Política turística

No se ha hecho esperar la queja de los empresarios turísticos. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Joan Molas, ha expresado su decepción con el primer organigrama del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez: integrada la materia turística en la cartera de Industria y Comercio, entiende que la omisión del término 'turismo' en las primeras declaraciones de los nuevos responsables es preocupante.

Molas porfiaba por la creación de una Secretaría de Estado potente, dependiente directamente de la presidencia del Gobierno, o sea, un departamento que “no quede relegado a un cajón de sastres con un presupuesto exiguo y una tarea difusa como viene siendo tradicional en los últimos gobiernos”.

Su crítica va acompañada de un ofrecimiento: colaboración directa con los nuevos responsables políticos “para que, de forma leal y sincera, conozcan la realidad de aquellos que cada día han de mantener la mayor industria de nuestro país, el turismo, y deseamos poder comenzar a la mayor brevedad posible a marcar objetivos comunes para la consolidación de un futuro prometedor para el sector hotelero”.

Con mayor o menor rango en un organigrama administrativo, lo cierto es que el turismo requiere de un tratamiento político relevante, sobre todo ahora que se aprecian indicios de la recuperación de otros mercados directamente competidores con el destino español. Pero no depende solo de las administraciones públicas -recordemos que cada comunidad autónoma tiene sus competencias- y de la voluntad que acrediten para coordinar sus esfuerzos y potenciar la marca España, sino del propio sector privado, a ver cómo se ha preparado durante el período de vacas gordas.

En efecto, algunos asuntos exigen iniciativa y coordinación para encauzar su viabilidad y las soluciones que se planteen. Ahí tenemos, por ejemplo, la irrupción de las viviendas de alquiler turístico con una posible distorsión de la oferta; las dudas no despejadas del modelo de desarrollo; la economía sumergida que incide en la productividad y puede generar una imagen falsa; la sostenibilidad que aún tiene recorrido que hacer y la turismofobia que, por fortuna, en algunos lados no ha aflorado pero en otros desnuda una inquietante tendencia de rechazo social.

España aspira a seguir encabezando el escalafón de competitividad y para ello los sectores público y privado están condenados a entenderse, algo más que una frase hecha, tal como evoluciona el sector en nuestro país y tal como hay que esmerarse para asumir e impulsar las nuevas tendencias y para consolidar la captación de mercados. A ello, además de las cuotas de productividad, hay que añadir la capacidad para generar empleo estable y cualificar la formación profesional.

El propio Joan Molas no se olvida de una necesaria armonización normativa para atender con eficacia asuntos que, como las medidas fiscales o la política aeroportuaria o los operativos del Imserso, dependen de otros ministerios.

Veamos cómo se desenvuelve la nueva secretaria de Estado, la balear Isabel Oliver Sagreras, que atesora la experiencia de haber gestionado la competencia turística en el Consell Insular de Mallorca y de haber participado en la tramitación de las leyes turísticas de su comunidad. Le aguardan -y no es un tópico- unos cuantos desafíos, dudas empresariales aparte.