Pensionistas perjudicados

En la vorágine informativa que intentamos sobrellevar -al Gobierno le viene de perlas: una noticia solapa a la otra no sólo para desviar la atención sino para estimular la que compense otros focos de erosión-, ha pasado inadvertido un hecho que no deja de ser histórico: el principal partido y la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) por la no revalorización de las pensiones.

Se trata, en el fondo, de intentar restituir una conquista o un derecho que la oposición, en su conjunto, entiende que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha arrebatado a los pensionistas. Ya veremos qué dice el alto tribunal pero, desde luego, la suspensión del derecho de revalorización en el presente ejercicio -sustituido por un incremento discrecional- puede ser interpretada inicialmente como una vulneración de la Cartamagna en cuanto que dispone que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos.

Los orígenes del problema -confiemos en que su definitiva solución no se demore en exceso- hay que situarlos en noviembre del pasado año, cuando el Gobierno decidió no actualizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) para mantener su poder adquisitivo. La decisión del ejecutivo llegaba cuando el derecho ya se había generado, prácticamente desde el 1 de enero de 2012, por lo que cabe entender el carácter retroactivo de la medida que es uno de los motivos de la presunta inconstitucionalidad.

Recordemos que hubo entonces elecciones en Galicia y Catalunya. El partido gubernamental incluyó, entre sus mensajes de campaña, la revalorización de las pensiones y hasta su mayoría parlamentaria así la votó en el Congreso. Pero? el gozo, en el pozo de los incumplimientos y de los derechos individuales restringidos. Entre la irretroactividad y la privación, lo cierto es que los pensionistas se han visto negativamente afectados, pese a que el Ejecutivo, consciente de la impopularidad de la medida, decidió aplicar una revalorización de las cuantías percibidas del 1% para aquellas pensiones superiores a los 1.000 euros mensuales. Porcentaje que se incrementa hasta el 2% para las inferiores a los 1.000 euros.

Son casi nueve millones de pensionistas, luego no estamos ante una decisión que se despacha sin más. Claro que se resiente su nivel de vida y claro que aumenta el riesgo de exclusión social. Hay un factor añadido: la pérdida de renta que implica esta medida puede perpetuarse de forma perjudicial en años sucesivos al no consolidarse la cuantía de la pensión.

Conclusión: habrá que estar muy atentos a la resolución que sobre el particular dicte el TC. Y esperemos que para entonces no pase tan desapercibida, informativamente hablando, como este recurso presentado por la práctica totalidad de la oposición parlamentaria, un hecho histórico, ciertamente.