La pobreza no admite esperas

Los datos del informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016 son muy reveladores sobre la situación social de las Islas. Según este informe y su indicador de referencia, la tasa Arope, Canarias es la comunidad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social con el 44,6% de su población, casi un millón de canarios y canarias. Asimismo, destacan que la pobreza ha crecido casi siete puntos en nuestro Archipiélago entre 2015 y 2016.

Ante esas circunstancias, que afectan casi a la mitad de la población en riesgo de pobreza, cualquier gobierno que se precie tiene que actuar en consecuencia. Hacerlo con diligencia, sin aplazar las decisiones e implementando medidas eficaces, con impacto real; que contribuyan a superar algunos de los más graves problemas de nuestra comunidad, como hacen los países más desarrollados.

Es en las leyes presupuestarias donde los gobiernos diseñan sus pequeñas y grandes políticas. Donde muestran sus inclinaciones ideológicas, su modelo de sociedad, sus mayores o menores compromisos sociales, a través de su orientación de la economía, sus políticas fiscales y de la atención que prestan a los servicios públicos y al conjunto de la acción social. En eso, los ejecutivos de Canarias y de España no se muestran precisamente como ejemplares.

Como confirman los datos recientes de Eurostat, España dedica a protección social el 24,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 4,3 puntos menos que la media europea. Muy lejos del gasto en esa materia de Francia (33,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (31,6%), Bélgica (30,4%), Austria o Países Bajos, ambos con el 30,2%. Pero también por detrás en esta materia de Grecia (26,5%) o Portugal (25,7%). En estos datos no incluyen el gasto educativo, asunto en el que España y Canarias también están muy por debajo de la media europea.

Mientras Luxemburgo destina 15.000 euros per cápita a protección social, y Dinamarca, Países Bajos o Austria, más de 11.000 euros; en España la cifra es mucho menor, dedicando 6.300 euros per cápita a pensiones, sanidad, infancia, discapacidad o prestaciones por desempleo.

Además, en su último informe sobre empleo, la Unión Europea destaca el elevado grado de desigualdad del Estado español, solo superado por Bulgaria, Grecia y Lituania. Mientras que, en la UE, el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en España esa proporción está por encima seis veces y media, dato que es mucho más elevado en el caso de Canarias.

Canarias

El presupuesto de la comunidad canaria para 2018, pese a ser muy expansivo, no se compromete ni en la reorientación de la economía ni en el impulso de un empleo de calidad. Las políticas para combatir la pobreza y exclusión social apenas se incrementan en 15 millones de euros, lo que no ayudará a revertir la actual y grave situación.

Todo se deja al albur del mercado y de que el aumento del empleo, fruto de la recuperación económica y en especial del buen estado de salud del sector turístico, ayude a corregir la situación. Cuando se sabe que no es así. Entre 2015 y 2016, con crecimiento del PIB, con récords turísticos y con disminución del paro, ha seguido creciendo la pobreza. Seguimos con altas tasas de desempleo y con bajas prestaciones económicas y pensiones. Se olvida, asimismo, que cada vez hay más pobres con empleo, asalariados que cobran muy poco por su actividad, al estar sometidos a contratos temporales y a tiempo parcial.

Por ello, hemos propuesto debatir e implantar una renta básica canaria para contribuir a paliar la pobreza y la exclusión. Ya lo hicieron los vascos, con su renta de garantía de ingresos, hace casi 10 años, conscientes de que el mercado no lo resuelve todo. Algo bueno se le podía pegar a CC del PNV; su sensibilidad social, sin ir más lejos. En distintos lugares de la Unión Europea ya están en marcha políticas de este tipo o se están planteando experiencias para su implementación. Resulta evidente que la intervención del sector público es determinante, imprescindible y, en el corto plazo, insustituible.

Renta básica canaria

Por eso, en nuestras enmiendas a al Proyecto Ley de Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2018 hemos insistido en la necesidad de implantar una renta básica canaria, garantizando un ingreso mínimo a las unidades familiares, en la línea de la experiencia de Euskadi y de distintas ciudades y estados europeos. También a los que están en situación de desempleo, los que trabajan y cobran menos que la resultante de esta renta básica, y a los que ya no están en el mercado laboral, como nuestros pensionistas, que necesitan complementar sus pensiones para alcanzar unos niveles de ingresos mínimos. Por supuesto, además a los más de 40.000 pensionistas no contributivos que tenemos en Canarias, que tienen unos ingresos medios de unos 300 euros.

Creemos que resulta imprescindible si queremos avanzar hacia una sociedad de mayor equidad, más justa y equilibrada. Sin intolerables abismos sociales.

La aspiración de la renta básica canaria que proponemos es alcanzar el 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para las unidades de convivencia unipersonales, pudiendo alcanzar el 115% del SMI para las unidades de convivencia constituidas por tres o más personas. Se puede hacer aprovechando los recursos actualmente existentes (Prestación Canaria de Inserción y planes de empleo social) y orientando la fiscalidad para que sea más progresiva, mediante los incrementos del IGIC sobre el consumo de lujo, la no reducción del tramo de IGIC de telefonía y de nuestra propuesta sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones, con lo que recaudaríamos unos 100 millones de euros.

La renta básica canaria que proponemos es posible con voluntad política y con el claro objetivo de combatir la elevada pobreza y exclusión social y dignificar la existencia de decenas de miles de personas. Asunto que, de momento, no se encuentra entre las prioridades de la agenda del Gobierno canario. Olvidan que la pobreza no admite esperas y que el mercado no lo resuelve todo. Como ya han entendido en Euskadi y en Finlandia.