiana, para afrontar el día a día con los vecinos más afectados que dependen, algunos desde hace años, de los trabajadores sociales que son los que conocen de verdad las tribulaciones. Al revés, de consumarse la privatización, cabe dudar del cacareado ahorro en la estructura municipal y en el ejercicio de las competencias. Sucederá lo contrario: los servicios públicos se van a prestar seguro que con menor eficacia y con un coste más elevado para los ciudadanos. Además de la incidencia en el desempleo, claro.

A la espera de la reforma, el panorama local sigue siendo, desde luego, bastante sombrío.